LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez/
El caso de Genaro García Luna está moviéndose al mismo tiempo en dos aguas, ambas en Estados Unidos. Por una parte, esta semana en el juzgado de Nueva York -donde se le acusó de traficar toneladas de cocaína cuando era funcionario- se decidió que en un año más comenzará el juicio. Probablemente, la selección del jurado empezará el 24 de octubre de 2022, si los abogados del exsecretario de Seguridad Pública logran revisar a tiempo un millón de documentos que hay hasta ahora en el expediente neoyorquino del caso.
Al mismo tiempo, otra cronología está corriendo fuera del radar de la prensa. El 25 de junio pasado, la Cancillería mexicana solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición a México de García Luna, por los delitos de asociación delictuosa y de uso indebido de atribuciones y facultades. La solicitud se envió como una nota diplomática, a través de la embajada de México en Washington al Departamento de Estado de Estados Unidos.
Poco después, el Departamento de Estado la envió a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, que debe considerar los motivos de México y valorar si procede una nueva aprehensión, solo formal porque ya está detenido, para extradición.
Si esta parte fuera aprobada, seguiría que los fiscales estadounidenses lo presentaran ante un juez; este determinaría si quedaba libre de ese caso o se le envía a México.
Hasta ahora, casi todas las partes de este procedimiento siguen pendientes. México optó por solicitar la extradición del exsecretario de Seguridad del calderonato por esta vía, conocida como “detención provisional” y no por otra, la “petición formal”, que incluiría que los fiscales de Estados Unidos elaboraran una demanda para solicitar la extradición, basándose en el expediente con acusaciones y pruebas contra García Luna, que México elaboró.
¿Por qué México ha solicitado la extradición por esta vía, más como negociación diplomática que como cooperación entre fiscalías? Porque el expediente contra el exsecretario en la Fiscalía federal no es lo suficientemente robusto como para convencer a los fiscales estadounidenses, me dijeron para esta columna fuentes de alto nivel en el gobierno obradorista.
Desde el otoño de 2019, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera han investigado a García Luna. Cada una por su parte, ha acopiado indicios que se encaminan a un mismo objetivo: trazar la ruta del dinero y averiguar cómo García Luna se gastó más de 250 millones de dólares sucios que obtuvo, dicen las acusaciones, de sobornos de los traficantes y de corrupción política en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Hace unas semanas, frustrada por la inacción de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una demanda civil en Miami para tratar de que se devuelva a México parte del usufructo de propiedades que se compraron allí usando un intrincado esquema corporativo que buscó ocultar que García Luna vivía como millonario, con sueldo de servidor público. En Miami, la próxima audiencia para el caso civil está planeada para el 3 de noviembre.
Mientras, en Washington, la petición diplomática de extradición a México transcurrirá su camino burocrático, en los meses cuando la defensa del exfuncionario se prepara para el juicio. Si finalmente Estados Unidos niega la solicitud de extradición, México deberá enterarse por los reportes desde Nueva York de cuáles son las pruebas, qué dicen las grabaciones que los fiscales usaron para acusar a García Luna, qué testigos han conseguido que hablen sobre él.
Una segunda fecha tentativa de juicio en Nueva York será que inicie en la primera semana de 2023, con la selección del jurado. Luego seguirían otras siete semanas de pruebas, grabaciones, testigos y una decisión final. Para marzo de 2023, cuando es más probable que sepamos en qué termina este caso, la arena política en México estará calentándose, antes de las elecciones presidenciales de 2024. Ocurra la extradición o no, el caso será usado como herramienta política. ¿Por qué México no acopió pruebas para hacer una solicitud de extradición más sólida? Quizá es que, otra vez, la Fiscalía General estaba ocupada con otros asuntos.
