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07.08.2026 México.- El medio de comunicación Latinus respondió este viernes a la controversia generada por los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias propuestos por el gobierno federal y acusó a la administración de Claudia Sheinbaum de intentar establecer mecanismos que podrían terminar afectando la libertad de expresión y el trabajo de los medios críticos.
En un posicionamiento publicado el 7 de agosto bajo el título “Contra la censura”, el medio sostuvo que la propuesta gubernamental representa un riesgo para los medios de comunicación que mantienen una postura crítica frente al poder y advirtió que no modificará su línea editorial.
“Latinus apuesta por audiencias críticas, no por audiencias reguladas”, señala el documento, en el que la plataforma reivindica su derecho a realizar investigaciones y cuestionar al gobierno.
El pronunciamiento ocurre en medio de una controversia que comenzó después de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sometiera a consulta pública un anteproyecto denominado “Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias”.
El proyecto fue presentado oficialmente el 24 de julio y la consulta estará abierta hasta el 21 de agosto. De acuerdo con la CRT, su propósito es establecer mecanismos para garantizar que las audiencias de radio y televisión puedan acceder a contenidos e información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente.
Entre las obligaciones planteadas para los concesionarios se encuentra contar con un código de ética y un defensor de las audiencias, además de establecer mecanismos para que las personas puedan presentar quejas cuando consideren vulnerados sus derechos. El proyecto también contempla que la autoridad reguladora pueda intervenir en determinados casos cuando una persona no esté conforme con la respuesta del defensor o cuando el medio no atienda una recomendación.
Es precisamente este último aspecto el que ha generado preocupación entre periodistas, medios de comunicación y sectores de oposición, que advierten sobre el riesgo de que una regulación diseñada para proteger a las audiencias termine convirtiéndose en un mecanismo de presión sobre los contenidos periodísticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado reiteradamente esa interpretación.
“No hay censura, ni va a haber censura”, afirmó la mandataria el pasado 29 de julio al referirse a los lineamientos, y explicó que se trata de disposiciones derivadas de cambios legales aprobados previamente y que actualmente se encuentran en un proceso de consulta pública.
Sheinbaum también ha defendido que el objetivo es garantizar el derecho de las audiencias y fortalecer la autorregulación de los medios, no determinar desde el gobierno qué información puede publicarse.
“Es un proceso de autorregulación del medio”, explicó la presidenta al abordar el contenido de la propuesta.
Sin embargo, Latinus considera que el problema está precisamente en la posibilidad de que un órgano regulador tenga capacidad de intervenir cuando una audiencia considere que sus derechos fueron vulnerados.
En su posicionamiento, el medio afirma que la propuesta “es el marco para alcanzar el control deseado desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder” y sostiene que el objetivo sería terminar con los medios que ejercen su derecho a la crítica.
Latinus también compara el modelo propuesto con mecanismos utilizados durante el gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y cuestiona que una figura encargada de proteger los derechos de las audiencias pueda terminar aplicando sanciones a los medios.
La acusación es política y editorial de Latinus, no una conclusión establecida sobre el contenido de los lineamientos. De hecho, el anteproyecto se encuentra todavía en consulta pública y puede ser modificado antes de su eventual aprobación.
La propia información oficial de la CRT establece que organizaciones civiles, académicos, concesionarios, radioescuchas y televidentes pueden presentar observaciones y propuestas durante el periodo de consulta.
El debate de fondo es, por tanto, dónde debe establecerse el límite entre el derecho de las audiencias a recibir información clara y plural y la obligación del Estado de respetar la libertad de expresión y la independencia editorial de los medios.
Latinus sostiene que ese límite está siendo rebasado y que la regulación podría terminar generando un mecanismo de presión sobre los contenidos.
En su comunicado, el medio también acusa al gobierno de haber utilizado distintas herramientas institucionales para presionar a periodistas y medios críticos. Afirma que las amenazas han incluido investigaciones penales y la exposición de datos personales de periodistas, directivos y colaboradores.
“Tenemos CLARÍSIMO de qué se trata esta embestida y contra quiénes va la presidenta”, afirmó por separado el periodista Carlos Loret de Mola al reaccionar al posicionamiento.
“No nos va a doblar, a someter ni a domesticar. Seguiremos investigando. Seguiremos haciendo periodismo. Contra eso no puede”, añadió.
La declaración refuerza el tono de confrontación que ha caracterizado la relación entre Loret de Mola, Latinus y los gobiernos de Morena. Desde la administración de López Obrador, el periodista y la plataforma han sido objeto de constantes señalamientos y críticas desde el poder, mientras que Latinus ha publicado investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y conflictos de interés relacionados con integrantes de la llamada Cuarta Transformación.
El propio posicionamiento de Latinus recupera esa historia y sostiene que su obligación es mantener una línea crítica independientemente de quién ocupe la Presidencia.
“Desde su nacimiento, el deber de Latinus ha sido claro: ser un medio que ejerza la crítica fundada hacia el gobierno en turno”, señala el documento.
La plataforma asegura además que no modificará su postura ante la posibilidad de que las nuevas reglas tengan consecuencias para los medios.
“Tenemos un deber con la libertad de expresión”, sostiene el comunicado.
La controversia llega en un momento particularmente sensible para la relación entre medios y poder público en México. El gobierno de Sheinbaum ha insistido en que la regulación no pretende censurar a periodistas, mientras que sus críticos advierten que cualquier mecanismo mediante el cual una autoridad pueda intervenir ante contenidos considerados contrarios a los derechos de las audiencias debe contar con límites muy claros para evitar interpretaciones discrecionales.
El proyecto, por ahora, no constituye todavía una regulación definitiva. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, por lo que las observaciones presentadas por medios, periodistas, especialistas, organizaciones y ciudadanos podrían modificar su contenido.
La discusión tampoco se limita a Latinus. Otros medios, periodistas, organizaciones y actores políticos han expresado preocupaciones similares, mientras que el gobierno sostiene que el fortalecimiento de los derechos de las audiencias es una obligación legal y que las reglas buscan que las personas tengan herramientas para reclamar cuando consideren que un contenido vulnera sus derechos.
En ese choque de posiciones se encuentra el punto central del debate: para el gobierno, proteger a las audiencias implica establecer reglas que obliguen a los concesionarios a transparentar sus códigos de ética, diferenciar información de opinión y ofrecer mecanismos de defensa para quienes reciben los contenidos; para los medios críticos, la intervención de una autoridad en ese proceso puede convertirse en una puerta hacia la censura o la autocensura.
Latinus ha dejado claro cuál será su postura frente a esa discusión. No sólo rechaza los lineamientos tal como están planteados, sino que presenta el conflicto como una disputa por el derecho de los medios a investigar y cuestionar al poder.
Y Loret de Mola, con su mensaje, elevó todavía más el tono de la confrontación: “Seguiremos investigando. Seguiremos haciendo periodismo”.
La batalla, por ahora, no está definida. Los lineamientos continúan en consulta pública y el gobierno tendrá que demostrar que las reglas que pretende aplicar pueden proteger efectivamente a las audiencias sin convertirse en instrumentos para limitar la crítica. Los medios, por su parte, tendrán que defender la libertad de expresión sin perder de vista que el derecho de las audiencias a recibir información rigurosa, plural y claramente diferenciada de la opinión también forma parte de una democracia.
El desenlace de esta consulta será, por ello, mucho más que un asunto administrativo. Pondrá a prueba hasta dónde puede llegar la regulación del Estado sobre los medios sin cruzar la frontera que separa la protección de las audiencias de la censura.