*Mujeres Transnacionales
/ Dinorah Arceta*/
Darcy es una mujer venezolana que tuvo una hija a finales del año pasado en México. Después de que se cerrara la posibilidad de continuar su camino hacia Estados Unidos, decidió quedarse en la Ciudad de México. Pensó que era el mejor lugar para brindar estabilidad y seguridad a su hija recién nacida. Hoy trabaja poniendo uñas en la Merced mientras intenta construir una nueva vida para ambas.
Su situación migratoria, sin embargo, permanece en la incertidumbre. Han pasado seis meses desde que inició su procedimiento ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para ser reconocida como refugiada y aún no ha sido llamada para su entrevista de elegibilidad.
Darcy salió de Venezuela empujada por una combinación de factores que comparten miles de mujeres en movilidad: la precariedad económica, la falta de oportunidades, la violencia de género y una situación nacional cada vez más crítica. Su historia nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser madre mientras se atraviesa un proceso de solicitud de asilo.
En el marco del Día Internacional de las Personas Refugiadas es fundamental poner atención en las experiencias de las mujeres que maternan mientras esperan protección internacional. Son historias de resiliencia, cuidado y resistencia que transcurren en medio de la precariedad y del abandono institucional que enfrenta actualmente el sistema de asilo mexicano.
Entre enero y marzo de 2026, un total de 10,936 personas solicitaron asilo en México, de las cuales 4,774 fueron mujeres, de acuerdo con información obtenida a través del sistema de transparencia. Muchas de ellas son madres, están embarazadas o son responsables del cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores o familiares con necesidades específicas. Estas condiciones hacen que la espera sea todavía más compleja.
La situación se agrava debido a los retrasos en la resolución de los procedimientos. En 2025 se registraron 70,552 solicitudes de asilo ante la COMAR; sin embargo, únicamente se resolvieron 22,766, lo que representa una tasa de resolución de apenas 32.3%. En otras palabras, existe una brecha de 67.7% entre las solicitudes recibidas y las efectivamente resueltas, evidencia de una capacidad institucional insuficiente para atender la demanda de protección internacional.
Las consecuencias de este rezago son profundas. Cada vez más personas desisten o abandonan sus procesos porque los tiempos de espera se han extendido considerablemente. Lo que debe tomar 45 días por ley ahora puede significar esperar más de un año únicamente para la entrevista de elegibilidad. Durante ese tiempo, muchas personas permanecen sin documentación migratoria adecuada, con dificultades para acceder a servicios financieros, empleo formal y otros derechos fundamentales.
Los recortes presupuestales también han debilitado las rutas diferenciadas de protección para personas gestantes, madres cuidadoras, personas adultas mayores y niñez. Se requiere más personal especializado y esfuerzos sostenidos para incorporar una perspectiva de cuidados y garantizar el interés superior de la niñez dentro del sistema de asilo.
La historia de Nadege, una mujer haitiana que vive en Quintana Roo, ilustra esta realidad. Hace unas semanas descubrió que está embarazada de su segundo hijo. En agosto cumplirá un año esperando una respuesta a su solicitud de reconocimiento como refugiada. Su primer hijo, nacido en México, tiene doble nacionalidad y una condición de salud que requiere atención especializada y seguimiento constante. Sin embargo, la falta de documentación migratoria de Nadege ha dificultado el acceso a servicios médicos adecuados y a oportunidades educativas de calidad.
A las barreras institucionales se suman los discursos estigmatizantes que enfrentan las madres sujetas de protección internacional. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que analizó conversaciones en la red social X entre 2017 y 2023, una de las principales narrativas xenófobas dirigidas a mujeres en movilidad está relacionada precisamente con la maternidad.
Por un lado, muchas publicaciones presentan a las mujeres en movilidad como víctimas de una tragedia humanitaria, visibilizando las dificultades que enfrentan durante el embarazo o la crianza en contextos de desplazamiento. Pero también circulan narrativas estereotipadas que las responsabilizan de problemas sociales y económicos. Sin embargo, estas mujeres son lideresas en su comunidad, por ejemplo, son quienes están al frente de las respuestas comunitarias ante desastres.
Una de las creencias más extendidas sostiene que las personas refugiadas representan una carga para el Estado. Esta idea se proyecta particularmente sobre las mujeres embarazadas, a quienes se acusa de saturar los servicios de salud, y sobre sus hijas e hijos, a quienes se señala de sobrecargar los sistemas educativos. Se trata de una forma de discriminación que combina xenofobia y aporofobia y desconoce que las madres solicitantes de asilo aportan desde la economía de los cuidados y que muchas de ellas son referentes culturales o políticos en las comunidades en las que se establecen.
Otra narrativa recurrente sostiene que las mujeres en movilidad tienen hijas e hijos para regularizar su situación migratoria. Esta afirmación carece de sustento. En el contexto de México, muchas mujeres simplemente buscan alternativas para permanecer de manera segura junto a sus familias. Darcy, por ejemplo, no busca aprovecharse de ningún sistema. Lo que desea es que se le garantice su derecho a solicitar y recibir asilo para permanecer en unidad familiar con su hija y evitar regresar a un país donde las condiciones que la obligaron a huir persisten.
El Día Internacional de las Personas Refugiadas es una oportunidad para reflexionar sobre las maternidades que se viven después del desplazamiento forzado. Son mujeres que han huido de la violencia y la persecución y que hoy intentan construir un futuro mejor para quienes cuidan. Sus historias revelan las fallas del sistema de asilo en nuestro país, y la enorme capacidad de sostener la vida en circunstancias adversas.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración consideramos indispensable que el Estado garantice plenamente los derechos de las maternidades en contextos de movilidad. Esto implica fortalecer a la COMAR, asignarle recursos y personal suficiente, diseñar políticas públicas con perspectiva de género y cuidados, y asegurar que ninguna mujer tenga que elegir entre alimentar a sus hijas e hijos o continuar con su proceso de asilo.
*Coordinadora de Incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
X. @IMUMIDF