* Nuevo informe analiza la ley e insta a que se derogue.
/ Rebecca Hendin para Human Rights Watch /
Una ley de Michigan que exige a una persona joven obtener el consentimiento parental para someterse a un aborto amenaza la salud y la seguridad de las personas jóvenes en el estado y viola sus derechos humanos.
En algunos casos, informar sobre el embarazo a uno de los padres daría lugar a que la persona sufra abusos o se vea obligada a abandonar el hogar o a continuar el embarazo, y la excepción judicial (judicial bypass) podría ser subjetiva y causar demoras.
El consentimiento parental obligatorio previsto en Michigan por la ley sobre aborto debe derogarse de inmediato para preservar la seguridad y dignidad de las personas jóvenes.
(Nueva York) – Una ley de Michigan amenaza la salud y la seguridad de las personas jóvenes en el estado y viola sus derechos humanos al exigir que obtengan el consentimiento parental para someterse a un aborto, indica un nuevo informe publicado hoy por Human Rights Watch, American Civil Liberties Union (ACLU) de Michigan y Michigan Organization on Adolescent Sexual Health (MOASH).
Cómo perjudica a las personas jóvenes la ley de Michigan que obliga a los padres a dar su consentimiento para el aborto
El informe de 39 páginas, “In Harm’s Way: How Michigan’s Forced Parental Consent for Abortion Law Hurts Young People” (“En peligro: Cómo perjudica a las personas jóvenes la ley de Michigan que obliga a los padres a dar su consentimiento para el aborto”), examina el impacto de una ley de Michigan que exige que las personas de menos de 18 años que pretenden someterse a un aborto tengan el consentimiento escrito de alguno de sus padres o su tutor legal u obtengan la aprobación de un juez a través de un proceso conocido como “excepción judicial (judicial bypass)”.
El informe concluyó que algunas personas jóvenes temen que informar sobre un embarazo a uno de sus padres tenga como resultado abusos físicos o emocionales, ser obligadas a irse de la casa, verse forzadas a continuar el embarazo en contra de su voluntad o ser excluidas de sus familias. La alternativa a esto, que sería la excepción judicial, puede ser invasiva, angustiante e incluso traumatizante para las personas jóvenes, concluyó el informe.
Las decisiones adoptadas por jueces pueden ser sumamente subjetivas, y podría ocurrir que quienes se oponen al aborto obstaculicen indebidamente la posibilidad de las personas jóvenes de recibir atención. El trámite de excepción judicial a menudo retrasa la atención una semana o más, restringiendo las ya limitadas y urgentes opciones de atención médica de las pacientes.
“Nadie debería tener que enfrentarse a un juez para acceder a atención de la salud básica”, explicó Jo Becker, directora de defensa de los derechos de niños y niñas de Human Rights Watch. “Michigan debería derogar esta ley dañina y deshumanizante”.
El informe se basa en datos judiciales de 2007 a 2022, entrevistas exhaustivas con más de una veintena de expertos de Michigan, incluidos abogados especializados en excepción judicial, proveedores de atención de la salud y defensores de la justicia reproductiva, así como análisis de datos del Departamento de Salud del estado y otros registros estatales. Las conclusiones del informe incluyen también las siguientes:
Alrededor de 700 jóvenes (en su mayoría de 16 y 17 años) se someten a abortos en Michigan cada año, y más del 85% hace partícipe a alguno de sus padres en la decisión sobre el aborto.
Cuando una persona joven no involucra a alguno de sus padres, a menudo se debe a que le inquieta su seguridad y su bienestar. Un proveedor de atención de la salud señaló que una clienta joven le dijo: “No puedo decírselo a mis padres porque literalmente me pegarán, me echarán y estaré en la calle”.
Algunas personas jóvenes no tienen acceso a un progenitor o tutor legal debido a una enfermedad, la muerte o el encarcelamiento de alguno de ellos; desafíos para establecer o demostrar la tutela legal; o por otras razones.
Los datos de tribunales estatales revelan que cada año alrededor de 100 personas jóvenes —aproximadamente el 14% de las personas menores de 18 años que abortan en el estado— pasan por el proceso de exención.
Las personas jóvenes enfrentan obstáculos logísticos durante todo el proceso de excepción judicial, como encontrar un abogado, programar y asistir a audiencias, tomarse tiempo fuera de la escuela y asegurar el transporte hasta la audiencia.
Algunos abogados dijeron que hay jueces que hacen comentarios estigmatizantes o dieron sermones degradantes a sus clientes antes de aceptar sus peticiones. Un abogado contó sobre una ocasión en la que un juez preguntó a su clienta: “¿Sabes que algunas personas que abortan se arrepienten más adelante en la vida?”. Otro abogado señaló que un juez sermoneó a su clienta sobre la adopción como alternativa al aborto, y se refirió a la situación de las parejas que no podían tener hijos.
El tiempo que se precisa para el trámite de excepción judicial podría dejar a las personas jóvenes sin derecho a un aborto con medicamentos, lo cual las obliga a recurrir a procedimientos más costosos e invasivos.
La ley obliga a algunas personas jóvenes a involucrar en sus decisiones sobre aborto a padres que no las apoyan o que son abusivos, incluso cuando esto no es conveniente a sus intereses. Un proveedor de atención de la salud señaló que había atendido a varias personas jóvenes cuyos padres le pidieron que no les administrara analgésicos durante los procedimientos de aborto.
“El consentimiento obligatorio de los padres no solo viola el derecho constitucional de una persona joven a tomar decisiones sobre su salud reproductiva, sino que además posterga innecesariamente la atención y perjudica a las personas jóvenes embarazadas”, expresó Merissa Kovach directora política de ACLU de Michigan. “Por eso, la Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics), la Asociación Médica Estadounidense (American Medical Association) y la Sociedad para la Salud y la Medicina de Adolescentes (Society for Adolescent Health and Medicine) son algunas de las organizaciones médicas que coinciden en que no debe exigirse ni obligarse a las personas jóvenes a involucrar a los padres en sus decisiones sobre servicios de aborto”.
El informe concluye que la ley sobre consentimiento parental obligatorio de Michigan atenta contra la seguridad, la salud y la dignidad de las personas jóvenes que intentan acceder a servicios de aborto en Michigan, ya sea que obtengan el consentimiento de los padres o soliciten la excepción judicial, e independientemente de si se concede o se deniega dicha solicitud.
El informe insta a que se derogue de inmediato la ley sobre consentimiento parental obligatorio para el aborto de Michigan, a fin de que las personas menores de 18 años puedan acceder a esta atención de la salud sin verse obligadas a involucrar a alguno de sus padres, a un tutor legal o un juez.
“Las personas jóvenes son merecedoras del derecho a tener poder y control sobre sus cuerpos, incluido cuando están embarazadas”, explicó Taryn Gal, directora ejecutiva de la Organización de Salud Sexual Adolescente de Michigan (Michigan Organization on Adolescent Sexual Health, MOASH). “Las personas jóvenes en Michigan nos dicen que el proceso de excepción judicial no es accesible ni amigable para ellas; y que crea una barrera injustificada en el acceso a atención médica crítica. Ninguna persona joven debería verse forzada a continuar un embarazo que no desea continuar”.
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