*Sólo el 15 por ciento de los casos de feminicidio se judicializaron.
*Miles de mujeres en nuestro país se encuentran en potencial riesgo de ser víctimas: Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
/ Laura Lucía Romero Mireles /
23.03.2026 México.- La violencia de género es la expresión más grave de la desigualdad de género, y se manifiesta en los contextos públicos y privados, en espacios físicos o virtuales, y de formas sutiles y explícitas. El feminicidio es su forma más brutal, y miles de mujeres en nuestro país están en potencial riesgo de ser víctimas, señaló Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.
En la conferencia “Protección y acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género en México”, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), la universitaria alertó que si a ese delito, considerado de alto impacto, no se le hace caso dentro de las fiscalías, hay que pensar qué pasa con otros, como violación u hostigamiento sexual.
De acuerdo con datos del Censo de Procuración de Justicia 2025, en las fiscalías de toda la nación había 4 mil 523 casos de feminicidio (carpetas de investigación), consumados o en grado de tentativa. De esos, en 2 mil 229 se llevó a cabo la investigación inicial; 946 fueron presentados ante un juez de control; en 948 se concluyó la investigación complementaria y en 679 se presentó una acusación formal.
Es decir, insistió, sólo el 15 % de los casos de feminicidio que tenían las fiscalías se judicializaron, a pesar de tratarse del delito de violencia de género más extremo. “Esto es un escándalo”, calificó la experta en la sesión virtual.
Frías Martínez explicó que esa violencia es cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de distintas identidades (pertenencia étnica, estrato socioeconómico, orientación sexual, edad, etcétera) que causa daño, sufrimiento o muerte a la persona.
Remite a una situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de las sociedades, y que se apoya en concepciones sobre la inferioridad y subordinación de las mujeres, y la supremacía y poder de los varones, detalló la experta en la sesión moderada por Erika Bárcena Arévalo, del IIJ.
México, aclaró, ha llamado la atención a escala internacional por el asesinato de mujeres por razones de género, pero según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), no es el país con las mayores tasas de ese delito por cada 100 mil habitantes. En Bolivia, Paraguay o Uruguay son semejantes, mientras que en Honduras o Brasil, son mayores.
Por el total de población, el nuestro es el segundo país de la región con mayor número de feminicidios, sólo después de Brasil. Ese delito no sólo es perpetrado por la pareja íntima, sino que se vincula a la explotación sexual o la prostitución, o es infantil, transfóbico, lesbofóbico, racista, etcétera.
En México, se estima que aproximadamente el 35 % de los asesinatos de mujeres son feminicidios. Sin embargo, hay muertes que cumplen con las características de este delito, pero no son investigadas como tales, sino como suicidios o por otras causas. Además, las cifras son “conservadoras”, porque hay un grave problema con las personas desaparecidas y no localizadas.
De los reportes de personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría corresponde a hombres, pero el porcentaje de mujeres no es desdeñable, con 21 %. Además, consideró, es necesario repensar la catalogación de muchos de los asesinatos de mujeres que se producen en contextos de alta militarización y presencia de grupos criminales, porque puede haber un componente de género, alertó.
En cuanto a la violencia de pareja y exparejas, comentó Frías Martínez, a partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2021) se establece que aproximadamente 670 mil mujeres están en potencial riesgo de violencia feminicida. Ellas no saben dónde acudir formalmente a pedir ayuda, y ese problema muestra que las cifras de carpetas de investigación abiertas son sólo la “punta del iceberg”.
Si piden ayuda, el problema no se termina. Institutos de la mujer, centros de atención a la violencia intrafamiliar, etcétera, no han sido exitosos; hay una “traición institucional” cuando ellas acuden y no se logra auxiliarlas, aún más en las instituciones de procuración de justicia, donde se les propone conciliar, las convencen de no denunciar o no les creen. En este problema estructural, concluyó, el Estado tiene gran responsabilidad.
