*La titular de la Secretaría de las Mujeres informó sobre programas y recursos para refugios, pero también señaló la necesidad de revisar las AVGM.
31.10.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- La igualdad sustantiva, el acceso a la justicia y la prevención de las violencias contra las mujeres siguen siendo desafíos para el Estado mexicano. Así lo reconoció Laura Itzel Castillo Juárez, titular de la Secretaría de las Mujeres, durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, realizada este 28 de octubre como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
A menos de dos meses de asumir el cargo, el 3 de septiembre de 2026, Castillo Juárez afirmó que su gestión buscará consolidar los avances de la institución y atender las tareas pendientes. Sin embargo, los propios temas que expuso colocan sobre la mesa retos que van más allá de la continuidad de los programas: garantizar que las leyes se traduzcan en derechos efectivos, fortalecer las instituciones encargadas de investigar las violencias y reducir las brechas que afectan a millones de mujeres.
Durante su mensaje, la secretaria señaló que, incluso si se mantiene el ritmo actual de avance, México tardaría poco más de 100 años en alcanzar la igualdad sustantiva, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por ella.
La funcionaria reconoció que persisten barreras económicas, sociales, territoriales y étnicas que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos, por lo que sostuvo que la política de igualdad debe priorizar a quienes enfrentan pobreza, exclusión y discriminación.
Feminicidio y acceso a la justicia, entre los pendientes
Uno de los desafíos centrales es garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género. Castillo Juárez reconoció que el feminicidio continúa siendo una de las expresiones más extremas de violencia contra las mujeres.
La secretaria reportó una disminución de 5 por ciento en el promedio diario de feminicidios entre 2015 y el periodo de enero a septiembre de 2026. No obstante, advirtió que esa reducción no es suficiente para considerar resuelto el problema.
“Como mujer, con ninguna cifra nos podemos dar por satisfechas”, expresó durante su comparecencia.
También señaló que, mediante la Línea 079, opción 1, se ha identificado que 33 por ciento de las llamadas corresponde a situaciones de violencia crítica. Según explicó, la detección oportuna permite brindar atención especializada e intervenir antes de que la violencia escale.
A estos desafíos se suma la necesidad de que las fiscalías cuenten con áreas especializadas para investigar delitos relacionados con las violencias contra las mujeres y actúen con perspectiva de género.
En ese contexto, Castillo Juárez mencionó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión. Su discusión y eventual implementación serán parte del proceso para evaluar si los cambios normativos se traducen en mejores condiciones de prevención, investigación y acceso a la justicia.
Refugios y presupuesto para 2027
La atención a mujeres en riesgo también forma parte de los retos de la dependencia. De acuerdo con las cifras presentadas por Castillo Juárez, durante 2026 la Secretaría apoyó 90 proyectos de refugios, casas de emergencia y casas de transición en 30 entidades federativas.
Hasta junio de este año, estos espacios atendieron a 11 mil 559 personas, entre mujeres y sus hijas e hijos, mediante 454 mil 449 servicios psicológicos, jurídicos, médicos y de trabajo social.
Para 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un incremento de 17 millones 640 mil pesos para estos espacios respecto de 2026, según informó la secretaria.
Aunque el aumento anunciado representa un dato relevante para el seguimiento presupuestal, el reto también consiste en garantizar que los recursos sean suficientes y oportunos para sostener la atención especializada y la protección de quienes necesitan salir de contextos de violencia.
La titular afirmó que la dependencia busca mantener la colaboración con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que operan refugios, y aseguró que la Secretaría continuará abierta a atenderlas.
Secretaría plantea revisar las alertas de violencia de género
Otro de los asuntos que Castillo Juárez puso sobre la mesa fue la revisión de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
La secretaria consideró que este mecanismo requiere analizar sus objetivos, efectividad y seguimiento a la luz de los cambios institucionales realizados desde 2018. Sostuvo que las alertas surgieron en un contexto distinto al actual y planteó la necesidad de revisar su funcionamiento.
Esta postura abre un tema relevante para la rendición de cuentas: cómo evaluar la eficacia de las alertas sin debilitar las medidas de prevención, protección y respuesta ante la violencia feminicida, ni dejar sin atención las demandas de las mujeres y organizaciones que han recurrido a ellas.
En su mensaje, la funcionaria también destacó el acuerdo de colaboración voluntaria suscrito con Google, Meta y TikTok para combatir las violencias digitales, así como las acciones de coordinación entre dependencias federales.
No obstante, la existencia de acuerdos y mecanismos institucionales no sustituye la necesidad de evaluar sus resultados, su alcance y la respuesta que reciben las mujeres que denuncian violencia.
De los programas a los derechos efectivos
Al reconocer los pendientes de la institución, Castillo Juárez señaló que la igualdad requiere fortalecer la autonomía económica de las mujeres y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados. También destacó la necesidad de transformar las relaciones de desigualdad en los espacios digitales y en la vida cotidiana.
La secretaria se comprometió a mantener la coordinación con instituciones federales y congresos locales para avanzar en la armonización legislativa en materia de igualdad sustantiva.
Tras su llegada a la dependencia, la tarea será dar seguimiento a estos compromisos y evaluar si las políticas, los recursos y los mecanismos de coordinación se traducen en mejores condiciones de vida para niñas, adolescentes y mujeres.
La propia funcionaria reconoció que los avances normativos e institucionales no cumplen su propósito si no llegan a las comunidades. El desafío, por tanto, será convertir los programas y compromisos presentados ante el Congreso en garantías efectivas de igualdad, protección y acceso a la justicia.