** DESDE A JANELA .
/FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO /
En los próximos días casi la totalidad de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, tanto en el país como en las entidades federativas, cerrarán sus puertas a fin de dar a sus trabajadores un periodo vacacional veraniego que abarca de dos a tres semanas, según hayan sido las negociaciones entre la institución y su sindicato.
Esas vacaciones verdaderamente constituyen una exageración, ya que en invierno gozan de otro periodo vacacional de igual tamaño, es decir, las instituciones encargadas de brindar justicia a la población pueden vacacionar formalmente hasta seis semanas en un año; lo cual es totalmente desproporcionado en relación a las vacaciones que por ley se otorgan a cualquier trabajador que se desempeñe en una actividad diversa.
Y claro, no conformes con la extensión de ambos periodos vacacionales, los procuradores y los impartidores de justicia suspenden labores por motivo del más irrelevante día feriado o incluso si este cae en fin de semana, dejan de laborar el día hábil más próximo a fin de reponerlo.
Sin lugar a dudas el señalado es un gran problema, pero no es el mayor de todos, porque si bien es cierto que hablamos de una inactividad procesal en periodos muy grandes del año, estas son solamente las vacaciones formales de los organismos encargados de procurar e impartir justicia en México.
Sin embargo, el mayor problema radica en que en realidad la justicia en nuestro país se encuentra de vacaciones de manera casi permanente, ya que la cantidad de asuntos que resuelven es ínfima en relación a los que tienen en trámite y eso sin mencionar la serie de obstáculos que los mismos operadores del sistema de procuración e impartición de justicia ponen en el camino de los justiciables, los cuales están encaminados a provocar el cansancio de estos últimos y el consecuente abandono del asunto y el archivo del mismo debido a “la falta de interés” por parte de la autoridad.
Un buen ejemplo de lo aquí explicado y que creo que va a ser entendido por cualquiera que haya tenido el infortunio de haber sido víctima de algún delito y haya tenido la nada grata necesidad de acudir a una fiscalía a exponer su caso para buscar justicia o al menos obtener una reparación del daño, si es que ésta cabe.
Lo primero que se van a encontrar es toda una serie de barreras para que sea recibida la denuncia, lo cual incluye la petición de requisitos que muchas veces rayan en lo increíble o que sencillamente no hay quien tome la denuncia y haya que esperar horas y horas solo para iniciar el trámite.
A ello sigue, que muchas veces los que en la fiscalía laboran quieren que a toda costa se agote una vía conciliadora, aunque desde un inicio se sepa que va a ser imposible conseguir un acuerdo satisfactorio más en lo que se agota ese periodo, ya van los primeros tres meses perdidos, porque no solo les basta que el citado no comparezca a la primera cita.
Una vez que se agota la “conciliación”, viene la investigación, parece increíble, pero buscan un arreglo ignorando si existe un probable delito, y en esa etapa de investigación es cuando el calvario del que sufrió la comisión de un delito verdaderamente comienza, ya que las vueltas y esperas se vuelven interminables con avances nulos en sus casos.
Ahí es cuando vienen los pretextos, mismos que se suceden tan metódicamente que pareciera que todos los funcionarios de las fiscalías recibieron cursos para fastidiar y evadir al justiciable, ya que todos son uniformes en decir que no han tenido tiempo de estudiar el asunto o de decir que no tienen personal para llevar a cabo alguna diligencia o incluso para determinar si se ejercita o no la acción penal.
Mientras que del lado judicial, si alguien tiene la desgracia de ser imputado de la probable comisión de un delito y queda recluido en prisión preventiva o se es víctima de uno y espera una resolución razonablemente pronta de su asunto, se enfrenta a una serie de detenciones absurdas del procedimiento, como sucede en el caso de que se interponga un amparo en contra de la vinculación a proceso y el juez federal suspenda el juicio pero deje a salvo la preparación del mismo, pues no, los jueces de control ni siquiera preparan el juicio y dejen el asunto en suspenso hasta que se resuelve el amparo, lo cual puede tardar hasta dos años, y una vez que se resuelve este entonces empiezan a preparar el juicio y la sola preparación del juicio puede tomar hasta seis meses.
Por ello es tan común saber de tantas personas detenidas durante años y que sólo están vinculadas a proceso, pero que no se ha pasado a la siguiente etapa de su proceso, a pesar de que haya ordenado cerrar la investigación en solo tres meses.
Estos son solo algunos casos que muestran como la justicia en México se mueve como una tortuga muy pesada y como sus procuradores e impartidores no nada más están de vacaciones en sus muy generosos periodos; sino que, para desgracia del país, están de vacaciones todo el año.
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