Paalaje.
Liébano Sáenz.
Las reglas y las instituciones requieren de una permanente revisión a partir de la dinámica social. Un proceso que resulta siempre inacabado y vertiginoso, pero necesario, para que lo disruptivo tenga cauce y contribuya de manera virtuosa a la estabilidad y al progreso. El valor de la democracia es que el poder y la autoridad son cada vez más permeables a la sociedad y esto hace del cambio un curso incluyente.
Dos acontecimientos de días pasados revelan la necesidad de actuar de acuerdo con la nueva realidad: la regulación de los servicios de inteligencia y los nuevos términos de la comunicación digital en campañas electorales.
Las revelaciones del espionaje a través del llamado programa Pegasus ha generado una preocupación generalizada en el mundo. Jefes de Estado espiados por otros países, de la misma forma que líderes opositores, periodistas, activistas y hasta sus familias, entre otros, son objeto de observación ilegal con una afectación a su privacidad y, eventualmente, a sus derechos y libertades.
Los hechos deben investigarse y sancionarse. Debe establecerse un precedente que imponga límites para que los instrumentos del Estado no sean desvirtuados por las querellas e intereses propios de la política. No basta con la afirmación de quienes conducen los gobiernos de que no realizan inteligencia con motivación política; es posible que ni siquiera estén enterados de lo que ocurre en la práctica. Se requiere de procedimientos, reglas y fórmulas de supervisión y escrutinio que aseguren que las instituciones del Estado actúen con apego al marco que las regula y a los principios que las inspira.
El uso de la publicidad en internet en las redes sociales a través de la figura de los influenciadores, es también una realidad que debe regularse a partir de los dos objetivos en materia de financiamiento de campañas políticas: por una parte, fiscalizar el origen legal de los recursos y su aplicación; por la otra, cumplir con las normas de equidad electoral. El INE ha actuado en consecuencia respecto a la elección en Nuevo León y la campaña del PVEM. Sin embargo, es necesario mejorar el marco legal para dar claridad a los alcances de la autoridad y a los derechos de ciudadanos, partidos y candidatos.
