- A Juicio de Amparo
/ María Amparo Casar/
A Héctor de Mauleón, nueva víctima de
la censura, la criminalización de la crítica
y el desprecio a la libertad de expresión.
De principio a fin, de cabo a rabo, de pies a cabeza, la elaboración e implementación de la reforma judicial ha sido y será un bodrio procesal, institucional y legal.
Toda reforma tiene luces y sombras. Arregla unas cosas y descompone o ignora otras. Ésta es la excepción. Difícil encontrar alguna luz. Nos sumirá en la obscuridad judicial y será -ya ha sido- un paso más hacia la demolición democrática.
No fue resultado del análisis de un problema (sin duda real) y la búsqueda de mecanismos para resolverlo. Fue producto del capricho de un presidente que no pudo tolerar que ministros, magistrados y jueces contradijeran su voluntad. Un capricho asumido y elaborado por incondicionales. Un capricho bendecido por los integrantes de las autoridades electorales que le dieron una mayoría inconstitucional al partido hasta entonces dominante -Morena- y gracias a ellos ahora hegemónico. Así que no. No sólo fue obra de un autócrata sino también de todos aquellos que pudieron evitar la reforma y no lo hicieron. Incluso, responsabilidad de la nueva presidenta que pudo zafarse de la reforma y no lo hizo. Peor todavía. Impulsó o aceptó la “inimpugnabilidad” de las reformas constitucionales cerrando el último candado para frenar este despropósito autoritario disfrazado de democracia.
Invirtió el principio. Incertidumbre en las reglas y certeza en los resultados.
Muchas de las consecuencias de la fallida reforma y su proceso de implementación ya las conocemos. Faltan las que se deriven de la jornada electoral y sus resultados que son bastante previsibles.
De entrada, se pidió al INE un imposible. Hacer una elección para 881 puestos en los que compiten más de 3,400 candidatos repartidos en 6 boletas, sólo a nivel federal. Muchas más si el ciudadano se encuentra en uno de los 19 estados donde tendrán también que elegir jueces locales.
El INE, antaño institución de clase mundial, es ahora un órgano de gobierno. ¿Y si los magistrados y consejeros electorales hubiesen renunciado por causas graves? O sea, por querer “obligarlos” a demoler a uno de los poderes de la Unión.
No. La mayoría de los consejeros del INE y del TEPJF lo aceptó sin chistar. No quisieron o no supieron resistir. Se doblaron ante la voluntad del Ejecutivo. No todos, algunos como Janine Otálora, quien merece nuestra solidaridad, fue víctima de una campaña orquestada de desprestigio y calumnias revelada recientemente por la periodista Carmen Aristegui en #TelevisaLeaks.
Los problemas de implementación -de tipo legal, presupuestal y de logística- quedaron expuestas de inmediato. Se tuvieron que expedir leyes a vapor que luego tuvieron que ser modificadas. Las lagunas que persistieron se subsanaron a través de acuerdos internos del INE y resoluciones del TEPJF que han sido impugnados.
Se alteraron las reglas de los procesos electorales que durante décadas de aprendizaje fueron socializadas e internalizadas por los ciudadanos: casillas cercanas al domicilio (habrá la mitad de casillas); boletas sencillas y comprensibles (ahora inéditas para los votantes con hasta 36 opciones); elección a cargos bien identificables (ahora se votará por puestos que ni se sabe que existen ni qué funciones llevan a cabo); emblemas y siglas familiares para dar orientación (ahora son listas con códigos y leyendas de muy difícil comprensión); nombres identificables producto de campañas competidas y plurales (ahora hay largas listas de nombres poco o nada identificables); urnas separadas por cada cargo (ahora habrá urnas únicas en donde se depositarán todas las boletas), o una amplia vigilancia ciudadana (ahora sin garantía de observadores imparciales y sin un conteo de votos frente a los ciudadanos).
Paradójicamente lo que tendría que ser incierto, el resultado, será lo único cierto. Tuvimos certeza de que en la elaboración de las listas prevaleció no la capacidad, sino la lealtad y que se favoreció a los cercanos al partido hegemónico. La mayoría de los candidatos de las “planillas” del Ejecutivo, el Legislativo y, en menor medida, del Judicial responden al partido-gobierno.
Vaya, ni siquiera se recurrió a las cuotas, que por más que sean criticables admitían cierta pluralidad.
Los puestos más codiciados serán para los leales ya sea por el acarreo, el rellenado de boletas de los que no fueron a votar o simplemente porque así lo decidirán los representantes distritales del INE, quienes contarán los votos en la mayor secrecía. No cabrá ni la defensa de corte obradorista de “voto por voto, casilla por casilla”.
Por eso hoy se habla del INE-gobierno y del TEPJF-gobierno.
Habrá baja participación -a pesar de la movilización morenista- independientemente de que el INE-gobierno cante el porcentaje que le venga en gana. El conteo de votos no tendrá legitimidad pues no lo harán los ciudadanos en la casilla, no pondrán las cartulinas de los ganadores afuera de las casillas y no anularán las boletas en blanco. Éstas se mandarán a los comités distritales en donde podrán ser rellenadas a discreción o destruidas. Todo esto hace de la elección judicial una farsa.
Y si por guardar las apariencias llegan algunos jueces preparados e independientes -que los hay- tendremos un Tribunal de Disciplina que a la menor provocación podrán ser despedidos.
Todo comenzó y terminará como una farsa, un fraude, un engaño que no tiene el menor potencial de mejorar el desempeño de la justicia en México y sí de destruir la división de poderes
