De Interés Público
Emilio Cárdenas Escobosa
En el sector público, la fiscalización o función fiscalizadora tiene como objetivo que la actividad económico-financiera del aparato estatal se sujete a los principios de legalidad, eficiencia y economía, a través de órganos públicos denominados entidades fiscalizadoras superiores, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), creada en 1999 y dependiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en las entidades federativas como Veracruz con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en funciones desde el año 2000 y que rinde cuentas al Congreso local.
Hoy la ASF está en el ojo del huracán luego de que tras la presentación del Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2019, que audita el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, concluyó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra insignia de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, representó un costo estimado de 331 mil 996 millones 517 mil pesos, el triple de lo previsto por el administración federal en abril de 2019.
Como era previsible este Informe generó la molestia del Primer Mandatario, que fiel a su estilo acusó a la ASF de alimentar con datos falsos a sus adversarios políticos y le exigió una aclaración pública que llegó de inmediato al admitir la Auditoría que existen “inconsistencias” en la cuantificación del monto de cancelación, por lo que el contenido de esta auditoría es objeto de “una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada” para determinar este costo. En suma, reconocieron que el monto de más de 331 mil millones de pesos era exagerado y lógicamente ardió Troya.
Los adversarios políticos del presidente acusaron al titular de la ASF, David Colmenares Páramo, de ceder a la presión del presidente López Obrador, en tanto que los afines al lopezobradorismo lo fustigan por supuestamente haber hecho su trabajo con un sesgo político encaminado a dañar la imagen del gobierno de la pretendida Cuarta Transformación. Aún más, López Obrador anunció que pedirá a la Cámara de Diputados investigar a la Auditoría por estos hechos y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la misma, el diputado Mario Alberto Rodríguez, ya adelantó que citarán al Auditor Superior y a los auditores especiales que tuvieron a su cargo la revisión del caso del aeropuerto de Texcoco.
Lo que es un hecho es que la rectificación que hizo la ASF revela dos cosas: incompetencia y mala fe o sujeción a dictados o presiones políticas. Le cuento:
En el primer caso el error está desde el punto de partida, esto es, que la revisión corresponde a una auditoría de desempeño donde sólo se analizan los alcances de los programas de gobierno, pero deja de lado examinar el gasto y ello es fundamental sobre todo en obras como el del aeropuerto donde, de acuerdo al discurso del presidente López Obrador que lo llevó a cancelar el proyecto de Texcoco, hubo hechos de corrupción. Entonces lo conveniente era realizar una auditoría forense, que hace una fiscalización rigurosa del empleo de los recursos públicos. Haberlo hecho así nos lleva hoy a que el debate se centre en el sobrecosto que representa la cancelación y no el conocer si existieron y por qué monto desviaciones de recursos, favoritismos en los contratos para beneficiar a determinadas empresas o sobornos a funcionarios públicos.
De hecho la tónica de la gestión de David Colmenares al frente de la ASF ha sido relegar las auditorías de cumplimiento financiero y forenses, que tienen por objeto revisar el ejercicio del presupuesto asignado y sus desviaciones, para centrarse en las auditorías de desempeño. Craso error o ganas de bajar la presión en los análisis del gasto, sea para cuidar a ex funcionarios del anterior gobierno o para evitar choques con el presidente López Obrador. Nada de eso le salió bien.
Basta con ver como la ASF también dio marcha atrás en sus conclusiones de que en el caso de la auditoría a la Secretaría de la Función Pública la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros se resistió al proceso de fiscalización y se negó a entregar información y documentación que se le solicitó como parte de la revisión. En este caso Colmenares Páramo aseguró en diversos medios de comunicación que la SFP no obstaculizó la labor de los auditores y que contaron con toda la información para realizar sus funciones.
Y ahora, como es lógico, luego del escándalo, rápidamente empiezan a surgir declaraciones de funcionarios con observaciones sobre presunto daño patrimonial señalados en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019, como es el caso de la Secretaria de Energía Rocío Nahle, que califican de absurdas las observaciones al ejercicio de recursos en proyectos bajo su responsabilidad, como la refinería de Dos Bocas.
Como es previsible, así irán descalificándose todos los datos y conclusiones del Informe de la ASF.
Peor, imposible. Las horas de Colmenares al frente de la ASF están contadas. Saldrá por la puerta trasera.
Sin embargo, lo relevante de toda esta historia es que la fiscalización del primer año de gobierno de López Obrador queda bajo sospecha, se tendrá que realizarse nuevamente o deberemos esperar hasta después de las elecciones para conocer los datos reales, con lo que ello supone en términos de opacidad sobre el real ejercicio de los recursos del gobierno federal y alentará a gobiernos estatales y a todo ente fiscalizado a rechazar los informes.
La conclusión de este penoso episodio es confirmar como los procesos de fiscalización por más técnicos que se pretendan, de acuerdo con la ley, no dejan de contaminarse ante la coyuntura política, y más en año de elecciones. Recordemos como en Veracruz, el ORFIS de plano va de prórroga en prórroga autorizada por el Congreso local para presentar la revisión de la Cuenta Pública del primer año de ejercicio del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la que si bien van las cosas conoceremos hacia el segundo semestre de este 2021, una vez pasadas, claro está, las elecciones locales y federales.
Ello sin dejar de recordar los arreglos en lo oscurito que se hacen en el Congreso cuando se presentan los Informes del ORFIS y donde la Comisión de Vigilancia se arregla con los ayuntamientos observados para limpiar sus cuentas o apretar a las autoridades municipales con fines electorales, como ha sucedido siempre.
Cuando el horizonte de los políticos y de los gobiernos se circunscribe a lo electoral y a los arreglos políticos no hay fiscalización que sirva. El ORFIS con un presupuesto de casi 183 millones de pesos en 2020 no puede concluir su trabajo y la ASF que manejó en ese año más de 2 mil millones de pesos lo hizo mal. Vaya cosa. Seguimos en la simulación de que el país y nuestro estado han cambiado.
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