*ALMA GRANDE
/POR ÁNGEL ÁLVARO PEÑA /
En política, pocas cosas erosionan tanto la confianza ciudadana como la percepción de que la justicia se utiliza con criterios distintos según el color partidista de quien enfrenta una acusación. Por eso, más allá de quién haya levantado la voz, el llamado a la imparcialidad en los procesos de desafuero merece ser atendido con seriedad.
La solicitud de la dirigencia estatal del PAN para que la Comisión Instructora del Congreso analice sin sesgos los expedientes de los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste pone sobre la mesa un tema que trasciende a esos dos casos. Lo que realmente está en juego es la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia política.
Ningún servidor público debe ser protegido por el cargo que ocupa. Si existen elementos suficientes para proceder legalmente, la ley debe seguir su curso. Pero tampoco puede aceptarse que un desafuero se convierta en un instrumento de presión, de revancha o de cálculo electoral. En ambos extremos se pierde la esencia del Estado de derecho.
La imparcialidad no consiste únicamente en afirmar que se actúa conforme a la ley. También implica que las resoluciones estén sustentadas en pruebas, que los procedimientos sean transparentes y que los tiempos no respondan a conveniencias políticas. Cuando estos elementos faltan, inevitablemente surge la sospecha de que la justicia tiene preferencias.
Es cierto que cada partido suele denunciar persecución cuando alguno de sus militantes enfrenta procesos legales y, al mismo tiempo, exige todo el peso de la ley cuando los señalados pertenecen a otra fuerza política. Esa práctica ha sido recurrente en México durante décadas y ha contribuido a debilitar la confianza en las instituciones. Por ello, el Congreso de Veracruz tiene la oportunidad de demostrar que puede actuar con criterios distintos.
La ciudadanía difícilmente respaldará decisiones que parezcan responder a intereses políticos. En cambio, sí reconocerá procesos en los que las pruebas hablen por sí mismas y donde el debido proceso prevalezca sobre cualquier consigna partidista.
La ley no debe tener colores. Si un alcalde incurrió en responsabilidades, deberá responder ante las autoridades competentes. Si no existen elementos suficientes, también debe quedar claro mediante una resolución fundada y motivada. Lo importante no es satisfacer a un partido u otro, sino fortalecer la certeza de que en Veracruz las instituciones pueden actuar con independencia.
Al final, el mayor desafío no será desaforar o no a un alcalde. El verdadero reto será convencer a los ciudadanos de que la decisión obedeció exclusivamente a la justicia y no a la política. Esa diferencia, aunque parezca sutil, es la que define la fortaleza de cualquier democracia. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.