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10.05.2026 Guerrero. El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-Ez) acusó que “con la complacencia de los tres niveles de gobierno”, los delincuentes de Los Ardillos, atacaron con drones el pasado sábado a las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula y Acahuetlán, desplazando a cientos de familias.
“Más de mil familias estamos siendo desplazadas por ataques criminales (.) mientras el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional observan sin hacer nada”, reclaman.
Mujeres de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, integrantes del CIPOG-EZ, lanzaron en Video un llamado urgente de auxilio ante los ataques del grupo delincuencial “Los Ardillos”.
Señalan que más de mil familias están siendo desplazadas mientras niños y niñas quedan en medio de las balaceras. “Si nos matan o desaparecen, la responsabilidad será del gobierno estatal y federal”.
Las Comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero denunciaron la nueva escalada de violencia atribuida al grupo criminal Los Ardillos, que actúan con impunidad en la zona, luego de varios ataques armados registrados en el municipio de Chilapa de Álvarez que, de acuerdo con testimonios de pobladores y organizaciones comunitarias, profundizaron el clima de terror que desde hace años se vive en la región.
Diversos colectivos indígenas, organizaciones sociales y organismos de observación civil expresaron su rechazo e indignación ante los hechos ocurridos en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, donde habitantes denunciaron incursiones armadas, uso de drones con explosivos y ataques con rifles de alto poder. Las organizaciones responsabilizaron a autoridades municipales, estatales y federales por no garantizar condiciones mínimas de seguridad para la población indígena.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que “la inacción institucional bajo contextos de riesgo puede traducirse en responsabilidad directa del Estado por violaciones graves a derechos humanos”, al considerar que las autoridades han sido omisas frente a las agresiones constantes contra las comunidades integradas al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
De acuerdo con integrantes del CIPOG-EZ, los ataques se intensificaron desde el pasado 6 de mayo de 2026, cuando presuntos integrantes de Los Ardillos comenzaron ofensivas armadas simultáneas contra distintas localidades de la montaña baja.
Los aterrados testimonios de la victimas, recogidos por los colectivos describen ráfagas de armas de grueso calibre y sobrevuelos de drones utilizados para arrojar artefactos explosivos sobre zonas habitadas.
“Las familias viven escondidas entre los cerros o huyendo hacia otras comunidades; hay niños y ancianos aterrados porque los ataques no cesan”, denunció un integrante del CIPOG-EZ en el comunicado y video difundido por las organizaciones indígenas.
Según la denuncia, el 9 de mayo hombres armados ingresaron a las comunidades y provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias, muchas de las cuales buscaron refugio en otras localidades pertenecientes a la misma organización comunitaria.
Los denunciantes sostienen que el riesgo persiste debido a que las comunidades receptoras también se encuentran bajo amenaza. “No hay garantías de seguridad para quienes tuvieron que abandonar sus hogares. Hoy los ataques continúan y las autoridades siguen sin actuar”, exhibieron representantes comunitarios.
La crisis ocurre en una región históricamente golpeada por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado contra las comunidades indígenas a quienes quieren despojar de su patrimonio.
En los últimos años, organizaciones civiles y comunitarias han advertido que la montaña baja de Guerrero enfrenta una combinación de violencia armada, abandono institucional y control criminal sobre rutas y gobiernos locales.
En ese contexto, los colectivos denunciaron presuntos vínculos de permisividad institucional hacia el grupo delictivo.
“La cooptación del gobierno municipal alcanza desde la presidencia hasta policías de tránsito, mientras el gobierno estatal se niega a atender las demandas de seguridad y justicia”, acusaron.
También señalaron que recientemente fueron retirados elementos militares de la Base de Operaciones Mixta instalada en la zona, decisión que, aseguran, dejó a las comunidades sin protección frente a los ataques.
Las organizaciones recordaron además que desde 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de habitantes de Tula y Xicotlán, así como de integrantes del CIPOG-EZ, debido al riesgo extremo en que se encontraban.
Sin embargo, denunciaron que dichas medidas no han tenido continuidad efectiva por parte del gobierno estatal encabezado por Evelyn Salgado Pineda.
“Las medidas cautelares existen en el papel, pero en los hechos las comunidades siguen desprotegidas”, expresaron las organizaciones firmantes, quienes insistieron en que la violencia actual forma parte de un patrón sistemático de agresiones contra pueblos indígenas organizados y defensores comunitarios.
El desplegado fue respaldado por el Congreso Nacional Indígena, la Misión Civil de Observación Sexta, la Guardia Comunal Tlacotenco y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ), entre otras agrupaciones que exigieron la intervención urgente de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Las organizaciones demandaron el restablecimiento inmediato de medidas de seguridad para las comunidades atacadas, atención humanitaria para las familias desplazadas y una investigación independiente sobre la actuación de las autoridades locales y estatales frente a las denuncias reiteradas de violencia en la región.
