*El proceso contra Mario N. aún espera sentencia.
*El exgobernador pide su absolución y niega haber ordenado la tortura
30.10.2026, Quintana Roo.- La periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho exigió que se aplique la pena máxima por el delito de tortura contra Mario N., durante la audiencia de alegatos de clausura del proceso judicial que enfrenta por las agresiones cometidas contra ella en 2005. También demandó una disculpa pública del acusado, como parte de las medidas de reconocimiento y reparación por los daños sufridos.
La exigencia llega después de casi 21 años de una batalla judicial marcada por obstáculos, impunidad y la búsqueda de justicia por la detención arbitraria, los traslados y las torturas que denunció la periodista tras publicar el libro Los demonios del Edén, una investigación sobre redes de explotación sexual infantil y protección de personajes con poder político y económico.
Durante la etapa final del juicio, Cacho sostuvo su exigencia de que los hechos sean juzgados con la gravedad que corresponde y que la responsabilidad de quienes participaron en las agresiones no quede reducida a una resolución sin consecuencias.
La audiencia de alegatos de clausura representa una fase decisiva del procedimiento: las partes presentan sus argumentos finales antes de que el órgano jurisdiccional determine si existen elementos suficientes para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria.
El encuentro tuvo un significado particular porque fue la primera vez que la periodista y el exmandatario estuvieron frente a frente, aunque de manera virtual, desde los acontecimientos de diciembre de 2005. Cacho participó desde España, país en el que reside desde 2019 como víctima de desplazamiento forzado, mientras que Marín compareció desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
La diligencia se realizó el jueves 29 de octubre ante la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún, Quintana Roo. Durante su intervención, la periodista se dirigió directamente al exgobernador y le pidió que la mirara mientras exponía su acusación.
“Es la primera vez que tengo enfrente a mi agresor, y le voy a pedir que me mire cuando le hablo”, expresó.
Cacho responsabilizó a Marín de haber utilizado el poder político y las instituciones del estado de Puebla para castigarla por su trabajo periodístico. Recordó las conversaciones telefónicas que se hicieron públicas entre el entonces gobernador y el empresario Kamel Nacif Borge, en las que Marín hizo referencia a haber enviado a darle un “coscorrón” a la periodista.
“Usted es responsable de haberme torturado, los policías hablaban de usted y las órdenes que les iba dando por teléfono”, sostuvo durante la audiencia.
La comunicadora también recordó que desde 2003 había asumido el compromiso de investigar y denunciar los abusos contra niñas víctimas de explotación sexual, una promesa que, afirmó, mantuvo a pesar de las amenazas y las agresiones que posteriormente sufrió.
“Yo en 2003, su señoría, le prometí a las niñas víctimas de Succar Kuri, de Kamel Nacif y todos sus cómplices, abusadores sexuales, les prometí que no cedería ante la violencia, las amenazas y ninguna otra cosa que me hicieran, hasta no ganar esta batalla”, manifestó.
En su exposición, explicó que considera que el proceso no representa únicamente una exigencia individual, sino un reclamo relacionado con el uso de las instituciones públicas para proteger intereses particulares y redes de explotación sexual.
“Mi batalla como ciudadana no es individual, es una batalla colectiva de un país que está cansado de que gobernadores como usted, Mario Marín Torres, decidan utilizar el poder como gobernadores constitucionales para utilizar el aparato del Estado y manipular al sistema judicial para favorecer a los grupos de delincuencia organizada”, señaló.
Además de la condena de 12 años, la periodista pidió que el exgobernador ofrezca una disculpa pública por las agresiones y por el uso de las instituciones en su contra. La exigencia de reparación también contempla a la sociedad poblana, a la que considera afectada por el funcionamiento de un aparato de poder que, según su denuncia, fue utilizado para intimidarla y castigarla.
La Fiscalía también pide 12 años de prisión
La exigencia de Lydia Cacho coincide con la postura de la Fiscalía General de la República, cuya representación solicitó que Mario Marín sea condenado a la pena máxima prevista en la legislación aplicable cuando ocurrieron los hechos.
