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13.08.2026., Ciudad de México.- La ministra Lenia Batres Guadarrama acusó a integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener una “animadversión insana” en su contra, luego de que la mayoría rechazó varios planteamientos contenidos en uno de sus proyectos y ella optó por retirarlo durante la sesión.
El intercambio ocurrió este jueves, cuando el Pleno analizaba una contradicción de criterios de carácter administrativo. Ante las objeciones de sus compañeros, Batres cuestionó que las diferencias fueran exclusivamente jurídicas y relacionó el rechazo con un oficio que había enviado ese mismo día al Órgano de Administración Judicial sobre el presupuesto de la Suprema Corte para 2027.
“Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones, y de verdad, quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, expresó la ministra durante la sesión.
La acusación abrió un nuevo episodio de confrontación dentro del máximo tribunal, cuya integración comenzó funciones en septiembre de 2025 después de la elección judicial. Batres fue una de las nueve personas electas para integrar la nueva Corte y actualmente forma parte del Pleno que encabeza el ministro Hugo Aguilar Ortiz.
El señalamiento de la ministra apareció después de que sus compañeros formularan objeciones al proyecto que presentó. Batres decidió retirar el asunto para recibir observaciones y modificar, en su caso, los planteamientos antes de volver a presentarlo.
La ministra, sin embargo, estableció una relación entre lo ocurrido en la sesión y su postura respecto del presupuesto del máximo tribunal. Según el documento que posteriormente difundió, la Corte aprobó solicitar para 2027 recursos por 6 mil 104 millones de pesos, cantidad que representa un incremento de 17.2 por ciento respecto del presupuesto autorizado para 2026.
Batres cuestionó ese aumento y sostuvo que el gasto propuesto contraviene las obligaciones de austeridad que, a su consideración, también deben observarse dentro del Poder Judicial.
En el oficio dirigido al Órgano de Administración Judicial, la ministra señaló que, de aprobarse el incremento presupuestal, “habrían sido nugatorios los esfuerzos de austeridad realizados”, y citó como fundamento la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad Republicana.
La ministra también cuestionó la decisión de restituir el seguro de gastos médicos mayores para más de 300 trabajadores de la Suprema Corte. De acuerdo con su escrito, esa prestación había sido eliminada el año anterior y su reincorporación se realizó sin un estudio previo, además de que, desde su perspectiva, contraviene disposiciones de la legislación en materia de austeridad.
La relación entre ambos acontecimientos fue rechazada por los integrantes del Pleno.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz manifestó que apenas se había enterado de la existencia del oficio mencionado por Batres. Su respuesta ocurrió durante la transmisión pública de la sesión, cuando el intercambio entre los integrantes de la Corte comenzó a subir de tono.
“Acabo de enterarme”, respondió Aguilar, de acuerdo con el reporte sobre la sesión.
Yasmín Esquivel Mossa también respondió a la ministra y rechazó que las intervenciones de los ministros pudieran interpretarse como ataques personales. La juzgadora sostuvo que las objeciones estaban dirigidas al proyecto sometido a consideración del Pleno y no contra quien lo presentó.
“Señalar que es insano lo que se está presentando aquí… No veo dónde está ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la ministra ponente. Son expresiones en contra del proyecto que se nos presenta”, respondió Esquivel.
La ministra agregó que sería necesario conocer el contenido del oficio relacionado con el presupuesto, debido a que los integrantes del Pleno se enteraban de su existencia en ese momento.
El episodio ocurre dentro de una Corte que ha registrado diferencias entre sus integrantes desde el inicio de la nueva integración. Batres ha mantenido posiciones discrepantes en distintos asuntos sometidos al Pleno y en varias ocasiones ha emitido votos particulares o ha cuestionado decisiones adoptadas por la mayoría.
La discusión presupuestal constituye otro de los puntos de diferencia. La nueva Suprema Corte comenzó su etapa actual bajo un discurso de reducción de privilegios y aplicación de medidas de austeridad, después de que la reforma judicial modificara la integración, duración y forma de elección de sus integrantes.
