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19.10.2026 Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió a las autoridades de Estados Unidos esclarecer la muerte de un mexicano en un centro de procesamiento migratorio de Laredo, Texas, y manifestó su profunda preocupación por la recurrencia de fallecimientos de connacionales bajo custodia o durante operativos migratorios. Con este caso, el Gobierno mexicano contabiliza 18 mexicanos fallecidos en estas circunstancias desde el 20 de enero de 2025.
El caso más reciente corresponde a un hombre de 56 años que murió en el Centro de Procesamiento Río Grande, instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La Cancillería solicitó una investigación pronta, exhaustiva y transparente para determinar las circunstancias del deceso y establecer si existen responsabilidades.
De acuerdo con información difundida el 19 de octubre, el fallecido fue identificado por medios estadounidenses como Emiliano Andrade Covarrubias. El congresista demócrata Henry Cuellar informó a The Texas Tribune que el personal del centro lo encontró inconsciente durante una revisión de rutina, el sábado 17 de octubre por la mañana. Los intentos de reanimación no lograron salvarle la vida.
La causa oficial de la muerte aún está pendiente del dictamen forense. Hasta la información publicada el lunes, las autoridades migratorias estadounidenses no habían ofrecido una explicación pública detallada sobre el fallecimiento.
La familia señaló que Andrade padecía diabetes e hipertensión y que también tenía antecedentes de problemas cardiacos y respiratorios. Su hija relató que, durante el periodo de detención, su padre habría experimentado un deterioro importante de su salud y dificultades para recibir los medicamentos y la atención médica que necesitaba. Estas denuncias deberán ser contrastadas en la investigación para establecer si existieron omisiones en su atención.
La muerte vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de atención médica y vigilancia dentro de los centros migratorios estadounidenses, particularmente ante el aumento documentado de fallecimientos durante el actual periodo de endurecimiento de las políticas de detención y deportación.
El número de fallecimientos en centros migratorios de Estados Unidos es mayor que el registrado únicamente entre la población mexicana. Un informe de Human Rights Watch publicado el 25 de junio contabilizó 52 personas muertas bajo custodia del ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026. La organización advirtió que la tasa de mortalidad había alcanzado su nivel más alto en más de una década y que el incremento era desproporcionado respecto al crecimiento de la población detenida.
La situación también ha generado cuestionamientos sobre la supervisión de los centros y la prestación de servicios médicos. Un análisis publicado por ABC News en abril, basado en un estudio de la revista científica JAMA, encontró un aumento de la tasa de mortalidad en los centros de detención y señaló posibles problemas relacionados con la saturación de instalaciones, la supervisión y los retrasos en la atención médica
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, por su parte, ha defendido que el ICE proporciona servicios médicos y atención de emergencia a las personas detenidas.
Ante el fallecimiento en Laredo, la SRE anunció que presentará una denuncia ante el fiscal del condado de Webb para solicitar que se investigue lo ocurrido. También informó que la representación consular mexicana mantiene contacto con la familia y le proporciona asistencia.
Entre las medidas anunciadas se encuentra una solicitud, por conducto de la Embajada de México en Estados Unidos, para que las autoridades migratorias garanticen el acceso de los cónsules mexicanos a los centros de detención. El objetivo es fortalecer la protección consular y permitir que los representantes mexicanos den seguimiento a las condiciones de reclusión y a la atención médica que reciben los connacionales.
La Cancillería también ha recurrido a notas diplomáticas y denuncias ante autoridades estadounidenses por otros fallecimientos. En julio, el entonces titular de la dependencia informó que México había contabilizado 17 connacionales muertos en incidentes vinculados con actuaciones del ICE: 14 en centros de detención y tres durante operativos.
El caso de Andrade Covarrubias deja pendientes preguntas fundamentales: qué atención médica recibió durante su detención, cuáles fueron las circunstancias que precedieron a su muerte y si las autoridades cumplieron con sus obligaciones de cuidado. La autopsia y las investigaciones correspondientes deberán aportar elementos para esclarecer estos puntos.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano reiteró su preocupación por la repetición de estos casos y la necesidad de garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes,