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El escrito en el que hacen pública su posición a través de Instagram se titula Comunicado de las Clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vitoria), en respuesta a la amenaza del Sr. Iceta, de excomunión de la Iglesia Conciliar, surgida tras el Latrocinio Vaticano II. Este último apelativo hace referencia al Concilio Vaticano II que las monjas cismáticas rechazan.
En el texto, se tilda el proceso canónico en el que están incursas 10 religiosas de “amenaza de excomunión de la ‘iglesia conciliar’ surgida del Latrocinio Vaticano II” y se afirma que se han separado de la Iglesia Católica “libre y voluntariamente, con unanimidad y alegría de espíritu”, por medio del llamado Manifiesto Católico que se hizo público el pasado 13 de mayo de 2024.
Asimismo, en el comunicado se considera que el tribunal eclesiástico del Arzobispado de Burgos no tiene capacidad “de jurisdicción” sobre las 10 hermanas ni “para imponer ‘penas espirituales’ como lo es la farsa de la excomunión”.
Las clarisas se declararon bajo la jurisdicción de un falso obispo excomulgado llamado Pablo de Rojas el pasado mes de mayo.
Tras estas consideraciones previas, las religiosas destacan tres aspectos de su decisión.
El primero, que el llamado Manifiesto Católico “fue refrendado por todas, y firmado por nuestra Madre Abadesa”. Esta afirmación es contraria a la idea expresada tanto desde el Arzobispado de Burgos como desde la Conferencia Episcopal Española desde el principio del conflicto, sobre la falta de unanimidad en la comunidad.
En segundo lugar, las religiosas aseguran que “cualquier pena o sanción canónica, impuesta por quienes no son obispos, ni válidos, ni legítimos, ni tienen poder sobre las almas, carecen de efectividad, y son nulas e írritas”. El adjetivo írrito se refiere, según el Diccionario de la Real Academia Española a algo “Inválido, nulo, sin fuerza ni obligación”.
Esta consideración, recuerdan las religiosas, ya se expuso en “en los párrafos 74 y 75 de la página 46” de su manifiesto.
En tercer lugar, aseguran haber enviado un burofax a Mons. Mario Iceta, Arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio para este caso nombrado por el Papa Francisco, en el que transmiten su “unánime e irreversible posición, tomada por fidelidad a Cristo y su lglesia Católica, por quienes estamos dispuestas a dar la vida”.
“Pues no tememos a quienes puedan matar el cuerpo, aun por medio de coacciones, imposiciones o bloqueos de suministros, pero nada pueden contra el alma”, añaden.
Del manifiesto católico a la consumación del cisma
El pasado 13 de mayo de 2024, la comunidad de hermanas clarisas de los Monasterios de Belorado y Orduña, situados respectivamente en la Archidiócesis de Burgos y la Diócesis de Vitoria (en España), hicieron público un manifiesto y una carta en los que anunciaban que abandonaban la Iglesia Católica y se ponían bajo la tutela de un falso obispo excomulgado llamado Pablo de Rojas.
El Arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, había iniciado unos días antes una investigación previa, ya que había sido alertado del riesgo de cisma. Tras conocerse la intención cismática, se exhortó a los fieles a no participar de ningún acto realizado en ambos monasterios.
La Conferencia Episcopal Española expresó pocos días después sus dudas sobre la unanimidad de la decisión, dado que tanto el manifiesto como la carta sólo estaban firmados por la abadesa. La comunidad estaba compuesta entonces por 16 monjas, cinco de las cuales son muy mayores.
Una de ellas, Sor María Amparo, salió del convento el jueves 16 de mayo tras enfrentarse al falso obispo excomulgado “para no pertenecer a esa secta”.
A finales del mes de mayo, el Vaticano nombró a Mons. Iceta Comisario Pontificio con plenos poderes. Toda vez que comenzó a tomar medidas, las monjas cismáticas decidieron llevar el conflicto a la justicia civil, acusando al prelado de “violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como también por abuso de poder y por usurpación de la representación legal”.
A inicios del mes de junio, el Arzobispado de Burgos comunicó de manera formal a las monjas que debían comparecer ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos para responder por un delito de cisma tipificado en el canon 751 del Código de Derecho Canónico.
La pasada semana, se conoció que algunas de las hermanas, a las que se les había indicado un plazo más corto para responder, dada su mayor implicación, pidieron una prórroga que el Arzobispado aceptó.
De esta manera, el plazo establecido para tener una respuesta por parte de las 10 hermanas acusadas de posible delito de cisma expiraba este viernes 21 de junio de 2024.
Fuentes del Arzobispado de Burgos confirman a ACI Prensa que este sábado 22 de junio se reunirá el Tribunal Eclesiástico para valorar lo manifestado por las monjas y tomar las decisiones que correspondan.
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