/ Kenia López Rabadán /
El poder público en México está dividido en tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esta división tiene como propósito detener los abusos de las propias autoridades para que exista equilibrio de poderes y ninguno sobrepase al otro.
Es así como el Poder Judicial de la Federación es una parte fundamental en el establecimiento de nuestro Estado democrático. Está integrado, entre otras instancias, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales y juzgados. Su función es resolver las controversias que se suscitan cuando se vulneran las leyes.
En el caso de la Suprema Corte, once ministros tienen la honorable tarea de defender a los mexicanos y a la Constitución. Cada uno de estos ministros son electos por el Senado de la República a propuesta del titular del Ejecutivo federal y duran 15 años en su encargo. La SCJN es una de las instituciones más antiguas en nuestro país, ya que desde el Acta Constitutiva de 1824 se previó como la instancia que garantiza la impartición de justicia.
Aun en los momentos más oscuros de la historia de nuestro país, se ha mantenido fuerte, imparcial y ha dado estabilidad jurídica y política. A lo largo de sus 200 años de existencia ha tenido modificaciones trascendentales, la más importante, la de 1994. Desde ese momento, no sólo es la responsable de salvaguardar nuestra Constitución general, sino que es garante del federalismo y la división de poderes.
Por ello, que el titular del Ejecutivo federal imponga a una persona subordinada al régimen y con una filiación partidista es altamente preocupante, ya que atenta contra los principios que rigen a nuestro más alto tribunal. Durante este sexenio, López Obrador ha nombrado cinco ministros. Dos de ellos han demostrado con sus sentencias y votaciones ser ministros valientes. Ello, les ha valido críticas por parte del presidente. En septiembre del año pasado, en su conferencia matutina dijo que: “ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación”. Al titular del Ejecutivo federal se le olvida que la justicia no responde a proyectos partidistas, ni filiaciones políticas.
En sexenios anteriores, los presidentes intentaban presentar personas imparciales que pudieran transitar en la pluralidad del Senado y así, garantizar que cumplieran con su mandato constitucional. Hoy, López Obrador busca personas parciales que respondan a sus intereses y voluntades. Los ejemplos más claros son la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, y la ministra que traiciona su propia formación en derechos humanos, Loretta Ortiz.
Sin duda, el nombramiento de Lenia Batres es una buena noticia para López Obrador, porque está imponiendo a una subordinada a su régimen. Lamentablemente, es una pésima noticia para la República. Claramente no cumple con el requisito de independencia que se requiere para desempeñarse en el máximo tribunal. Ya hablarán las sentencias de la señora Batres y ojalá demuestre estar a la altura de la Corte, porque hoy, y dada su conducción, hay dudas razonables de que será una ministra a modo.
El pilón:
Lo ocurrido en Texcaltitlán, Estado de México, es la consecuencia de la complacencia de este gobierno con los criminales. Hoy, la gente trabajadora y de bien tiene que defenderse con machetes y piedras ante las metralletas de los delincuentes.
No cabe duda de que la política de los abrazos sólo ha generado impunidad, inseguridad y muerte.
