* Cientos de Familias han salido de sus tierras huyendo por el acoso del crimen organizado y ejército en la zona.
* Se estiman más de 5 mil desplazados.
*Redias y Redim evidencian el 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado.
08.02.2024, Ciudad de México.-. Mientras miles de desplazados cuentan sus historias como el crimen organizado Chiapas los matan, les roban sus escasas pertenencias, su ganado, su siembra; secuestran, reclutan a niños niñas y adolescentes; les obligan a servirlos como esclavos, entre otros ilícitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimiza lo que sucede en la frontera sur porque los desplazados no son, dice, “significativos”.
” Muy pocos, muy pocos, y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación, bastante, y tenemos presencia.
-¿Cómo cuánta gente se ha ido o se ha tenido que ir. pregunta la interlocutora
– No tengo el dato, pero no es significativo, enfatizó el Presidente de México ante los miles de desplazados que las organizaciones civiles estiman en cerca de 5 mil personas
Durante su programa diario hoy desde Palacio Nacional, y ante el grito y sollozos de miles por tener que dejar su precario patrimonio, López Obrador afirmó que la violencia en Chiapas “se ha tranquilizado” y pese a que no tiene una sola cifra, consideró que la cantidad de personas que han tenido que salir de sus comunidades por la presencia de la delincuencia organizada “no es significativa”.
“Estamos pendientes y se ha tranquilizado bastante la situación. Tenemos presencia (.) No tengo el dato (de desplazados) que se ha ido, pero no es significativo”, expresó López Obrador sobre el desplazamiento forzado por la violencia entre grupos criminales.
En la realidad de las comunidades han denunciado a medios locales el motivo por el cual familias enteras huyeron de la Sierra Madre de Chiapas ante la presión de autoridades e incluso algunos elementos militares para que apoyen al Cártel de Sinaloa, o bien por el temor de caer en manos de la agrupación criminal conocida como El Maíz, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ser reclutados a la fuerza.
A juicio de AMLO explicó los hechos de violencia que se han suscitado en esa zona del país se debe a que grupos de crimen organizado están buscando por dónde pasar, pero refirió las acusaciones contra elementos del ejército que coloca a miles de indígenas y campesinos a dos fuegos.
En ese sentido, en su narrativa que intenta de minimizar el control del crimen en esa entidad, AMLO dijo que se está atendiendo con la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y con la construcción de una nueva carretera que permitirá que las personas “que buscan desplazarse” lo hagan de manera directa a Tuxtla Gutiérrez, evitando pasar ( ruta de la droga) por Comitán y San Cristóbal.
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Testimonio de los desplazados de Nuevo Sinaí, San Antonio El Ocotal y Cuatro Caminos, de la Sierra Madre de Chiapaneca pic.twitter.com/E71qjDQsqV
— Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) February 1, 2024
Algunas familias han regresado a sus parcelas, sin ninguna garantía de seguridad ante los grupos criminales y un ejército que los castiga por vivir ahí.
“A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. denuncian organizaciones como REDIAS y REDIM.
REDIM, una coalición de casi 80 Organizaciones de la Sociedad Civil, ubicadas en 18 estados de la República, que tienen como fin la promoción y defensa de los derechos de la Infancia en México, exhibe la negligencia criminal del Gobierno de la 4t al señalar que el 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado de Chiapas.
REDIM ha denunciado Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo la vida e integridad y vulneración de los derechos humanos de más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
En un comunicado refiere que desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región.
Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.
En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.
Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.
En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.
Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023.
Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.
Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.
El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera. En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado.
No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia. Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.
Sumando la población de 0 a 17 años de las comunidades afectadas en los municipios de la Sierra Mariscal, tenemos un aproximado de al menos 19,729 niñas, niños y adolescentes perjudicados por la violencia criminal durante el periodo 2023 y enero 2024. Si añadimos, las cifras de municipio de Sierra Mariscal, junto con los de Maravilla Tenejapa y Ocosingo presentados anteriormente, estaríamos hablando de un aproximado de 31,710 niñas, niños y adolescentes afectados en sus derechos más básicos como la vida, el acceso a la alimentación, la vida en familia y el acceso a la salud; miles que viven con miedo, incertidumbre y zozobra. Esto sin contar las situaciones de violencia que se desarrollan en los municipios de Pantelhó, Chenalhó, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Tila y Ocozocoautla, así como los más de 100 mil niñas, niños y adolescentes que han quedado sin clases ante esta guerra entre grupos criminales que sigue creciendo con la omisión y aquiescencia del Estado.
“Por todo lo anterior, desde las organizaciones que conformamos REDIAS y REDIM hacemos un llamado urgente al gobierno federal, estatal y la comunidad internacional para reconocer y detener esta guerra contra los pueblos de Chiapas”.
“Nos sumamos a los llamados y acciones de solidaridad con las comunidades que han sido afectadas e invitamos a toda la sociedad a exigir un alto a las violencias y persistir en crear alternativas de construcción de paz.
