*Escrito por Wendy Rayón Garay
10.02.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- En entrevista para Cimacnoticias, la saxofonista María Elena Ríos, víctima de violencia ácida el 9 de septiembre de 2019, denunció que teme por su seguridad y la de su familia ante la posibilidad de que su agresor, Juan Antonio N., sea pasado por muerto para evadir la justicia, cuyo acto traerá posibles represalias hacía ella.
Por ello, el día de ayer en medio de una conferencia en el Zócalo capitalino, solicitó que Juan Antonio N. sea trasladado a un hospital público como el IMSS o el ISSSTE para una exploración física por un perito de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que acredite su estado médico y que sea vigilado por instancias federales como la Guardia Nacional (GN), ya que ha existido un vínculo de corrupción con la policía estatal que ha estado denunciado en los últimos años, aseguró María Elena.
También mencionó que sus peticiones pertenecen a la solicitud de coadyuvancia directa con la Secretaría de las Mujeres, liderada por Citlali Hernández, luego de que, por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fuera reformada para adicionar en el artículo 34º el Capítulo VII ‘Del Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños” en el que la secretaría queda a cargo de crear indicadores, dar seguimiento y evaluar dicho registro.
Aunque por el momento, María Elena y su familia cuentan con una medida de protección federal, comentó que ha recibido ataques y amenazas de mujeres financiadas por su agresor y que incluso, en algunas ocasiones, utilizaron armas exclusivas del ejército. Al no ver trascendencia en las denuncias públicas que realizó, percibe que hay corrupción en los procesos de su caso.
“Espero que esta intervención (de la Secretaría de Mujeres) pueda suceder de manera pronta, ya que como lo manifieste en un video el día de ayer, esta situación de que no murió, pero que está excesivamente grave, parecería que están planchando un camino para plantear una muerte”– María Elena Ríos
Ante esta situación, María Elena expresó su preocupación, cansancio y miedo ante la movilicación que ha tenido que hacer que su agresor no escape. «No es fácil despertar y pensar en el tema de Juan Antonio N. (…) Ya me robó cinco años de mi vida». Tambien mencionó sentir decepción del Poder Judicial ante su actuar y la falta de justicia a cinco años del delito.
«Estoy consciente que está en juego mi vida y para salva guardarla tengo que denunciar constantemente» -María Elena Ríos
De la hemorragia a la muerte
El pasado 2 de diciembre de 2024, Juan Antonio N. fue trasladado del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet al Hospital Reforma debido a una cita médica. Según señaló María Elena, dicho movimiento no le fue notificado por ninguna autoridad, sino que se enteró hasta el 19 de diciembre a través de “terceras personas” y más tarde confirmó la información con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, entidad donde sucedió el ataque y se lleva el proceso penal de su agresor.
De esta manera, tuvo que viajar hasta el Hospital Reforma y se percató que no se encontraba ningún policía estatal que estuviera vigilando a Juan Antonio como le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para evitar una situación de fuga. Y aunque, su agresor “tiene el derecho a la salud como todas las personas” la falta de comunicación de las autoridades sobre el traslado de su agresor le generó dudas e incertidumbre.
A este panorama se suma que, hasta el momento, no se ha comprobado su situación médica a través de pruebas científicas. De acuerdo a los que mencionó, llevaron al hospital a Juan Antonio para atenderle la enfermedad de hemorroides, sin especificar el grado. Después, le explicaron que tuvieron que internarlo de manera urgente por la aparición de ocho enfermedades, situación que a Maria Elena le pareció incongruente: “No es normal que a una persona de pronto le surjan tantas enfermedades” declaró.
Maria Elena notificó los hechos al Ministerio Público (MP), quien envió a su perito para revisar el estado de Juan Antonio, así como la lectura de su expediente médico. Sin embargo, la familia de su agresor se negó a que el personal de la Fiscalía sea quien realice la exploración física, así como el acceso al registro que contendría información sobre su salud.
