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16.07.2026. Ciudad de México.- Una nueva grabación atribuida a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió a colocar a la mandataria en el centro de la controversia política y mediática donde ademas en diarios locales ubican a un familiar de Jaime Bonilla , Carlos Gil, como supuesto mediador.
En el audio, difundido este 16 de julio por el periodista Héctor de Mauleón, se escucha a un interlocutor informarle que ya habría sido autorizada una primera reunión con autoridades de Estados Unidos para abordar el procedimiento relacionado con la recuperación de su visa estadounidense, la cual le fue revocada meses atrás junto con la de su esposo, Carlos Torres Torres.
La conversación, cuya autenticidad no ha sido confirmada por autoridades mexicanas o estadounidenses, plantea que el encuentro tendría lugar en Panamá, elegido como un “territorio neutral” para evitar filtraciones y facilitar la participación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el audio publicado por De Mauleón en sus plataformas digitales y retomado por diversos medios nacionales, el interlocutor le dice a la gobernadora:
“Solo le quería avisar que la primera reunión ya está autorizada y sería en Panamá. ¿Por qué? Lo que pasa es que no quieren que haya una situación, que vean el riesgo de hacer la cita en Estados Unidos o en México; quieren hacerla en un territorio neutral.”
Posteriormente añade:
“Es para que no se filtre a la prensa y todo sea muy secreto. La cosa será directamente con el FBI y ellos están dispuestos a venir a Tijuana.”
Según el contenido de la grabación, el encuentro se realizaría hacia finales de agosto y tendría como propósito avanzar en el procedimiento relacionado con la cancelación de la visa y según palabras de la gobernadora en un audio anterior, de su “extradición” .
La filtración constituye el tercer audio difundido en menos de una semana relacionado con Marina del Pilar. Los materiales anteriores también fueron publicados por Héctor de Mauleón en El Universal y generaron un intenso debate político debido a las referencias que hacen a presuntos contactos con autoridades estadounidenses.
En uno de esos audios, difundido días antes, una voz atribuida a la mandataria expresa disposición para colaborar con el FBI proporcionando información obtenida en las Mesas Estatales de Construcción de Paz y Seguridad, reuniones en las que participan autoridades civiles y militares mexicanas y se supone es información clasificada.
En esa grabación se escucha decir:
“Yo les puedo decir todo lo que escucho en las mesas de seguridad.”
Ese audio provocó una inmediata reacción del gobierno federal. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el material carecía de autenticidad comprobada y llamó a no emitir juicios sin evidencia pericial.
“No hay ninguna prueba de que ese audio sea verdadero. Lo primero que tiene que demostrarse es que realmente corresponde a una conversación de la gobernadora”, sostuvo la presidenta, pese a que la misma Marina del Pilar había confirmado.
Sheinbaum también señaló que, al igual que en el cas de Rubén Rocha Moya, de confirmarse cualquier investigación por parte de autoridades estadounidenses, ésta tendría que desarrollarse respetando la soberanía nacional y los mecanismos de cooperación institucional existentes entre ambos países.
Hasta el momento de la difusión del nuevo audio, ni Marina del Pilar Ávila ni el gobierno de Baja California habían emitido un posicionamiento específico sobre esta tercera grabación del jueves. En las ocasiones anteriores, la mandataria ha sostenido que existe una campaña política y mediática en su contra basada en información manipulada y filtraciones ilegales por parte de Jaime Bonilla.
La controversia se originó en mayo pasado cuando el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de turista tanto de la gobernadora como de su esposo, Carlos Torres Torres. Washington nunca explicó públicamente las razones de esa decisión, debido a que la legislación estadounidense considera confidenciales los expedientes migratorios individuales.
La propia Marina del Pilar confirmó entonces la cancelación del documento migratorio, aunque aseguró que no existía ninguna investigación penal en su contra y expresó confianza en que la situación pudiera aclararse mediante los procedimientos administrativos correspondientes.
Desde entonces han surgido múltiples versiones sobre las posibles causas de la medida, sin que ninguna haya sido confirmada oficialmente por el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional o el FBI.
La difusión del nuevo audio adquiere especial relevancia porque hace referencia precisamente al supuesto mecanismo mediante el cual la gobernadora buscaría recuperar su visa y otros a asuntos poco claros. En la conversación se afirma que la reunión no se realizaría ni en México ni en Estados Unidos para evitar riesgos políticos y mediáticos, optándose por Panamá como sede neutral.
Especialistas en derecho migratorio han señalado que la revocación de una visa estadounidense es un procedimiento administrativo que normalmente corresponde al Departamento de Estado y a los consulados estadounidenses. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias del caso, otras agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI o el Departamento de Justicia pueden participar cuando existen investigaciones relacionadas con seguridad nacional, delincuencia organizada, corrupción o intercambio de información entre agencias. La participación de estas instituciones, sin embargo, no implica necesariamente la existencia de una acusación penal formal.
Hasta ahora tampoco existe confirmación oficial de que el FBI haya programado una reunión con la gobernadora ni de que Panamá haya sido elegido como sede para dicho encuentro.
El caso continúa escalando políticamente debido a que cada nueva filtración alimenta las especulaciones sobre la relación entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses, en un contexto de creciente cooperación bilateral contra el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y la corrupción.
Mientras tanto, la autenticidad de los audios sigue siendo el principal punto de discusión. Ninguna autoridad ministerial ha informado que exista un peritaje independiente que confirme que las voces corresponden efectivamente a Marina del Pilar Ávila o a las personas mencionadas en las conversaciones, por lo que su contenido permanece como material de difusión periodística cuya veracidad no ha sido acreditada oficialmente.
El nuevo episodio profundiza la presión política sobre la gobernadora de Baja California, quien enfrenta una de las crisis más delicadas de su administración desde que asumió el cargo en noviembre de 2021, en medio de cuestionamientos nacionales e internacionales derivados de la revocación de su visa y de las sucesivas filtraciones que han marcado la agenda pública durante las últimas semanas.