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29.07.2026 Bolivia.- La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales, quien enfrenta una nueva investigación por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. La medida representa un nuevo episodio en la prolongada confrontación política y judicial que mantiene el exmandatario con el gobierno boliviano y con las instituciones de justicia del país.
La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar, quien sostiene que Morales habría tenido una participación directa en la organización y promoción de los bloqueos carreteros que paralizaron amplias zonas de Bolivia entre mayo y junio de este año. De acuerdo con la imputación, las movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos y grupos afines al exmandatario buscaban forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz y provocaron graves afectaciones al abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros servicios esenciales.
Las protestas se prolongaron durante siete semanas y mantuvieron cerradas importantes carreteras en los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz. Según las autoridades bolivianas, los bloqueos ocasionaron una crisis de desabasto en distintas ciudades y dificultaron el traslado de pacientes, insumos médicos y mercancías, además de provocar pérdidas económicas millonarias. La Fiscalía sostiene que esas acciones constituyeron una afectación deliberada al funcionamiento del Estado.
El gobierno boliviano también ha señalado que durante las movilizaciones murieron al menos 16 personas, la mayoría debido a que no pudieron recibir atención médica oportuna por el cierre de carreteras. Esa situación forma parte de los elementos que la Fiscalía incorporó a la investigación para sustentar la acusación de terrorismo y otros delitos contra el exjefe de Estado. (
La denuncia que dio origen al proceso fue presentada por representantes cívicos del departamento de Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del Ministerio de Gobierno, que acusó a Morales de encabezar una estrategia para desestabilizar al Ejecutivo mediante protestas prolongadas y bloqueos nacionales.
Tras conocerse la orden de captura, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso forma parte de una persecución política destinada a responsabilizarlo de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
“No me van a intimidar”, expresó el exmandatario, quien afirmó que el gobierno intenta convertirlo en el responsable de los problemas que enfrenta el país y sostuvo que continuará “luchando junto al pueblo por un cambio estructural”.
La nueva orden de detención se suma a la compleja situación jurídica que enfrenta Morales desde 2024. Desde entonces permanece en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, considerada su principal bastión político y sindical, donde cuenta con la protección de miles de seguidores que mantienen vigilancia permanente para impedir una eventual intervención policial.
Paralelamente, el exmandatario continúa enfrentando otro proceso penal por presunta trata de personas agravada, relacionado con la acusación de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años cuando era presidente de Bolivia y de haber tenido una hija con ella. En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio oral y renovó la orden de captura en ese expediente. La defensa de Morales sostiene que las notificaciones judiciales fueron irregulares y ha denunciado una persecución política impulsada por sus adversarios.
La situación ocurre en un momento de profunda polarización política en Bolivia. Tras gobernar el país entre 2006 y 2019, Evo Morales se convirtió en una de las figuras más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, su relación con el Movimiento al Socialismo (MAS) se fracturó en los últimos años debido a su enfrentamiento con el expresidente Luis Arce y posteriormente con el actual mandatario, Rodrigo Paz, lo que dividió a las principales fuerzas políticas del país.
La crisis política también ha coincidido con un deterioro de la economía boliviana, marcado por la escasez de dólares, problemas en el suministro de combustibles, incremento de la inflación y un creciente descontento social. En ese contexto, las movilizaciones encabezadas por organizaciones afines a Morales han sido interpretadas por el gobierno como un intento de presionar políticamente al Ejecutivo, mientras que sus simpatizantes sostienen que representan una respuesta a la crisis económica y a la pérdida del poder adquisitivo de la población.
La orden de detención contra Evo Morales abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el exmandatario y las autoridades bolivianas. Mientras la Fiscalía busca ejecutar el mandamiento de captura y avanzar con la investigación por terrorismo y otros delitos, la defensa del expresidente insiste en que se trata de un proceso con motivaciones políticas y anticipó que utilizará todos los recursos legales nacionales e internacionales para impugnar las acusaciones.