/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
Una parte sustantiva del éxito de esta elección tiene que ver con el contenido de las decisiones de las y los árbitros de la contienda: las 11 cabezas del INE y las 7 del Tribunal Electoral. La tarea central de estas 18 personas es hacer efectivos los límites jurídicos a los que deben estar sujetos las y los aspirantes al poder en el 2024. Al mismo tiempo, estas personas también van a determinar los ámbitos de libertad de acción de todas y todos los involucrados. Esa función tan delicada -definir, a la luz de casos concretos, qué vale y qué no vale en la contienda- es particularmente compleja en un contexto en donde las fronteras entre lo jurídico y lo político se han estado redefiniendo a lo largo del sexenio.
Esta semana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que no eran actos anticipados de campaña los recorridos de la y los aspirantes de Morena a la candidatura a la Presidencia. El proyecto de la consejera que preside la Comisión -Claudia Zavala- postulaba exactamente lo contrario: que, sin la menor duda, tales aspirantes estaban haciendo campañas políticas en tiempo de veda. Los otros dos consejeros -Rita Bell López y Jorge Montaño- buscaron un camino jurídico para no inhibir ni sancionar el proceso de elección de la candidatura de Morena a la Presidencia. Ellos argumentaron que, por distintas razones técnicas y jurídicas, la Comisión de Quejas no estaba facultada para emitir valoraciones de fondo sobre el proceso interno de Morena.
El derecho, visto desde la actividad de los árbitros, debe ser un instrumento para pacificar conflictos. La ley, en estos procesos de pacificación, casi nunca es blanco y negro como muchos esperarían. Las y los árbitros tienen un margen de discrecionalidad para elegir lo que estiman es el mejor camino de solución jurídica para realizar esa función pacificadora. Rita Bell y Jorge Montaño posiblemente valoraron que era mejor para la elección del 2024 no inhibir el complejo proceso interno que necesita Morena para definir a la o el posible sucesor de AMLO. Quizá por ello estimaron que era conveniente no entrarle al fondo del asunto. En cambio, Claudia Zavala estimó lo contrario: la ley prohíbe de muchas maneras esta contienda interna en Morena y es mejor para el proceso electoral marcar dichos límites.
En tiempos de cambio político del calibre que estamos viviendo es común que las y los árbitros se dividan en estos dos grupos. Por un lado, los que estiman que se requiere cierta flexibilización de las reglas para preservar el bien mayor: que la política no desborde por completo al derecho. Es decir: para este grupo es mejor “estirar el límite jurídico” a cambio de que este límite no desaparezca por completo. El mayor riesgo de esta posición es que esa “nueva” solución jurídica que permite mover la frontera de lo posible políticamente no sea aceptada como jurídica y legítima por parte de quien perdió. Con ello, los árbitros pierden la fuerza y legitimidad que son indispensables para llevar a cabo su función.
Existe también otro grupo de árbitros que sostiene lo contrario: en tiempos de un cambio político profundo se necesita más que nunca la más estricta aplicación de la ley. Para este grupo, es mejor no eludir nunca el fondo y procurar hacer efectivos siempre y sin ninguna consideración los límites jurídicos conocidos. La ventaja de esta posición es que manda una señal de fortaleza institucional sobre todo a la parte “débil” de la contienda: los opositores y críticos de Morena. Ello es clave en una democracia. Sin embargo, esta posición también tiene un riesgo catastrófico: que los que detentan el poder decidan, lisa y llanamente, no acatar las decisiones de los árbitros. Son tantas decisiones en contra que optan por desacatar de formas veladas o abiertas esas decisiones.
En un extremo el desacato a las decisiones y, en el otro, la pérdida de toda legitimidad. Esos son los dos demonios del apocalipsis para nuestros árbitros. El sentido de la ley no es unívoco ni evidente pero tampoco es un cheque en blanco. Definamos, entonces, cómo debatir y entender la gran gama de grises que subyace a las decisiones de nuestros 18 árbitros electorales.
