LINOTIPIA
/Peniley Ramírez /
Unas semanas antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón, la familia de Genaro García Luna se mudó a una lujosa residencia en Miami, de tres millones de dólares. El casero era una compañía de Panamá. La administraba la familia de Alexis Weinberg, un empresario que tenía negocios multimillonarios con el gobierno mexicano. Firmaron un contrato de renta que nunca se registró en el sistema de bienes raíces local.
Al no registrarse, no quedó claro cómo García Luna justificó que podía pagar esa renta. Años después, investigadores de la Fiscalía de Nueva York encontraron que el contrato era una farsa. La familia García Luna solo pagó la renta dos meses durante cuatro años que vivieron allí. En 2016, la casa se vendió por 3.9 millones. Los investigadores descubrieron que los Weinberg entregaron a García Luna, a escondidas, el dinero de la venta.
No fue fácil probar que la renta era ficticia. Entre 2014 y 2020, varios periodistas investigamos detalles sobre la casa. Mostramos que algo no cuadraba. No sabíamos cómo se había rentado, por qué no se había registrado la renta, ni lográbamos explicar cómo, entre todas las casas de Miami, García Luna había rentado justamente la de un contratista del gobierno.
En 2020, la Fiscalía de Nueva York dijo que la “renta” de la casa era el vehículo que usó García Luna para acceder a fondos ilegales. Ahora, otra investigación en Florida revela cómo se usó este mismo esquema con Francisco Niembro, exsubsecretario de Seguridad en las áreas donde se operó Plataforma México.
El 17 de febrero un despacho de abogados, que representa al gobierno mexicano en una demanda civil en Miami por el caso García Luna, respondió a los demandados (los Weinberg y otros). Los demandados piden que el juez en Florida desestime el caso. Eso debe definirse entre marzo y abril. Aunque es un trámite rutinario, en la respuesta hay detalles inéditos de cómo operan estos pagos y qué papel jugó Niembro, un personaje importante en la trama, del que poco se ha dicho.
En 2007, después de trabajar años en Telmex, Niembro llegó al gobierno calderonista. Fue subsecretario de Evaluación y Desarrollo y luego de Tecnologías de la Información. Hacía tours con periodistas para que publicaran sobre Plataforma México y el Centro de Inteligencia de la Policía Federal.
Un mes antes de que terminara el sexenio, se registró en Miami la empresa Bellini WI 1501 Corp. El administrador era Alexis Weinberg, el contratista que ganó millones con la Plataforma y el Centro. A nombre de la empresa compraron el departamento 1501 en el condominio Bellini, por 1.2 millones de dólares. Niembro y su esposa, Martha Virginia Nieto, se mudaron allí. El nombre de la empresa era la dirección del departamento, como ocurrió también con otras propiedades en el caso García Luna. Niembro sabía que la propiedad se compró con fondos robados al gobierno, dice el documento de los representantes de México. Él lo ha negado a través de su defensa.
Los registros públicos de esta parte del caso se publicaron primero en Contralínea. Muestran que Weinberg traspasó, por solo 100 dólares, el departamento a nombre de Niembro y su esposa. En 2017, quedó solo a nombre de ella. En esos años, los dos aparecen en fotografías de cumpleaños, fiestas y comidas en Miami con la mamá de Alexis Weinberg, su hermana y la esposa de García Luna. Ahora, los dos están demandados.
Niembro dejó el gobierno en 2013. Dice la demanda que luego fue empleado de GLAC, el despacho de García Luna, y en ICIT Holding, una empresa de los Weinberg. En 2021, Niembro y su esposa vendieron el departamento por 355 mil dólares menos de lo que costó una década antes. Meses más tarde, los abogados de México pidieron que se congelaran muchos de los bienes de esta red. El departamento no podía congelarse, dado que ya no les pertenece.
Los abogados de México alegan que el departamento de Niembro fue el pago de un soborno por influir para que los Weinberg obtuvieran contratos, incumplir procedimientos y no verificar si había un mejor proveedor. Los Weinberg alegan que los servicios eran necesarios y se realizaron. Pero la demanda es firme: si un contrato se obtiene con una ventaja corrupta, si alguien obtiene un favor tras otorgarlo, el monto total del contrato puede considerarse un robo. Me gustaría ver si, en otros casos, también el gobierno mexicano mantiene este estándar para evaluar los contratos y las relaciones con los contratistas.
