Razones
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
El caso Lozoya, por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora, es un gran fracaso. Ni una sola de las denuncias que supuestamente ha hecho Lozoya se ha podido judicializar. Quizá se espera a que se acerquen las elecciones para hacerlo.
Muchas veces hemos dicho que lo que en Brasil llaman “el gobierno de los jueces”, o sea, establecer una lógica de demandas penales en la clase política a todos los niveles y entre todos los partidos para ajustar cuentas políticas y partidarias, es una pésima estrategia que lo único que logra es generar los espacios para que, al final, llegue un Bolsonaro al poder. Pero, además, usar la justicia como instrumento político termina demeritando la política y la justicia.
El caso Lozoya ha sido un intento de avanzar en esa lógica de destrucción mutua asegurada que generó, a su vez, la divulgación de los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, supuestamente para la campaña de Morena, en un evidente delito electoral.
El caso Lozoya, además, por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora, es un gran fracaso. Ni una sola de las denuncias que supuestamente ha hecho Lozoya se ha podido judicializar. Quizá se espera a que se acerquen las elecciones para hacerlo, pero todo el escenario se ve muy complejo.
Este fin de semana nos enteramos de que, a partir de esas denuncias, fue pedida una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, acusado de un delito electoral, dos de cohecho, un delito de asociación delictuosa y nada menos que traición a la patria. Según la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República, el delito de traición a la patria se sustentaría en el impulso de reformas estructurales con sobornos en 2014 “con la finalidad de someter a la nación a personas extranjeras brindándoles contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos”. El juez que recibió la denuncia simplemente la desechó por “falta de sustento jurídico”: una apreciación política no constituye, en ningún caso, la constitución de un delito.
Pero en el caso Lozoya el tema va más allá. Toda la demanda del caso Odebrecht se basa en la declaración que hizo ante autoridades de Brasil Luis Meneses Weyll, quien fue el responsable por esa empresa de construir y administrar el andamiaje de sobornos a distintos funcionarios de varios países de América Latina. Sobre la declaración de Meneses Weyll se construyó también la denuncia contra Lozoya, a partir de la cual el exdirector de Pemex, ya acusado formalmente y detenido en España, negoció su regreso a México adhiriéndose al llamado criterio de oportunidad, en otras palabras, convirtiéndose en testigo protegido por el gobierno.
Toda la acusación que hizo Lozoya se basa, a su vez, en que Odebrecht le depositó nada menos que 10.5 millones de dólares para financiar la campaña de Peña Nieto y luego para pagar sobornos que permitieran sacar la reforma energética durante esa administración. A eso se agregó que también se pagó para sacar una planta de etileno en el gobierno de Calderón.
Pero el propio Meneses declaró que, en el caso de México, nunca se le pidió dinero para financiar la campaña de Peña Nieto ni para la construcción de una planta de etileno ni para la reforma energética. Que el dinero se le entregó a Lozoya para que éste ayudara en los contratos de Pemex a la empresa brasileña. E insistió en que está dispuesto a declarar sobre ese tema ante la justicia mexicana, el problema es que nadie lo ha buscado para hacerlo.
Y los hechos, hasta ahora, le dan la razón a Meneses Weyll: los depósitos, está comprobado, se hicieron a cuentas relacionadas con Lozoya, sus operadores y su familia, pero no existe constancia alguna de que de allí se hayan dirigido al PRI, a Peña o a otros funcionarios, sean de Peña o de Calderón. En otras palabras, lo que dice Meneses, y parecen comprobar los hechos, es que el dinero fue para sobornar a Lozoya y que éste lo utilizó en su beneficio personal, familiar y de grupo. Si es así, perdería, por lo menos, el llamado criterio de oportunidad. Y el gobierno federal terminaría llevándose un chasco tipo Chapa Bezanilla.
Otro caso similar es el de Emilio Zebadúa. Hasta ahora, no se ha podido sustentar el funcionamiento ni los beneficiarios últimos de la llamada Estafa Maestra. La insistencia en Rosario Robles para que ella declare al respecto y la aclaración que hizo la exsecretaria de Desarrollo Social y Sedatu, de que está detenida como “rehén” para que delate a exfuncionarios de la administración Peña, tiene esa razón de ser.
Lo que supuestamente ofrece Zebadúa es lo mismo que ofreció Lozoya a cambio de un trato similar: develar el mecanismo, del que fue operador, y a quienes se beneficiaron del mismo. El problema es que, hasta ahora, el responsable es el propio Zebadúa, que como oficial mayor de las dos dependencias fue el que estableció y firmó los convenios que dieron origen a lo que se denomina la Estafa Maestra, una serie de apoyos y contratos a universidades públicas que, a su vez, contrataban empresas, se supone que fantasma, que terminaban regresando el dinero a otros funcionarios o dirigentes partidarios.
Pero todo eso no pasa hoy de una denuncia. Hasta ahora, el responsable de esa operación dentro de Sedesol y Sedatu, si se comprueba legalmente, sería el propio Zebadúa. Elevar las denuncias políticas a otro nivel es fácil; judicializarlas no será sencillo.
