/ Jorge G. Castañeda /
Nadie puede llamarse a engaño. Las leyes aprobadas por Morena en el Congreso la semana pasada, y en particular por su bancada en el Senado, que sesionó en lugares extraños, serían declaradas ilegales por cualquier tribunal constitucional por violación al procedimiento legislativo. Bien lo dice José Ramón Cossío: los senadores sabían perfectamente (o por lo menos los que saben leer y escribir) que así ha procedido la Suprema Corte en varios casos, incluso el año pasado. Es cierto que el gobierno cuenta con tres votos en la SCJN; sólo le falta uno para impedir un fallo de inconstitucionalidad. Lo comprobamos en la histórica votación sobre la Guardia Nacional. Y es un hecho que los ministros susceptibles de sumarse a los incondicionales de AMLO únicamente podrán resistir una cantidad limitada de presiones: nadie aguanta todo, todo el tiempo. Esa parece ser la apuesta del régimen.
Las leyes en sí mismas no parecen justificar ni la prisa, ni el desaseo legislativo y protocolario. Algunas son más graves que otras, pero tampoco veo, por ejemplo, al Conacyt nuevo deliberando sobre la política científica del país en colaboración con los militares. Dudo que nuestros generales tengan arraigadas convicciones en materia tecnológica, por ejemplo, y que deseen imponerlas a la comunidad académica, aunque la exclusión de los académicos de instituciones privadas sí constituye una aberración. El problema no creo que resida en el contenido de cada una de las leyes aprobadas, sino en el reto que le erige López Obrador al poder judicial, y en particular a la Corte. Todo esto se parece mucho a una consigna de campaña para quien se convierta en el portaestandarte de Morena en 2024.
Es probable que AMLO desconozca la historia del mandato de Franklin Roosevelt, a quien cita con frecuencia. Pero no importa: puede llegar a la misma conclusión que el artífice del New Deal, sin saberlo. En 1936, cuando buscaba su primera reelección, Roosevelt hizo campaña contra la Suprema Corte, a la que incluso amenazó con destituir o con ampliar el número de sus integrantes, para “atascarla” con sus adeptos. La maniobra no prosperó, pero a López Obrador le puede redituar, por lo menos electoralmente.
Sobre todo si tomamos en cuenta lo que muchos han afirmado recientemente, y con razón. La Corte constituye el último pilar de resistencia, la última trinchera de defensa, el último obstáculo ante la embestida de destrucción de instituciones de la 4T. Que no lo hayan logrado hasta ahora, y que la confusión mental que impera en los círculos gobernantes sea verdaderamente imponente, no obsta para que lo sigan intentando. La mejor estrategia consiste, obviamente, en atacar el punto más fuerte —no el más débil— del andamiaje institucional: la Corte.
Hacer campaña contra la Corte implica una doble ofensiva. Primero, insistir en que todo lo que no se logró durante el sexenio se debió a la posición intransigente, conservadora, reaccionaria, de los ministros. En seguridad, en energía, en materia electoral, en el juicio a los expresidentes, en extinción de dominio y los aspectos inconstitucionales de sus mega proyectos, la culpa del magro avance yace en la actuación de la Corte. Se trata de una tesis simple —simplona—, de fácil exposición y comprensión, y que se corrobora con mil ejemplos, empezando por los sueldos de los ministros, con su carencia de mandato electoral, y con su inamovilidad.
Pero la segunda faceta de la ofensiva puede ser la más eficaz. O en todo caso, se comprobó su eficacia con un ministro: Eduardo Medina Mora. Fue obligado a renunciar ante la amenaza de cárcel para él y su familia. ¿No habrá un miembro de la Corte que abdique ante un ataque semejante? ¿Todos —es decir, los ocho resistentes— soportarán amenazas, insultos, jitomatazos, manifestaciones, calumnias, chantajes, a ellos y a sus familias? Porque estos no se andan por las ramas. Los narcos respetan a las familias, se dice, pero López Obrador no.
Nos hallamos ante una estrategia, no un capricho, un exabrupto o una locura. ¡Qué bueno que haya quien la enfrente! Pero no le tocaba a la Suprema Corte, y no sé si aguante.
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