**El Ágora .
/ Octavio Campos Ortiz /
Sigue como asignatura pendiente el tema de la seguridad en el país. Según el INEGI, poco más de seis de cada diez mexicanos se sienten inseguros en su localidad. Cifra muy semejante a la de otras administraciones, lo que significa que ninguna estrategia de combate al crimen ha funcionado. Pero mal de muchos…
El gobierno tiene bien diagnosticado el problema de la inseguridad e incluso los factores que detonan el fenómeno, pero como buenos analistas de gabinete solo esbozan soluciones de poca practicidad. Acabar con la pobreza, dar educación y empleo a los jóvenes es un proyecto que requiere de voluntad política, recursos y programas de desarrollo con metas a corto plazo, además de una estrategia de seguridad y justicia que privilegie la auténtica prevención del delito, el uso legítimo y proporcional de la fuerza por parte del Estado, y aplicar la ley para contrarrestar la impunidad.
La ausencia de una política pública de prevención del delito imposibilita la reducción de la incidencia delictiva. Suponer que con programas asistencialistas se ataca de raíz las causas de la pobreza es una utopía y una falacia creer que solo delinquen los pobres. Tampoco dar educación sin calidad inhibe el reclutamiento de sicarios, halcones o “mulas”. Para disminuir los delitos del fuero común -que no acabar con las conductas ilícitas, las cuales son consustanciales al ser humano-, es necesario recomponer el tejido social, inculcar valores morales y éticos a los niños y crear empleos bien remunerados. Todo ello no se logra en seis años, por lo que las pensiones a viejitos y las becas a los ninis solo son un paliativo a problemas estructurales que cumplen objetivos electoreros.
Tampoco se puede avanzar en la reducción de la incidencia delictiva si no se alienta la verdadera prevención de los ilícitos, lo cual no se logra con otorgarles facultades investigadoras a las policías preventivas; con ello, si realmente investigan y detienen a los culpables, únicamente se avanza en el abatimiento de la impunidad, pero no necesariamente disminuyen los delitos; ese es el propósito de la prevención, que no se cometan conductas que dañan a la sociedad. El exprocurador Ignacio Morales Lechuga decía, con razón de Perogrullo, que la ciudad más limpia no es la que tiene más camiones recolectores, sino la que tira menos basura; la ciudad más segura no es la que tiene más patrullas y policías, sino donde se cometen menos delitos.
Por eso, a pesar de la narrativa oficial y la fallida política de abrazos y no balazos, la realidad hace urgente en el nuevo sexenio una estrategia que pondere la prevención con inteligencia y tenga la voluntad política de hacer uso legítimo de la fuerza; es indispensable revitalizar el pacto social y cumplir con la función primigenia del Estado: proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
El obviar ese principio básico conlleva la pérdida de la gobernabilidad, el menoscabo de las libertades de los gobernados y solapa la violencia de los grupos criminales. Este sexenio pasará a la historia como el más violento de la historia reciente, más de 161 mil homicidios dolosos en cinco años y cien mil desparecidos. El INEGI informó que solo el año pasado se registraron 32 mil 223 asesinatos, de los cuales el 67 por ciento fueron con arma de fuego; hubo 88 muertes violentas cada día.
Difícilmente se revertirá esta tendencia en lo que resta del régimen, por lo que el nuevo gobierno tendrá que poner en marcha un verdadero programa de seguridad pública y procuración de justicia que enfrente al crimen organizado y la delincuencia común, sin descuidar las políticas públicas de desarrollo social que combatan las causas de la pobreza y la desigualdad, además de fortalecer la educación de calidad y la creación de empleos formales. Además de castigar el delito se debe prevenir su comisión.
