**Zurda .
/ Ruth Zavaleta Salgado /
Las imágenes de San Miguel Totolapan fueron desgarradoras, cuerpos inertes por aquí y por allá, decenas de agujeros en la fachada del edificio de la presidencia municipal, mujeres llorando su pérdida y, después, lo inverosímil, la explicación de lo que ahí sucedió, pero no por la autoridad estatal, sino por un presunto líder criminal. El hombre que filmó y difundió el mensaje en redes sociales dijo que era a él y al alcalde de ese municipio a quienes buscaban el grupo de homicidas, presuntamente pertenecientes a Los Tequileros.
Descalzo, el presunto líder de la Familia Michoacana no escatimó en darse a conocer públicamente de forma franca: usa un reloj de más de un millón y medio de pesos (eso escuché en el noticiario de Ciro Gómez Leyva); pero otros detalles llaman la atención: las piezas de ajedrez enmarcadas atrás de su imagen: un rey y un peón. Hay poder, hay sometimiento. Finalmente, sin prisas y sin rubor, el de la voz, palabras más, palabras menos, lanza una sentencia: las cosas no van a quedar así, es la guerra.
Se dice que no hay Estado de derecho cuando la ley y el orden de gobierno son rebasados por intereses ilegítimos, en este caso, cuando los grupos criminales imponen, por medio del terror y la violencia, sus propias reglas de convivencia social. San Miguel Totolapan puede ser uno de esos lugares, pero no es el único en el estado de Guerrero.
No miente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando señala que estos problemas no surgieron ahora. Ciertamente, desde hace varias décadas, la pobreza, la producción de drogas y lo que implica, la impunidad y el miedo, han impuesto un modelo de vida en varias comunidades en el estado de Guerrero, y en muchos otros de la República, pero el hecho de que este fenómeno no sea nuevo, no significa que su gobierno pueda lavarse las manos culpando a los gobiernos del pasado. Después de gobernar por casi cuatro años, resulta poco honesto evadir la responsabilidad.
En la democracia, por eso se compite electoralmente, para obtener legítimamente el poder político e intentar garantizar los derechos de los ciudadanos, principalmente su vida. Incluso, el mismo modelo democrático mantiene viva la idea de que, en cada elección, se vota por alguien que logre lo que los otros no han querido o no han podido hacer mejor.
La masacre en San Miguel Totolapan, en donde no sólo asesinaron al presidente municipal y a su padre (también exalcalde), sino también a varios policías y funcionarios municipales, es sólo una parte de la dura realidad que se vive en diferentes partes del territorio nacional, quizá no con la misma saña y crueldad que en este caso, pero en especial durante este año, son varios los estados que han enfrentado actos radicales de violencia en donde son asesinados niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de mediana edad y adultos mayores, y la mayoría de veces, no están relacionados con los grupos criminales.
No obstante la gravedad del problema, quizás para hacer oídos sordos y ojos ciegos y no enfrentar la realidad, es común escuchar expresiones como: “Quién sabe en qué andaría metido”, “Seguro hicieron trato con ‘la maña’ para lograr el cargo y no cumplieron, y pagaron las consecuencias”. Y en algunos casos es cierto, hay municipios enteros que se encuentran bajo el yugo del más fuerte, autoridades y ciudadanos que sólo son sobrevivientes porque, si quieren vivir, lo tienen que hacer bajo las reglas de los criminales, porque del otro lado, del lado del poder estatal y federal, sólo hay abandono.
Ante estas circunstancias y después de escuchar al Presidente de la República y la gobernadora de Guerrero decir que todo es culpa de los gobiernos pasados, la pregunta que se antoja hacerle a los diputados y senadores del PRI y PRD que votaron a favor de la iniciativa para ampliar el plazo de presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, hasta el 2028 es ¿lo hicieron porque se sienten responsables del pasado? Si es así, ahora también serán responsables del presente.
