HECHOS Y SUSURROS.
Dolores Colín.
En los últimos tiempos, el flagelo de violencia y muerte ha provocado posicionamientos diversos sobre la forma de solucionarlo, hay segmentos de la sociedad que apoyan abiertamente la militarización y otros grupos cuestionan el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado el 11 de mayo, que militariza al país por los siguientes cuatro años para resolver el problema de la seguridad pública.
El Decreto, ha provocado un enfrentamiento entre poderes por considerar que el Legislativo aprobó la Guardia Nacional -propuesta de campaña del jefe del Ejecutivo- para que las fuerzas armadas no estén en las calles. Un gran número de elementos de la Guardia Nacional salieron del Ejército y la Marina, pero el objetivo es capacitarlos para enfrentar los problemas de seguridad pública como una fuerza civil. Los expertos en seguridad precisan que el requisito de justificación no tiene ninguna precisión para ser aplicado.
Por ello, en la Cámara de los Diputados se ha dado una confrontación ante la decisión de la diputada panista Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto presidencial, que obliga a las fuerzas militares a resolver problemas de seguridad pública hasta el primer trimestre de 2024. Logrando el respaldo de la oposición y el rechazo del grupo parlamentario de Morena que a través de su líder el diputado Mario Delgado cuestionan la acción de la panista.
Pero los constitucionalistas aseguran que la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento avalan las facultades de la diputada Laura Rojas para promover la controversia constitucional.
Una vez más, la Corte tendrá que resolver un tema propuesto por el ejecutivo, defendido por su partido en la Cámara de Diputados y cuestionado por la oposición. Mientras tanto, la violencia ha dejado un número récord en homicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los primeros cuatro meses del año hubo 11 mil 846 víctimas de homicidio y feminicidio, cifra 2.26 % superior al año anterior en el mismo período.
SUSURROS
Alfonso Durazo Montaño, encargado de la seguridad pública del país, aclaró que con la Ley de Amnistía promulgada por el presidente López Obrador, no se busca liberar delincuentes, sino contar con un mecanismo legal que dé una segunda oportunidad a quien por necesidad o temor estuvo obligado a cometer un acto ilícito.
La Universidad Anáhuac México se suma al programa Familias sin Hambre para apoyar a las familias que perdieron sus ingresos debido al confinamiento y ha iniciado una recolección de fondos para llevar alimentos a 500 familias a través de la modalidad Crowdfunding. Para donar se puede ingresar a www.micochinito.com/cochinito/anahuacdonde encontrará 4 modalidades de donación y sus respectivas recompensas.
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