*Hay al menos 27 detenidos, muchas mujeres jóvenes que fueron golpeadas y arrastradas por la policía.
11.10.2026., Guadalajara, Jalisco.- La protesta por el derecho al agua terminó con policías antimotines, chorros a presión y denuncias de detenciones frente a Casa Jalisco.
Miles de personas recorrieron las calles de Guadalajara para exigir que el gobierno de Pablo Lemus resuelva una crisis que lleva meses afectando a hogares de la zona metropolitana, donde vecinos reportan agua turbia, con olores desagradables y sedimentos. La intervención policial convirtió una demanda por un servicio básico en una confrontación que ahora exige explicaciones sobre el uso de la fuerza y la situación de las personas detenidas.
La movilización de este domingo 11 de octubre partió de la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador de Movimiento Ciudadano. Las familias llevaron pancartas y lanzaron consignas para reclamar una solución concreta a un problema que ha alterado actividades cotidianas como bañarse, lavar ropa, preparar alimentos y mantener condiciones adecuadas de higiene.
“¡El agua es un derecho, no un privilegio!”, “¡Queremos agua, no represión!” y “¡No es desfile, es protesta!” fueron algunas de las expresiones que acompañaron la marcha. El reclamo no se limitó a la apariencia del líquido: los habitantes exigieron conocer qué está provocando el deterioro de su calidad, qué medidas se aplicarán para corregirlo y cuándo podrán disponer de agua segura en sus viviendas.
El contingente llegó a las inmediaciones de Casa Jalisco alrededor de las 13:00 horas. Allí aumentó la tensión después de que un grupo de inconformes comenzó a derribar las vallas metálicas que protegían el inmueble. Policías estatales equipados para el control de multitudes intervinieron y utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a quienes se encontraban en el lugar.
Los reportes periodísticos describieron enfrentamientos entre algunos participantes y los agentes. También señalaron que hubo lanzamiento de piedras y otros objetos por parte de un grupo de manifestantes. Este contexto es relevante para reconstruir lo sucedido, pero no elimina la obligación de las autoridades de explicar las decisiones operativas, justificar el uso de la fuerza y garantizar que cualquier intervención se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La confrontación dejó reportes de personas lesionadas y detenciones. Durante la jornada circularon en redes sociales denuncias sobre personas que supuestamente permanecían retenidas dentro de Casa Jalisco, así como exigencias para conocer su paradero. Sin embargo, al cierre de los primeros informes no existía un balance oficial consolidado que permitiera establecer con certeza el número total de detenidos, lesionados o personas que necesitaron atención médica.
La falta de información oficial precisa sobre estos hechos incrementó las exigencias de transparencia. Las autoridades deben informar cuántas personas fueron detenidas, bajo qué motivos, dónde se encuentran y si tienen acceso a representación legal y atención médica. También corresponde investigar las denuncias sobre el trato recibido durante el operativo.
La protesta puso en evidencia una contradicción difícil de ignorar: mientras miles de habitantes piden garantías para acceder a agua de calidad, la respuesta a una parte de la movilización terminó marcada por el despliegue de la fuerza pública. Resolver la crisis hídrica y rendir cuentas sobre la actuación policial son responsabilidades distintas, pero igualmente necesarias.
La crisis del agua ya había escalado antes de la marcha. El 6 de octubre, Lemus reconoció públicamente la gravedad del problema y anunció que dejaría de utilizar temporalmente el agua procedente de la presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala para reducir el ingreso de líquido de mala calidad a los hogares. La medida suponía una reducción de hasta 2.5 metros cúbicos por segundo en la distribución, durante al menos seis meses, mientras avanzaban obras de infraestructura.
El gobernador atribuyó parte del deterioro a descargas irregulares detectadas a lo largo del canal de Las Pintas y a la mezcla de agua con residuos procedentes del sur de la ciudad. También reconoció que durante años no se habían realizado las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura de potabilización. Estas explicaciones oficiales, sin embargo, no han disipado el descontento de quienes siguen denunciando problemas en el agua que sale de sus llaves
El recorte anunciado implica otro costo para la población: además de lidiar con la incertidumbre sobre la calidad del suministro, numerosas familias tendrán que afrontar posibles interrupciones o reducciones del servicio. En hogares con niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad o integrantes que requieren cuidados cotidianos, la falta de agua segura representa una carga adicional de tiempo y dinero.
La indignación también responde a que pagar por el servicio no garantiza que el agua recibida pueda utilizarse con confianza. Habitantes de distintas colonias han denunciado que deben comprar agua embotellada para beber y cocinar, mientras destinan recursos adicionales a cubrir necesidades domésticas que deberían atenderse con un suministro adecuado.
La dimensión del problema es metropolitana. Guadalajara y los municipios que integran su zona conurbada concentran a más de cinco millones de habitantes, por lo que la crisis rebasa la capacidad de respuesta de una sola colonia o municipio y exige coordinación entre el gobierno estatal, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), las autoridades municipales y las instancias federales.
Tras la intervención policial, Morena Jalisco condenó el uso de la fuerza y pidió liberar a las personas detenidas, investigar el operativo y evitar la criminalización de la protesta. El senador Carlos Lomelí también cuestionó que una demanda por un servicio básico recibiera como respuesta gases lacrimógenos y chorros de agua sin dar una solución.
La exigencia de agua limpia no desaparece con la dispersión de una manifestación. Tampoco se resuelve con anuncios de obras o con la reducción temporal del abastecimiento si las familias continúan sin certeza sobre lo que reciben en sus hogares advierten especialistas..