Zurda
/ Ruth Zavaleta Salgado./
Paradójicamente, entre más violencia en diferentes regiones del país, hay mayor aceptación ciudadana sobre la idea de que las Fuerzas Armadas tienen que hacerse cargo de la seguridad pública. Está demostrado que, entre mayor miedo, mejores posibilidades existen de que los ciudadanos acepten a renunciar o disminuir sus libertades individuales para garantizar su vida y la de su familia. Desde la teoría del poder, del Estado y de la política, mucho se ha escrito al respecto. Tan sólo recordemos a Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y John Locke.
Sin embargo, la realidad supera cualquier tesis filosófica o de la ciencia política si de las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador se trata. Por ejemplo, respecto a la formalización de la militarización de la Guardia Nacional, no le fallan sus cálculos político-electorales, prefirió reconocer que se había equivocado en su discurso de campaña (poco usual que reconozca equivocarse) al prometer que, en su sexenio, los militares no se iban a hacer cargo de la seguridad ciudadana, que abandonar la idea de la formalización de la militarización total.
No es una casualidad, por una parte, los delitos siguen creciendo, a pesar de que ahora la gran mayoría de los estados de la República son gobernados por Morena; y, por otra parte, las Fuerzas Armadas siguen siendo las instituciones que generan mayor confianza ciudadana. Así lo dio a conocer esta semana el Inegi en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). Respecto a los delitos: en el 2021 hubo 22.1 millones de víctimas de algún delito, contra 21.2 en el 2020. En lo que se refiere a la confianza en las instituciones, la Marina pasó de 90.2% a 89.6% y el Ejército de 87.8% a 87.1%, pero siguen siendo las más populares entre los ciudadanos.
Es por esa razón que a Morena y sus aliados no les importa aprobar leyes inconstitucionales como lo hicieron esta semana con la iniciativa enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados el 31 de agosto, que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de guardia nacional y seguridad pública.
Lo que importa para la mayoría parlamentaria y el titular del Poder Ejecutivo, no es la legalidad, sino mantener la popularidad ante los ciudadanos. Pero, lo cierto es que, este gobierno, en estos más de tres años, no pudo con el problema de la seguridad pública, ni con otros muchos problemas. Por ejemplo, acaba de difundirse el Informe Global de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), si bien es cierto, el documento advierte sobre que, el 90% de los países tuvieron retrocesos por efectos de la pandemia, algunos tuvieron más que otros. De entre los 198 que son evaluados en temas de salud, educación y nivel de vida, México pasó del lugar 74 en el 2018 al 86 en 2021.
Con respecto a la militarización de la Guardia Nacional (GN) para convertirse en Guardia Militar, no es fortuita la iniciativa propuesta por la diputada Yolanda de la Torre, el PRI vio la oportunidad de congratularse con el Presidente, quizás, obligados ante el posible desafuero de su líder en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno o, tal vez, sólo por ser “obsequiosos” con las Fuerzas Armadas, no lo sabemos.
Lamentablemente, el tema de la militarización formal (en los hechos, se sabe que la mayoría de los miembros de la GN son militares), sin ser ese su objetivo, sirvió para romper la alianza entre el PRI, PAN y PRD. Aun, cuando Alito ha expresado que sólo hay una pausa en las relaciones de la alianza, algo se fracturó: la confianza.
Mientras el Presidente festejaba el divorcio, la democracia lloraba. Así como le llora el Reino Unido a su reina Isabel II. Descanse en paz.
