* “Más de un año después nada se acomoda”
/Evlin Aragón/
SemMéxico/Zona Roja, Oaxaca, 2 de marzo 2020.- Este lunes de cumplen 21 meses del asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, para quien la justicia no ha llegado, pese a la insistencia de la familia de la joven encabezada por la reconocida periodista Soledad Jarquín Édgar, con el respaldo de decenas de activistas en varias partes del mundo.
El proceso lento y tortuoso ha sido una constante, refiere la periodista en un extenso testimonio que forma parte del informe de violencia género y feminicida en Oaxaca, realizado de forma anual por Consorcio Oaxaca.
“Más de un año después nada se acomoda. Hay pedazos de la vida que no logran juntarse. El espacio físico se movió con furia, sigue desordenado, hace falta su sonrisa, su alegría casi permanente, sus cuestionamientos constantes, su indignación frente a la injusticia, hay desequilibrio por su ausencia que no se entiende, que no se cree”, se puede leer como parte de un relata íntimo y desgarrador.
“Hasta que la justicia llegue” es un relato en el que Jarquín Édgar narra cómo se enteró del asesinato de la menor de sus hijas y como desde el 2 de junio del 2018 –que sucedieron los hechos- ha encabezado una lucha para obtener justicia que no termina de llegar a su fin debido a la falta de oficio, insensibilidad, corrupción y obstrucción de la justicia de las autoridades estatales encabezadas por la Fiscalía General de Oaxaca.
“La búsqueda de la justicia parece inalcanzable, una pared que nada atraviesa, una circunstancia que suena vulgar por la respuesta, la oscuridad de las palabras que se vuelven agua sucia, remolinos de viento que levantan basura y que dejan al descubierto la insensible actuación de quienes no responde, de quienes se envuelven en la razón que les da el dominio, el poder, la fuerza deshumana”, refiere.
La falta de justicia en el caso, incluye la complicidad de las autoridades estatales, ya que uno de los ex colaboradores del gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, está involucrado.
Se trata de Francisco Montero, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, quien obligó a María del Sol a cubrir la campaña política de su hermano Hageo, que buscaba la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza.
Dicha complicidad se ha convertido en impunidad puesto que, pese a las constantes manifestaciones para exigir justicia y las resoluciones generadas a nivel federal, la detención de los autores materiales e intelectuales, así como las sanciones para los funcionarios que incurrieron en actos delictivos no han sido aplicadas.
“María del Sol no debía estar en Juchitán, pero ahí estaba, obligada para cumplir una tarea que no le correspondía, pero que respondía a la ambición de poder de otras personas, de los Montero López. Ambos buscaban consolidar el cacicazgo de su padre, Porfirio Montero, un político, un empresario y un pastor evangélico, ni un clavo suelto, la forma rapaz de pasar por encima de todo, incluso de la vida de otras personas”, pone de manifiesto en el relato.
Cubren impunidad oficial
Tres delitos son los que tiene pendientes las autoridades estatales de sancionar: el feminicidio de María del Sol, el delito electoral cometido por Francisco Montero y el robo de sus pertenencias tras el ataque que le arrebato la vida.
La fiscal Especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo López, declaró que la carpeta de investigación estaba concluida y lista para su judialización desde agosto del 2018, lo que finalmente sucedió en diciembre de 2019, 16 meses después.
Sin embargo, ha pesado más la relación existente entre las autoridades que las pruebas presentadas que han sustentado la responsabilidad de los hermanos Montero.
Soledad Jarquín deja al descubierto la obstrucción de la justicia, que se hace más que evidente al no dar cumplimiento a las sentencias de los Tribunales Electorales que señalan la responsabilidad de los hermanos Montero en la comisión de delitos, por lo que ha solicitado el pago de una multa y la sanción de quien fuera funcionario de la administración de Alejandro Murat.
“Existen elementos suficientes, pero no ha sucedido nada concreto, lo que revela una actuación omisa por parte de la Fiscalía Especializada en Delito Electoral, que tendría que ser considerada como obstrucción de la justicia en franca protección a los hermanos Montero López, uno de los cuales es regidor en Juchitán”, expone.
De acuerdo con la reconocida periodista, la obstrucción de la justicia por parte de las propias instituciones es una constante para las familias mexicanas que se enfrentan a un hecho similar, en el que la violencia de género y feminicida les arrebata la vida a las mujeres, sin embargo, asegura como en muchas otras ocasiones que no descansará hasta encontrar “Justicia para Sol”.