Posteriormente, fue llevado al Hospital del Valle y más tarde al Hospital Santa Anita, ambos en la ciudad de Oaxaca. De nueva cuenta, no hubo policías que estuvieran vigilando a Juan Antonio. Ante la falta de responsabilidad de las autoridades, María Elena revisó “puerta por puerta” y se dio cuenta que su agresor, tampoco ni siquiera estaba en el inmueble.
Fue hasta el 4 de febrero de 2025 que, las autoridades notificaron a su abogada sobre las ocho enfermedades de Juan Antonio en el que requería de un cateterismo por una afectación en su corazón. Un día después, comenzaron a circular noticias sobre su fallecimiento y aunque, dicha información ya fue negada por la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para María Elena continúa el temor de que lo hagan pasar por muerto en los próximos días.
«Con todo respeto. No estoy pidiendo una ayuda, estoy pidiendo solamente un proceso transparente. Estoy haciendo externas mis preocupaciones, que desde luego son legítimas, tras tener antecedente situaciones de argucias por parte de este agresor (…) Mi temor es que lo hagan pasar por muerto este fin de semana. Lo conocemos como el sabadazo, que es cuando los fines de semanas son flojos para que puedan subir noticias de esta índole»- María Elena Ríos
La criminalización hacia María Elena
Desde el momento en el que Juan Antonio cometió feminicidio en grado de tentativa hacía María Elena en 2019, la justicia ha tardado en hacer efectos en este caso. En abril de 2020, se entregó de manera voluntaria ofreciendo la cantidad de 2 millones de pesos al Tribunal para que no fuera vinculado a proceso. A pesar de eso, las pruebas que atañe la carpeta de investigación fueron suficientes para darle la prisión preventiva oficiosa.
Según explicó María Elena, su agresor ha realizado varios intentos por evadir su responsabilidad a través de sus vínculos políticos que lo rodean. Tan solo en agosto de 2024, un juez lo absolvió y al ser comprobado los actos de corrupción, la medida quedó sin efectos. Cabe señalar que, Juan Antonio es un empresario y político mexicano que militó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y posteriormente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que tiene «una red de vínculos con personas de fuero, de estatus político y socioeconómico».
Por lo que, como parte de las personas que han protegido a Juan Antonio, señaló la complicidad del gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien a su vez la ha violentado llamándola «mentirosa» y pagando a medios de comunicación para generar información en su contra generando una «situación de encubrimiento».
El portal de noticias El Pájaro Vaquero, realizó una investigación en donde consultó la Biblioteca de Anuncios de Facebook. Tan solo en el mes de enero de 2025 se destinaron 883 mil 891 pesos en publicidad para el estado de Oaxaca donde el 83% se empleó para cuentas oficiales, vinculadas a Salomón Jara y medios en donde, además de controlar la narrativa de su mandato, la mayoría de los contenidos fueron dirigidos contra el exgobernador Alejandro Murat y María Elena.
Asimismo, recibió ataques y revictimización de la periodista Nadia Karina Sanabia Martínez, quien el día de ayer fue evidenciada por la página de Facebook ‘Transparencia Oaxaca Reporta #2’ por recibir dinero del gobierno de Oaxaca. La información fue dada a conocer a gracias a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Debido a la campaña de desprestigio y el excarcelamiento de Juan Antonio, María Elena irrumpió durante el evento público de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec en Oaxaca. Ahí denunció el actuar del gobernador Salomón Jara y señaló que «las mujeres de Oaxaca no tienen justicia».
El ataque con ácido y la falta de justicia
El 19 de septiembre de 2019, Ruben N ingresó al domicilio de María Elena para cometer violencia ácida, esto le provocó varias quemaduras en el 80% de su cuerpo. Desde entonces, ha luchado por justicia ante el feminicidio en grado de tentativa de la cual fue víctima y señaló como actor intelectual a Juan Antonio N, su expareja quien la había amenazado de muerte.
Tras su recuperación, comenzó un proceso penal contra todos los implicados: Ponciano N, Rubiciel R, quienes son padre e hijo y actuaron como presuntos autores materiales, y contra el empresario Juan Antonio N y su hijo Juan N, que se mantiene prófugo. A cinco años del suceso, María Elena aun no obtiene justicia.
