ALMA GRANDE.
Por Ángel Álvaro Peña
La claridad de las funciones administrativas son parte de la democracia que raras veces se colocan a trasluz de la población, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace cada mañana de lunes a viernes y en ocasiones hasta en fin de semana.
Como toda conducta humana hay claroscuros en esta novedosa manera de dar cuenta de las actividades de la administración pública cada día.
Una de las aclaraciones más sustanciales y claras fue la que hizo Presidencia a un diario de cobertura nacional que había calculado mal los salarios de los trabajadores del aeropuerto de Santa Lucía. Las cuentas del reportero eran tan erráticas que se presume mala intención y poco profesionalismo.
Ante esta posibilidad, la Presidencia de la República rectificó y aclaró frente a la audiencia de millones de espectadores que los pagos en efectivo de los trabajadores no eran moches, como lo suponía el periodista, sino el descuento del Seguro Social y otros derechos que los patrones hacen a sus asalariados legalmente.
La aclaración fue contundente y la realizó el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero residente general y comandante de Ingenieros del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, quien afirmó que la SEDENA no tiene alguna denuncia de que se realicen descuentos irregulares a los trabajadores de la obra. Como esta aclaración se enumeran varias que intentan hacer transparente la información.
Al mismo tiempo uniforma criterios sobre las obras púbicas que anteriormente informaba cada dependencia de gobierno por su lado, y disciplina a la administración pública trazando esquemas de información con una directriz definida. Sin duda un gran esfuerzo de la actual administración pública que entiende la importancia de la información y de darle el lugar que merece la población.
Sin embargo, no todo lo que se dice en lo que se ha convertido en la más importante tribuna del país coincide con los hechos; y aquí quiero hacer una reflexión con la que estoy seguro coinciden muchos mexicanos que, como yo, votamos por López Obrador, pero no por eso dejamos de ser críticos, no podemos creer todo lo que viene de su voz desde las conferencias matutinas.
Este problema, que a veces la oposición utiliza como el principal insumo de sus críticos, es ahora un sentir generalizado; como es el caso de que la amplia gama de colaboradores, muchas veces de origen diferente y de diversas tendencias políticas, no son lo fiel que debieran con la verdad, de tal manera que pareciera que el jefe del Ejecutivo miente, que su versión sobre el país choca con la de millones de mexicanos que no encuentran congruencia entre lo dicho y las acciones de gobierno.
Se trata de un correcto ejercicio de libertad de expresión donde se aclaran las tergiversaciones de la realidad, con buena o mala intención, para dar lugar a la verdad, que debe ser el común denominador de toda información cualquiera que sea la fuente que la difunda.
Ante ese panorama podemos ver que sí hay nepotismo, que hay corrupción, que los energéticos aumentan de precio, que el pago del suministro eléctrico castiga los bolsillos de los mexicanos. El precio de la luz y de las gasolinas aumentó a pesar de la promesa de que no habría incremento en las tarifas.
Aquí la frase que debía caracterizar a la Cuarta Transformación de “no mentir, no robar y no traicionar” se convierte en una utopía, porque hay contratos de obra pública con familiares del propio presidente de la república, porque en la Secretaría del Trabajo, la titular, Luis María Alcalde, tiene familiares dentro de otras dependencias de gobierno, porque hay tráfico de influencias incluso protagonizados por los hermanos del presidente López Obrador.
Uno de los problemas más graves que contradicen las versiones oficiales es el de la inexistencia de presos políticos que el Presidente afirma que no hay. En todo el país se ha repetido el viejo esquema de la detención del enemigo como forma ideal de dejarlo fuera de la contienda electoral o del ejercicio político.
Por sólo nombrar un par de casos, ambos sucedidos en Veracruz, y donde la mano que mueve los hilos es el propio gobernador de la entidad, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, está la detención del exsecretario de gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares; detenido cuando fuera candidato a una diputación federal plurinominal, Rogelio Franco Castán, inculpado de un delito que pareciera una broma de mal gusto llamado “ultrajes a la autoridad” (ahora conocido como Ley Franco), debido a que según las acusaciones le rompió la camisa a un policía al ser detenido injustificadamente. Por tal motivo Franco Castán debió tomar protesta como diputado del PRD, partido al que siempre ha pertenecido, ante el presidente de la Mesa de decanos, Augusto Gómez Villanueva, porque sus derechos políticos no han sido cancelados al no estar clara la acusación ni haber sentencia ni juicio contra quien fuera líder estatal del PRD en Veracruz.
Otro caso es el de otro perredista, Gregorio Gómez Martínez, candidato a la presidencia municipal de Tihuatlán, por el mismo delito. Entraron sin orden de cateo ni de detención a su negocio para llevárselo, ante tal violencia los vecinos pensaron que se trataba de un secuestro.
Como estos casos hay muchos que deben aclararse de inmediato, porque sin duda se trata de presos políticos que son sacados de la contienda electoral para favorecer a correligionarios, amigos, familiares o compadres, lo cual implica también un tráfico de influencias que es evidente en estos casos.
Otro de los aspectos que desgasta la figura presidencial cada mañana es la insistencia sobre la hipotética erradicación de la corrupción, cuando sabemos que no hay un solo gobierno en el territorio nacional que no siga practicando este vicio que debió ser desechado desde hace tres años.
Gobiernos de todos los colores, chicos, grandes o medianos, padecen el vicio de la corrupción, lo cual hace quedar todos los días muy mal al presidente, quien cree que esto ya no existe en la administración pública actual. La gente lo sabe, pero como todo pueblo sabio, lo calla para que no haya más críticas a la administración pública.
Si bien es cierto que nunca antes se había hablado de manera tan directa con los medios, también es cierto que deben aclararse los puntos negros de la información que surge del propio presidente de la república, porque puede darse el caso de que lo engañen o de que -con conocimiento de causa- se actúe con su anuencia en estas imperdonables anomalías. PEGA Y CORRE. – Los mandos medios en algunas dependencias de gobierno se convierten en orejas de delincuentes, porque ya son varias las ocasiones en que antes de que haya una orden de aprehensión contra alguien ese alguien salga del país, dificultando su detención y convirtiéndose en un prófugo de la justicia…
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