La sanción solicitada es de 12 años de prisión, conforme al marco legal vigente en Quintana Roo en diciembre de 2005, cuando fue detenida la periodista.
La representación ministerial sostuvo que existen elementos para acreditar la responsabilidad del exgobernador en el delito de tortura. La acusación considera tanto las circunstancias de la detención como el contexto de las comunicaciones y las instrucciones relacionadas con el traslado de la comunicadora.
La defensa de Cacho, encabezada por Araceli Andrade Tolama, también cuestionó los argumentos de la contraparte sobre la ausencia de una orden escrita del entonces gobernador.
La abogada sostuvo que sería absurdo exigir que un funcionario de ese nivel hubiera dejado constancia documental de una instrucción para torturar a una periodista. Por ello, pidió que las pruebas se examinen de manera integral y considerando el contexto político e institucional en el que sucedieron las agresiones.
Uno de los elementos centrales del expediente son las grabaciones telefónicas entre Marín y Kamel Nacif, empresario señalado por Cacho en sus investigaciones sobre explotación sexual infantil. La defensa del exmandatario cuestionó la legalidad de esas conversaciones y su valor para acreditar la responsabilidad penal.
Mario Marín pide su absolución y niega haber ordenado la tortura
Durante la misma audiencia, el exgobernador rechazó las acusaciones y solicitó a la jueza que dicte una sentencia absolutoria y ordene su liberación.
Marín argumentó que no existen pruebas materiales suficientes para demostrar que ordenó la detención y tortura de la periodista. También sostuvo que en las conversaciones telefónicas difundidas públicamente no se menciona directamente el nombre de Lydia Cacho.
Su abogada, Pamela de Jesús Ramírez Cruz, cuestionó la validez de las grabaciones y señaló que no pueden utilizarse para establecer automáticamente la responsabilidad de su representado.
La defensa también hizo referencia a la resolución judicial que favoreció al empresario Kamel Nacif en el proceso relacionado con las acusaciones de tortura contra la periodista.
De esta manera, mientras la Fiscalía y la representación legal de Cacho solicitaron una condena de 12 años, el exmandatario y su defensa insistieron en que debe ser absuelto por falta de pruebas suficientes.
Veintiún años de un caso que exhibió el uso del poder contra una periodista
El origen del proceso se encuentra en la publicación de Los demonios del Edén, libro en el que Lydia Cacho documentó una red de explotación sexual infantil y señaló los vínculos de empresarios y personajes con influencia política.
El 16 de diciembre de 2005, la periodista fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada por carretera a Puebla, en un recorrido que se prolongó durante aproximadamente 20 horas.
Durante ese trayecto denunció amenazas, incomunicación, agresiones físicas y psicológicas, así como intimidaciones relacionadas con las investigaciones periodísticas que había realizado.
El caso adquirió notoriedad nacional después de la difusión de las conversaciones entre Mario Marín y Kamel Nacif, en las que el entonces gobernador se refirió de manera despectiva a la comunicadora y habló sobre las acciones emprendidas en su contra.
La detención y las agresiones denunciadas generaron pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que México había vulnerado los derechos de Cacho y pidió garantizar una investigación efectiva, sanciones y reparación.
El proceso penal contra Marín avanzó durante años entre órdenes de aprehensión, recursos judiciales y cambios en las medidas cautelares. El exgobernador fue detenido en febrero de 2021 y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano.
La audiencia de clausura del 29 de octubre representa uno de los momentos más importantes de un expediente que ha permanecido abierto durante más de dos décadas. Sin embargo, la presentación de los alegatos no significa que exista ya una condena.
La jueza deberá estudiar los argumentos de ambas partes y revisar los 66 tomos que integran la causa penal antes de emitir su resolución. De acuerdo con lo informado al concluir la diligencia, dispone de un plazo de hasta 60 días para resolver, aunque existe un amparo promovido por la defensa de Marín relacionado con su situación de prisión preventiva y su estado de salud que también está pendiente de resolución.
Por ahora, el exgobernador permanece recluido y no existe sentencia definitiva por el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho.