*”Me hicieron una emboscada psicológica asegura al acusar que hubo manipulación bajo la amenaza de una extradición.
*No ofreció el nombre del mediador que le mandó Jaime Bonilla.
29.07.2026 México.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que presentó una denuncia penal por la filtración de una serie de audios en los que sostiene conversaciones con un supuesto intermediario que ofrecía gestionar ante autoridades de Estados Unidos la recuperación de su visa.
La mandataria aseguró que las grabaciones fueron obtenidas como parte de una estrategia para intimidarla y desacreditarla políticamente, al tiempo que reconoció que cometió un error al confiar en la persona que se presentó como asesor.
En entrevista con El País México, la gobernadora explicó que conoce el origen y el contexto en el que ocurrieron las conversaciones, luego de que en los últimos días se difundieran diversos fragmentos de audio en redes sociales y plataformas digitales.
“No sé si habrá más audios o no, pero sí sé el contexto en que se dan”, declaró la mandataria, quien afirmó que las grabaciones corresponden a encuentros sostenidos con un hombre que aseguraba tener contactos con agencias estadounidenses y capacidad para ayudarla a resolver el problema derivado de la cancelación de su visa.
La difusión del material reavivó la polémica que rodea a Marina del Pilar desde mayo pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de la gobernadora y de su esposo, Carlos Torres Torres. Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha revelado públicamente las razones de esa decisión, debido a que la legislación estadounidense establece la confidencialidad de los procedimientos migratorios relacionados con visas.
Ante la incertidumbre sobre los motivos de la revocación, la gobernadora reconoció que buscó orientación para conocer qué ocurría con su situación migratoria.
“Claro que busqué asesorarme, preguntar qué está pasando”, afirmó durante la entrevista.
Según relató, el supuesto asesor llegó a ella por conducto del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, con quien mantiene una abierta confrontación política desde el inicio de su administración. Marina del Pilar sostiene que el individuo se presentó como una persona con experiencia en agencias de seguridad estadounidenses y que podía ayudarla a recuperar el documento migratorio.
Sin embargo, con el paso del tiempo, aseguró haber comprendido que el verdadero objetivo del encuentro era obtener conversaciones privadas para posteriormente hacerlas públicas.
“Fue un error haber confiado en esta persona”, admitió la mandataria.
Ávila Olmeda relató que durante la reunión el supuesto intermediario comenzó a hablarle de investigaciones federales, agencias estadounidenses e incluso de una posible extradición, un escenario que, dijo, nunca antes había escuchado.
“Me hicieron una emboscada psicológica. Me hablaron incluso de una extradición a Estados Unidos”, declaró.
La gobernadora explicó que el encuentro la tomó por sorpresa porque acudió pensando que recibiría información relacionada exclusivamente con el trámite de su visa.
“Todo eso véanlo con mis abogados; pensé que veníamos a hablar de la visa”, recordó.
También describió el momento como una estrategia para intimidarla.
“Escuché planteamientos de una persona experta en tratar de intimidar, de atemorizar, de generar miedo, de inducir incluso ciertas respuestas”, sostuvo.
Marina del Pilar afirmó que, en ese momento, se encontraba sola y sin asesoría jurídica.
“Estaba sola, no había un abogado, no había ninguna persona que pudiera explicarme de lo que me estaban hablando en ese momento”, señaló.
La gobernadora aseguró que, tras analizar lo ocurrido, concluyó que fue víctima de una operación cuidadosamente preparada.
“Hoy sé que fue una trampa. Tan claro está, que me grabaron, que indujeron la conversación y que trataron de acorralarme”, afirmó.
Por ello, informó que decidió acudir ante la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por la grabación y difusión de los audios.
“Presenté una denuncia en contra de quienes resulten responsables por esta situación”, indicó.
Al ser cuestionada sobre los delitos que podrían investigarse, respondió que corresponderá a la autoridad determinarlo, aunque insistió en que existió una estrategia para intimidarla.
“Los delitos que la autoridad determine. Hubo una grabación; él se presenta como asesor de una agencia; entre otros hechos, está la emboscada psicológica con la que buscan intimidarme, esta violencia que sentí en su momento”, expresó.
La mandataria también confirmó que conoce la identidad de la persona que sostuvo las reuniones con ella.
“Tengo el nombre y el teléfono, pero en su momento se podrá conocer su identidad”, dijo, al señalar que esa información forma parte de la investigación iniciada.
Marina del Pilar responsabilizó políticamente al exgobernador Jaime Bonilla de haber facilitado el contacto con el supuesto gestor. De acuerdo con su versión, el exmandatario fue quien promovió el acercamiento con una persona que se presentó como especialista en relaciones con autoridades estadounidenses. Bonilla ha rechazado públicamente esos señalamientos y ha negado estar detrás de la filtración de los audios o de cualquier operación para perjudicar a la actual gobernadora.
La filtración ocurre en un momento particularmente complejo para la administración de Marina del Pilar, ya que mantiene abiertas interrogantes sobre las causas que llevaron al gobierno de Estados Unidos a cancelar las visas de la gobernadora y de su esposo. Aunque la oposición ha exigido que se esclarezca el caso, las autoridades estadounidenses no han emitido información oficial sobre los motivos de la revocación, argumentando la confidencialidad de los expedientes consulares.
La difusión de las grabaciones ha intensificado el debate político en Baja California, pues en ellas se escucha a la gobernadora dialogar sobre posibles gestiones para recuperar el documento migratorio. Marina del Pilar insiste en que dichas conversaciones ocurrieron en un contexto de incertidumbre tras la cancelación de su visa y niega que constituyan evidencia de algún acto ilegal o de tráfico de influencias.
Mientras la Fiscalía General de la República analiza la denuncia presentada por la mandataria, el caso mantiene la atención pública por las implicaciones políticas de la filtración, la confrontación entre los dos grupos que han encabezado el gobierno de Baja California en los últimos años y las dudas que persisten sobre la decisión del gobierno estadounidense de retirarle el documento que le permitía ingresar a ese país.