Mucha tinta se derrama en medios sirios y troyanos para especular sobre esta lista negra que asegura Alejandro Gertz Manero ya fue dada a conocer formalmente por Lozoya.
Los nombres del diputado y los senadores que se reservó el fiscal para empezar a investigarlos, apuntan a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado en el 2013 en donde estaban los priistas David Penchyna, presidente; Carlos Romero Deschamps, secretario; Ernesto Gándara Camou; Héctor Yunes Landa; José Ascención Orihuela y Oscar Román González, refiere el Universal.
Los panistas Salvador Vega Casillas, secretario; Francisco Domínguez Servién; Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle Maury.
Los perredistas Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna.
El petista Manuel Bartlett Díaz y el senador del PVEM Carlos Alberto Puente Salas.
En cuanto al diputado federal podría tratarse de dos nombres: Marco Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, o Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013.
Y en cuanto a la mención de la Reforma Electoral, que se aprobó entre el 14 y 15 de mayo en las dos cámaras del Congreso de la Unión, Lozoya también acusó haber dado “sobornos” por 200 millones de pesos a “varios legisladores y a un secretario de finanzas de un partido” a través de un enlace del que proporcionó el nombre, sin que se especificaran ni nombres ni montos por parte del titular de la FGR.
Pero la otra “bomba” que soltó Lozoya y que anunció ayer Gertz Manero, es que se abrió también una investigación, derivado de la información que entregó el ex funcionario peñista, sobre la construcción de la planta Etileno XXI, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. En los permisos y autorizaciones para que la brasileña Braskem, filial de Odebrecht, construyera ese complejo petroquímico –el más grande de América Latina– asociada con la mexicana Idesa en Coatzacoalcos, Veracruz, en el año 2008, en donde Emilio Lozoya acusa que “hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana socia de Odebrecht y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”, informó ayer el fiscal.
