** El Ágora .
/ Octavio Campos Ortiz /
El próximo lunes iniciará el nuevo ciclo escolar y el gobierno de la 4T se encuentra entrampado en la judicialización, no solo de los contenidos de los Libros de Texto, sino en el proceso de elaboración e impresión de estos, el cual una impartidora de justicia lo declaró anticonstitucional, violatorio de la Ley General de Educación y atentatorio del interés superior de la niñez. De tal suerte que comenzar las clases con el uso de esos libros será un desacato a la orden judicial y, aunque se inconformó la Presidencia, deberá esperar a la resolución definitiva, aunque en esta administración están acostumbrados a desobedecer la ley.
La soberbia gubernamental y la opacidad en la elaboración y producción de los cuestionados textos provocaron la inconformidad de padres de familia, de la mayoría de los profesores y de algunos gobiernos estatales. Hubo un rechazo casi unánime a la instauración de la “Nueva Escuela Mexicana” -lo que quiera que ello signifique-, por descontinuar el conocimiento científico para adoptar un modelo supuestamente más pragmático. Más allá de los yerros en los contenidos, las más de “veinte” (sic) erratas que se ven como “áreas de oportunidades” y la polémica educción sexual que pretende impartir, lo realmente cuestionado es la ideologización y visión maniquea del conocimiento, la baja calidad educativa y hacer sentir a la pobreza como un destino manifiesto o pretender justificar los movimientos guerrilleros como acciones revolucionarias y satanizar a personajes como el expresidente del INE, Lorenzo Córdova.
Por ello los jueces concedieron amparos a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, así como a la Unión de Padres de familia, independientemente de los solicitados por particulares. Más allá del motivo de fondo en esas solicitudes, es importante resaltar que las autoridades educativas están montadas en su macho, y aunque una togada instruyó una consulta pública -tan de moda en este sexenio-, para discutir con afectados, académicos y especialistas el contenido de los libros, la burocracia prefiere la opacidad e, independientemente del argumento de que miles de maestros aportaron ideas y propuestas, es evidente que no pueden demostrar que hubo participación de padres o investigadores, salvo el respaldo de una incondicional -en otras épocas de alineación con los gobiernos priistas calificada de char, agrupación como el SNTE.
Lo cierto es que se ha politizado desde Palacio Nacional el tema y el atril del Salón Tesorería se ha convertido en un nuevo tribunal de la Santa Inquisición para inmolar a los irredentos mandatarios de Chihuahua y Coahuila, descalificar a los padres de familia e insistir en la satanización de jueces y magistrados que incomodan con sus determinaciones al gobierno federal. Esa polarización ha llevado a que, en comunidades de Chiapas, entidad gobernada por la 4T, los tzotziles quemen los libros de texto en repudio a sus contenidos. La incineración de volúmenes no es privativa de los nazis, las dictaduras sudamericanas o de gobiernos autoritarios como los que describe Ray Bradbury en su novela, ya no tan distópica, Fahrenheit 451, sino de indígenas, del pueblo bueno y sabio, que no se tragan el cuento de la nueva escuela mexicana.
Apostilla: No todo está mal. El puerto Lázaro Cárdenas se ranqueó en la posición 43 del Índice Global de Rendimientos de Puertos de Contendores. Al participar en el 12° Encuentro de Negocios de Lázaro Cárdenas Port Community, el almirante retirado Jorge Luis Cruz Ballado, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), informó que ello se debe a la logística y la seguridad que hay en esa terminal portuaria, una de las más competitivas para las empresas que se instalan en México atraídas por el nearshoring.