Los nueve ministros fueron electos mediante voto popular el 1 de junio de 2025. El acuerdo del Instituto Nacional Electoral que formalizó los resultados estableció que Hugo Aguilar obtuvo 5 millones 900 mil 789 votos, mientras que Lenia Batres consiguió 5 millones 534 mil 681. Yasmín Esquivel quedó en tercer lugar, con 4 millones 985 mil 925 sufragios.
Ese resultado electoral es relevante para otro de los conflictos que rodean actualmente a Batres: la sucesión de la presidencia de la Suprema Corte.
La Constitución establece en el artículo 94 que la presidencia de la SCJN se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos obtenidos por cada candidatura en la elección correspondiente, y que la responsabilidad corresponde a quienes hayan alcanzado la mayor votación.
Con ese mecanismo, Hugo Aguilar asumió la presidencia de la Corte por ser el ministro que obtuvo el mayor número de votos en la elección judicial. Batres quedó en segundo lugar, por lo que bajo una interpretación del artículo 94 sería quien ocuparía la presidencia en el siguiente periodo de dos años.
Sin embargo, la sucesión no está definida.
El problema deriva de que el artículo 97 constitucional conserva disposiciones relacionadas con la elección de la presidencia por parte del propio Pleno, lo que ha generado una contradicción normativa con el mecanismo de rotación establecido en el artículo 94. Esta discrepancia deberá ser resuelta antes de que concluya el primer periodo de Aguilar.
La propia discusión sobre la presidencia ha comenzado a generar posiciones encontradas dentro y fuera del tribunal. Una interpretación sostiene que debe aplicarse el artículo 94 y respetarse el orden derivado de los votos obtenidos en la elección judicial. Otra posibilidad parte de la vigencia del artículo 97 y de la atribución del Pleno para determinar quién ocupará la presidencia.
El artículo 94, además, fue actualizado en junio de 2026 y mantiene expresamente que la presidencia se renovará cada dos años de forma rotatoria conforme a la votación obtenida por las candidaturas.
Por ahora, el ministro Hugo Aguilar ha señalado que no considera prudente abordar la sucesión antes de enero de 2027, mientras continúa la discusión sobre la interpretación constitucional que deberá aplicarse.
El escenario coloca a Batres en una situación particular. Su posición como segunda ministra más votada la coloca en la ruta prevista por el artículo 94 para ocupar la presidencia en el segundo periodo, pero la existencia de una disposición constitucional que mantiene otro procedimiento impide afirmar que su llegada al cargo esté jurídicamente resuelta.
En ese contexto se produjo el enfrentamiento de este jueves.
La ministra vinculó las diferencias alrededor de su proyecto con su posición sobre el presupuesto de la Corte, mientras que sus compañeros sostuvieron que las objeciones correspondían al análisis jurídico del asunto sometido al Pleno.
El intercambio también mostró las diferencias que persisten sobre el manejo de los recursos del máximo tribunal. Batres cuestiona que la institución solicite más de 6 mil millones de pesos para 2027 y que se reincorporen prestaciones que habían sido eliminadas, mientras que la mayoría aprobó el proyecto presupuestal que contempla el incremento.
La cifra de 6 mil 104 millones de pesos representa un aumento de 17.2 por ciento frente al monto autorizado para la Corte en 2026. El documento de Batres cuestiona tanto el incremento general como la restitución del seguro de gastos médicos mayores para trabajadores del tribunal.
El desacuerdo presupuestal se suma a las diferencias jurídicas que han aparecido en las sesiones del Pleno y a la discusión pendiente sobre la sucesión de la presidencia.
Batres, por su parte, retiró el proyecto cuestionado y pidió recibir las observaciones de sus compañeros antes de volver a someterlo a consideración. La mayoría de los ministros negó que sus intervenciones respondieran a una animadversión personal y defendió que las diferencias se relacionaban con el contenido de la propuesta.
El episodio deja nuevamente expuesta la división entre los integrantes de la nueva Suprema Corte, mientras el tribunal se acerca al momento en que deberá definir cómo se aplicará la regla constitucional para renovar su presidencia en 2027 y quién ocupará el cargo después del periodo de Hugo Aguilar.