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19.10.2026 Estado de Mexico.- La defensa del exfiscal de Chihuahua sostiene que no existen pruebas de que ordenara o aprobara la intervención de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio; tras obtener el beneficio de enfrentar en libertad el proceso estatal, el exfuncionario fue detenido nuevamente por una investigación federal por presunta traición a la patria.
El abogado Héctor Villasana Ramírez, defensor del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, cuestionó la legalidad y la necesidad de la nueva detención de su representado, quien quedó bajo custodia federal después de que un juez estatal determinara que podía continuar en libertad el proceso penal que enfrenta por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La segunda detención ocurrió la noche del domingo 18 de octubre, cuando agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de aprehensión federal al concluir la audiencia judicial en Chihuahua. La acusación está relacionada con la presunta participación de agentes estadounidenses, identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara en abril de este año.
Villasana sostuvo que las autoridades tenían otras alternativas para garantizar la comparecencia del exfuncionario, debido a que, según explicó, había atendido previamente citatorios de las fiscalías estatal y federal. Desde su perspectiva, esa circunstancia debía considerarse antes de recurrir a una nueva orden de aprehensión.
El litigante también advirtió que la apertura de dos procedimientos penales en ámbitos distintos puede complicar el ejercicio de la defensa, pues su cliente debe responder a las acusaciones estatales mientras enfrenta una investigación federal por hechos relacionados.
“Hay una violación muy grave al debido proceso”, señaló el abogado en declaraciones a medios de comunicación, al cuestionar las consecuencias de mantener simultáneamente ambos procedimientos.
La defensa también objetó que el exfiscal fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México. Villasana informó que Jáuregui fue llevado desde Chihuahua hacia la zona de Toluca y quedó a disposición de una jueza federal, mientras el equipo jurídico esperaba la determinación sobre la audiencia inicial correspondiente a la causa federal.
El abogado consideró que la detención resulta cuestionable porque su representado ya estaba sujeto a un proceso estatal y tenía pendiente continuar su comparecencia ante el juez de Chihuahua. Por ello, anticipó que la defensa buscaría hacer valer sus argumentos sobre el procedimiento seguido por las autoridades y la afectación que, a su juicio, podría ocasionar a las garantías procesales del exfuncionario
La nueva orden de aprehensión se produjo después de que el juez estatal resolviera que Jáuregui podía enfrentar en libertad la acusación por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Entre las medidas cautelares impuestas se encuentran la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, entregar su pasaporte y visa estadounidense, no salir de Chihuahua ni del país y abstenerse de comunicarse con testigos.
Sin embargo, esa resolución no impedía que la autoridad federal ejecutara una orden de aprehensión independiente por una investigación distinta. Por esa razón, el beneficio obtenido en el ámbito estatal no significó que el exfiscal recuperara plenamente su libertad.
La Fiscalía General de la República investiga la posible comisión del delito de traición a la patria, a partir de la participación de ciudadanos estadounidenses en el operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. La imputación federal deberá ser examinada por la autoridad judicial correspondiente y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad.
La defensa rechaza que Jáuregui haya ordenado o autorizado la presencia de los agentes extranjeros. En entrevistas este lunes, Villasana afirmó que los elementos de investigación que conoce su equipo no demuestran que el entonces fiscal general estuviera enterado de que personal estadounidense participaría en el despliegue.
El abogado explicó que su representado sabía que se llevaría a cabo un operativo para localizar posibles generadores de violencia, pero distinguió ese conocimiento general de la autorización o supervisión directa de las acciones desplegadas en el lugar.
Según la versión de la defensa, la planeación operativa correspondía a Pedro Román Oseguera Cervantes, quien encabezaba la Agencia Estatal de Investigación y murió en el accidente automovilístico ocurrido después del operativo, en el que también fallecieron dos agentes estadounidenses.
Villasana afirmó que las declaraciones recabadas apuntan a Oseguera Cervantes como el responsable de organizar y coordinar las acciones. Aseguró que, de los testimonios revisados por su equipo, ninguno demuestra que Jáuregui hubiera autorizado la participación de integrantes de la CIA.
El litigante también sostuvo que el hecho de que el fiscal general mantuviera reuniones frecuentes con los mandos de investigación no significa que conociera todos los detalles de cada despliegue, pues la ejecución de las operaciones correspondía a las áreas operativas. Estas afirmaciones forman parte de la estrategia de defensa y deberán contrastarse con los elementos que presente el Ministerio Público.
Sobre la acusación federal por traición a la patria, Villasana cuestionó que las acciones atribuidas a su cliente puedan encuadrar en ese delito. Sostuvo que corresponde a la Fiscalía acreditar cómo la conducta que le atribuye habría atentado contra la independencia, soberanía o integridad de México con la finalidad exigida por la ley.
El abogado indicó que su equipo había tenido acceso a información de la investigación estatal, pero no contaba todavía con acceso completo a la carpeta federal. Por ello, advirtió que sería necesario conocer los elementos que sustentaron la orden de aprehensión para responder de manera integral a la acusación.
La defensa también cuestionó la competencia de la unidad de la Fiscalía estatal que lleva el expediente por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Villasana argumentó que, a su juicio, la investigación debió estar a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, planteamiento que prevé someter a consideración judicial.
El caso tiene como antecedente el operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara, que derivó en el hallazgo de un laboratorio clandestino y en la muerte de cuatro personas durante un accidente vehicular: dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación y dos ciudadanos estadounidenses vinculados, de acuerdo con las investigaciones, con la CIA.
La presencia de agentes extranjeros en actividades de seguridad dentro de territorio mexicano abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de colaboración con Estados Unidos, la autorización de esos despliegues y la responsabilidad de los mandos que participaron en la operación.
La controversia se intensificó después de que las autoridades federales sostuvieran que los ciudadanos estadounidenses participaron en actividades operativas, mientras la defensa de Jáuregui rechaza que los testimonios que ha revisado acrediten una intervención directa de esos agentes o que el exfiscal hubiera autorizado su presencia.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de irresponsable la actuación atribuida al exfiscal y cuestionó que agentes extranjeros hubieran intervenido en un operativo en territorio nacional sin que se aclarara plenamente bajo qué condiciones se realizó. La postura del Gobierno federal contrasta con la estrategia de la defensa, que insiste en la falta de pruebas directas contra su representado.
Mientras se define la situación jurídica del exfiscal en el ámbito federal, el procedimiento estatal continúa por separado. La siguiente etapa de ese proceso está prevista para el jueves 22 de octubre, cuando deberá continuar la audiencia relacionada con los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
La nueva detención coloca a César Jáuregui Moreno ante dos frentes judiciales derivados de los mismos hechos, pero con acusaciones distintas y autoridades investigadoras diferentes.
La defensa sostiene que la forma en que se ejecutó la orden federal puede afectar su derecho a una defensa adecuada; las autoridades, por su parte, deberán sustentar ante los jueces las imputaciones y los elementos que justifican cada procedimiento.