Escrito por Diana Hernández Gómez.
07.06.2023 /Cimac Noticias.com/ Coahuila.-Los resultados preliminares de las elecciones de este 4 de junio de 2023 apuntan a que, nuevamente, el estado de Coahuila será gobernado por un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Manolo Jiménez Salinas. Dos de sus predecesores (los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdez) dejaron graves problemas económicos en la región debido —entre otras cosas— a los señalamiento de cometer presuntos actos de corrupción y mal manejo de recursos públicos. Pero, además de eso, dejaron deudas históricas con las mujeres en temas como el presupuesto, las desapariciones y la violencia institucional contra las viudas de mineros fallecidos en accidentes.
El primero de estos hermanos, Humberto Moreira Valdez, fue alcalde de Saltillo entre el 2003 y el 2005, y finalmente llegó a la gubernatura de Coahuila en el 2005 para permanecer en el poder hasta el 2011. A su gobierno le sucedió el de su hermano Rubén, quien gobernó Coahuila de Zaragoza entre el 2011 y el 2017.
El gobierno de ambos trascendió como un periodo donde la deuda pública de su estado natal alcanzó cifras históricas. Según un balance hecho por el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el primer semestre de 2022, esta deuda ascendía a 38 mil 082 millones de pesos.
Cuando Humberto llegó al poder en 2005, la deuda era de solo 323 millones. Cuando dejó su cargo como gobernador en 2011, la deuda alcanzó los 36 mil millones de pesos según la SHCP. Ese mismo año, en el plan de egresos del ejercicio fiscal apareció listada una transferencia al Instituto Coahuilense de las Mujeres por 9 mil 936 pesos. Así, con una de las deudas históricas más grandes del país según Hacienda, el gobierno de Humberto Moreira hacía inversiones mínimas en asuntos como la protección de los derechos de las mujeres.
Estas inversiones eran urgentes tomando en cuenta que, además, este primer periodo del “moreirato” también se caracterizó por un aumento disparado en la violencia detonada por la llamada “guerra contra las drogas”. Una de las consecuencias de esta fallida estrategia de seguridad ha sido un marcado incremento en el número de desapariciones forzadas a lo largo y ancho de México.
Lo anterior se observa perfectamente al revisar los datos de Coahuila en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Los periodos de gobierno de los dos hermanos Moreira son los mismos en los que la desaparición forzada de mujeres en la entidad presentó sus cifras más elevadas. Tan solo en 2011 (el año de transición entre uno y otro gobierno), 123 mujeres desaparecieron en Coahuila sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Dos años después, durante el gobierno de Rubén Moreira, se alcanzó otra cifra récord de 100 mujeres coahuilenses desaparecidas que aún no son localizadas.
Entre las diversas investigaciones contra los hermanos Humberto y Rubén destacan también sus presuntos lazos con los grupos delictivos organizados, los cuales habrían desatado la violencia en Coahuila durante el gobierno del primero de estos hermanos. Según han señalado especialistas como el investigador Jacobo Dayán, esta violencia disminuyó durante el gobierno de Rubén Moreira probablemente por la entrada otro cartel a Coahuila y la consecuente pérdida de poder del grupo delictivo que ya operaba. Pero aun así —indica el especialista—, el sistema judicial no se reformó, por lo que la demanda de justicia para víctimas como familiares de mujeres desaparecidas siguió sin cumplirse.
Sin embargo, este no es el único tema pendiente en la lista de delitos de los hermanos Moreira. Ambos cargan con listas de mineros fallecidos, quienes dejaron viudas a sus esposas y a costa de autoridades que las reprimieron cuando ellas buscaron justicia. En el caso de la administración de Humberto está la muerte de los 65 mineros de Pasta de Conchos en 2006. Antes de morir, estos hombres ya habían advertido a sus esposas sobre condiciones peligrosas de trabajo debido a la acumulación de gases, pero éstas no fueron atendidas.
A tres años de los hechos, las viudas de los mineros fallecidos denunciaron que el gobierno de Humberto Moreira las había estado hostigando e incluso había intentado “comprarlas” con 400 mil pesos para que permitieran el avance de un proyecto carbonífero en la zona del incidente. De esta forma, tal como en el caso de las mujeres desaparecidas, la justicia para las viudas de Pasta de Conchos no llegó.
Seis años después del accidente en Pasta de Conchos (y ya con Rubén Moreira al frente del gobierno de Coahuila), otros seis trabajadores perdieron la vida en la mina 7 de la empresa Minerales Monclova Sociedad Anónima (Mimosa), ubicada en Barroterán, un municipio de Progreso. Esto representó a otras seis familias desestabilizadas económicamente ante la desprotección de los trabajadores del sector minero.
Coahuila vuelve a quedar en manos del PRI; ¿y las mujeres?
Aunque en 2016 Humberto Moreira fue detenido en Madrid por presunto lavado de dinero, bastó un mes para que el exgobernador del norte de México quedara en libertad. Por su parte, su hermano Rubén se desempeña como diputado federal. Este último celebró el triunfo virtual de Manolo Jiménez en las elecciones de Coahuila de este 2023.
De acuerdo con la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) México, una de las acusaciones contra Humberto Moreira es que desviaba recursos públicos para financiar campañas políticas del PRI, destacando entre ellas la del expresidente Enrique Peña Nieto. Recientemente, en El País se publicó un artículo donde se compara a Peña Nieto con Manolo Jiménez Salinas: ambos, jóvenes promesas políticas que transmiten el mensaje de la familia tradicional en la sociedad. Y, al parecer, ambos apoyados por los hermanos Moreira.
Este es el Coahuila heredado por Manolo Jiménez, quien, por otra parte, no ha incluido el tema de la desaparición forzada o de la justicia penal en casos de violencia contra las mujeres en su agenda política. Para las coahuilenses, esta agenda depara propuestas de sistemas de cuidados a medias, sistemas de atención y no de prevención a la violencia y la militarización de la seguridad pública con todo y sus efectos adversos.
Apenas se verifiquen los resultados de las elecciones de este 2023, Coahuila estará por ver si el nuevo gobierno priista supondrá un cambio o si solo será otro periodo de continuidad del llamado «moreirato».
