*
28.08.2026 Ciudad de México.- Pacientes con enfermedades graves, familiares y activistas se movilizaron por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para demandar que avance la llamada “Ley Trasciende”, una propuesta que busca establecer un marco legal para regular la ayuda médica al final de la vida y garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a una muerte digna.
La movilización colocó nuevamente en el debate público uno de los asuntos más complejos de la agenda de salud y derechos humanos: las decisiones que pueden tomar las personas que enfrentan enfermedades graves, progresivas o incurables cuando los tratamientos disponibles ya no permiten recuperar su salud o cuando el sufrimiento se vuelve incompatible con sus deseos y calidad de vida.
Quienes participaron en la marcha pidieron al Congreso de la Unión discutir y, en su caso, aprobar una legislación que establezca reglas claras para la atención médica al final de la vida. Su planteamiento parte de la necesidad de que pacientes y familias cuenten con alternativas legales y médicas para enfrentar procesos terminales con acompañamiento profesional, información suficiente y respeto a la voluntad de cada persona.
La denominada Ley Trasciende ha sido impulsada en México dentro de la discusión sobre muerte digna y autonomía de los pacientes. Sus promotores buscan diferenciar entre el derecho a recibir cuidados paliativos, la posibilidad de rechazar tratamientos y la ayuda médica para morir, conceptos que con frecuencia son confundidos dentro del debate público.
En México, la legislación ya reconoce algunos derechos relacionados con las decisiones al final de la vida. La Ley General de Salud contempla la posibilidad de que pacientes en situación terminal reciban cuidados paliativos y establece disposiciones relacionadas con la voluntad anticipada. Sin embargo, la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido no están actualmente reconocidos de manera general como prácticas legales en el país.
La discusión adquiere particular relevancia en la Ciudad de México, donde desde 2008 existe la Ley de Voluntad Anticipada. Esta norma permite que una persona manifieste previamente su decisión respecto de determinados tratamientos cuando se encuentre en una situación médica en la que ya no pueda expresar su voluntad.
La voluntad anticipada, sin embargo, no equivale a la eutanasia. Su propósito central es evitar la prolongación innecesaria de tratamientos médicos cuando existe una enfermedad terminal y permitir que se respete la decisión previamente expresada por el paciente. En ese contexto, los cuidados paliativos buscan controlar el dolor y otros síntomas, además de proporcionar acompañamiento psicológico, social y espiritual al paciente y a su familia.
La propuesta que activistas llevaron a las calles pretende ampliar esa discusión y colocar en el centro la autonomía de las personas sobre su propio proceso de muerte.
Durante la movilización, pacientes y familiares expusieron que las enfermedades graves no sólo tienen consecuencias físicas, sino también emocionales, económicas y familiares. Para quienes respaldan la iniciativa, hablar de una muerte digna implica reconocer que las personas deben contar con información médica clara y participar en las decisiones relacionadas con tratamientos, procedimientos y cuidados durante las últimas etapas de su vida.
El debate también involucra una dimensión de derechos humanos. Sus defensores consideran que la autonomía, la dignidad y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo deben ser elementos fundamentales de cualquier legislación que regule la ayuda médica al final de la vida.
Al mismo tiempo, la discusión enfrenta objeciones médicas, jurídicas, religiosas y éticas. Uno de los principales puntos de controversia consiste en determinar bajo qué circunstancias una persona podría solicitar ayuda médica para morir, qué requisitos debería cumplir, qué autoridades tendrían que supervisar el procedimiento y cómo garantizar que la decisión sea libre, informada y no resultado de presiones económicas, familiares o sociales.
Otro de los aspectos que deberán analizarse es la protección de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Una legislación de esta naturaleza tendría que establecer mecanismos de evaluación médica y psicológica, procedimientos de consentimiento informado y controles institucionales para evitar abusos.
Para los activistas que participaron en la movilización, la discusión no debe reducirse a una confrontación entre quienes están a favor o en contra de la eutanasia. Plantean que también debe abordarse el acceso universal a cuidados paliativos, el control adecuado del dolor y el acompañamiento de las familias, especialmente para quienes enfrentan enfermedades que pueden generar sufrimiento prolongado.
La Organización Mundial de la Salud sostiene que los cuidados paliativos constituyen un componente esencial de la atención sanitaria y buscan mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que enfrentan enfermedades potencialmente mortales, mediante la prevención y alivio del sufrimiento.
En México, uno de los retos centrales es precisamente garantizar que estos servicios estén disponibles de manera suficiente y oportuna. La posibilidad de elegir cómo enfrentar la etapa final de una enfermedad depende también de que los pacientes tengan acceso a atención especializada, medicamentos para controlar el dolor y acompañamiento integral.
La marcha en el Centro Histórico volvió a poner el tema en las calles y trasladó al espacio público una discusión que durante años ha permanecido principalmente en ámbitos médicos, legislativos y jurídicos.
La exigencia de pacientes, familiares y activistas es que el Congreso abra una discusión amplia sobre la denominada Ley Trasciende y establezca si México está preparado para reconocer nuevas formas de ejercer la autonomía y la dignidad al final de la vida.
El desafío para los legisladores será encontrar un equilibrio entre el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su atención médica y la obligación del Estado de proteger la vida, garantizar atención sanitaria adecuada y establecer salvaguardas frente a cualquier posibilidad de coerción o abuso.
La discusión sobre una muerte digna, por tanto, no termina con la movilización. El debate apenas comienza a trasladarse nuevamente al terreno legislativo, donde pacientes y familias esperan que sus experiencias sean consideradas antes de definir el futuro de una eventual regulación de la ayuda médica para morir en México.