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11.08.2026 Ciudad de México.- La participación de México en organismos internacionales para impulsar los derechos de las mujeres contrasta con las dificultades que persisten dentro del país para garantizar justicia, protección y atención efectiva a quienes enfrentan violencia, señaló la diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara.
La legisladora del PRI presentó ante la Cámara de Diputados un informe sobre su participación en el 70º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, realizado en Nueva York del 15 al 18 de marzo de 2026, donde uno de los principales asuntos abordados fue la necesidad de garantizar el acceso de mujeres y niñas a sistemas de justicia incluyentes y libres de prácticas discriminatorias.
En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, Rejón Lara planteó que el principal problema para México no radica necesariamente en la falta de leyes, sino en la distancia entre lo que establecen las normas y lo que ocurre cuando una mujer intenta hacer valer sus derechos ante las instituciones.
La diputada sostuvo que existen casos en los que las víctimas enfrentan procesos que pueden terminar agravando su situación, además de deficiencias en la preparación del personal encargado de recibir denuncias, investigaciones que no avanzan y procedimientos que terminan sin ofrecer una respuesta efectiva.
A partir de las discusiones desarrolladas durante la reunión internacional, la legisladora también llamó la atención sobre nuevas formas de violencia que se desarrollan en entornos digitales. Señaló que el acoso en plataformas, la difusión o utilización de imágenes para intimidar y otras conductas relacionadas con la violencia digital continúan planteando retos para las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos.
Otro de los asuntos que identificó como pendiente es el reconocimiento del trabajo de cuidados. De acuerdo con su análisis, las responsabilidades relacionadas con el cuidado de familiares y del hogar continúan teniendo efectos económicos y sociales particularmente importantes para las mujeres, mientras que diversas disposiciones laborales, civiles y de seguridad social todavía no responden de manera integral a esta realidad.
Rejón Lara también destacó el papel que desempeñan organizaciones comunitarias y colectivos de mujeres en lugares donde la presencia institucional resulta insuficiente. Desde su perspectiva, estas agrupaciones han desarrollado mecanismos de acompañamiento y atención con recursos limitados, lo que debería llevar al Estado a revisar qué prácticas pueden ser incorporadas a las políticas públicas.
Frente a este panorama, la legisladora planteó que el Poder Legislativo debe pasar de la creación de nuevas disposiciones a una evaluación sistemática de las normas que ya están vigentes.
Consideró necesario establecer mecanismos que permitan determinar si las leyes destinadas a combatir la violencia contra las mujeres realmente se aplican, cuáles son sus resultados y qué recursos se destinan para hacerlas funcionar. También propuso vincular el presupuesto público con indicadores que permitan medir avances concretos y fortalecer la fiscalización sobre las instituciones responsables.
La diputada colocó además el tema del cuidado entre las áreas que requieren una revisión legislativa integral. Señaló que los compromisos asumidos por México en espacios internacionales deben traducirse en modificaciones concretas a las normas laborales, de seguridad social y civiles, de manera que las tareas de cuidado dejen de representar una desventaja estructural para quienes las realizan.
En materia de violencia digital, llamó a acelerar el análisis de iniciativas que permanecen pendientes en comisiones. Advirtió que mientras las propuestas legislativas continúan su proceso parlamentario, las conductas que buscan atender siguen afectando a mujeres en espacios digitales y generan dificultades para su persecución.
La salud mental de las víctimas también fue incluida entre los pendientes. Rejón Lara consideró que las políticas y reformas relacionadas con la atención de mujeres sobrevivientes de violencia deben incorporar mecanismos específicos para atender las consecuencias psicológicas y los efectos del trauma, además de contar con recursos suficientes para garantizar su aplicación.
El informe también cuestiona la forma en que el Congreso mexicano participa en reuniones internacionales sobre derechos de las mujeres. La diputada señaló que no basta con acudir como representación parlamentaria si no existe previamente una estrategia que permita identificar los compromisos que México mantiene pendientes, establecer objetivos de trabajo y coordinar posiciones con dependencias e instituciones relacionadas con la política exterior y la igualdad de género.
En ese sentido, consideró necesaria una mayor coordinación entre las delegaciones legislativas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de las Mujeres y la representación permanente de México ante organismos internacionales.
Para la legisladora priista, la asistencia a encuentros como el CSW70 debe tener consecuencias concretas en el trabajo parlamentario y no limitarse a la representación protocolaria.
Su planteamiento coloca el debate en la efectividad de las políticas públicas: no solamente cuántas leyes se han aprobado, sino si esas disposiciones modifican las condiciones de vida de las mujeres, facilitan el acceso a la justicia y generan resultados verificables.
El documento presentado en San Lázaro concluye que el reto para el Congreso consiste en convertir los compromisos adquiridos en espacios internacionales en reformas, presupuestos, mecanismos de evaluación y acciones institucionales que puedan ser supervisadas.
La diputada sostuvo que el desafío comienza después de los foros internacionales, cuando los legisladores regresan al país y deben trasladar los diagnósticos y acuerdos al terreno de las decisiones públicas. Para Rejón Lara, la verdadera evaluación de la participación mexicana en estos encuentros no debe centrarse en lo aprendido, sino en las medidas que el Poder Legislativo esté dispuesto a impulsar a partir de esas conclusiones.