** A juicio de Amparo.
/ María Amparo Casar /
Solemos escuchar demasiado a menudo que hay una mayoría de periodistas, comunicadores y analistas perversos capaces de inventar cifras y datos con el único propósito de descarrilar al gobierno. Según esta versión, los enemigos o adversarios de la denominada 4T estamos empeñados en pintar una “realidad alejada de la realidad” que divulga todos los días el Presidente en sus mañaneras. En su cabeza somos adversarios, conservadores y neoliberales y nos ha descalificado, según el conteo de Luis Estrada, en 10 mil 461 ocasiones.
La mayoría de nosotros fundamentamos nuestros análisis y comentarios en evidencia sólida, comprobable y muchas veces con la información que el mismo gobierno proporciona. Es con esa evidencia y no con calificativos o adjetivos que hemos mostrado no sólo el mal desempeño de este gobierno, sino la incongruencia y, sobre todo, que su gestión adolece de muchas viejas prácticas del ejercicio discrecional del poder. Tantas, que puede echarse por tierra la frase de que no somos iguales.
Ayer, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó su ya tradicional análisis trimestral de las compras y contratos del gobierno federal (https://n9.cl/hdssf), en esta ocasión a cargo de Renata Gómez Lameiras.
En su mañanera del 1 de noviembre, el Presidente volvió a afirmar que “estamos todos los días cuidando que no se roben el dinero del pueblo”. Dijo que su gobierno se diferencia de los anteriores y menciona algunas prácticas que supuestamente ya no existen: la concesión para administrar un reclusorio a empresas sin experiencia, la construcción de una pista del aeropuerto de Texcoco y hasta las contrataciones de camillas, sillas de ruedas y ambulancias del ISSSTE. Pero, cuál es la realidad: ¿se acabaron las prácticas del ejercicio discrecional de los recursos públicos?, ¿de beneficiar a los allegados, de contratar por la vía de adjudicación directa, de no ser transparentes, de violar la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública?
Ninguna de las anteriores. Se siguen dando contratos a familiares de funcionarios del gobierno, con el agravante de haberlo hecho a empresas que habían sido inhabilitadas no una, sino dos veces, por vender a sobrecosto y sin cumplir con las especificaciones del producto. Ése fue el caso de los ventiladores del hijo de Bartlett en 2020 y de nuevo en 2022: 9 contratos por 58 millones de pesos, 7 de ellos por adjudicación directa. Dos de estos últimos precisamente con el ISSSTE y por un monto de más de 20 millones de pesos.
Sigue también la costumbre de que cuando una empresa es inhabilitada (Innovaciones Hospitalarias de México) se recurre a la artimaña de contratar a otra que, casualmente, es de los mismos socios de la primera. Tal es el caso de una empresa que surte al sector salud (ISSSTE, Hospital General de México, el de Alta Especialidad del Bajío y el Instituto de Cardiología).
Otra práctica recurrente es la falta de transparencia. Aun aceptando sin conceder que hubo una falla técnica por la cual Compranet dejó de funcionar durante 17 días, al momento no tenemos certeza de cuánto y cómo se gastó en este periodo. MCCI recurrió a varias solicitudes de información con la tradicional respuesta de que la Unidad de Política de Contrataciones Públicas ( de la SHCP) era incompetente. A pesar de ello, con los datos incompletos, pudimos documentar que en este periodo se otorgaron contratos y obras por más de 12 mil500 millones de pesos, o sea, 736 millones de pesos cada día.
Respecto a la prohibición de adjudicaciones directas, mejor ni hablar: 8 de cada 10 contratos en este gobierno han sido por adjudicación directa, cifra ligeramente superior a la que registró Peña Nieto, que fue de 7 por cada 10 en sus primeros cuatro años.
Y, sorpresa, algunas de las dependencias gubernamentales como Birmex, el Fonatur y Diconsa han gastado, respectivamente, 99.98 y 94% de su presupuesto en compras sin licitar.
Finalmente, cabe resaltar que otra práctica de la “época neoliberal” que ha mantenido este gobierno es la de desviarse del supuesto poder de la bolsa de la Cámara de Diputados, que es la instancia que decide el destino de los recursos de los mexicanos. Durante su gestión y a pesar de contar con la mayoría de la Cámara, López Obrador reasignó en 2020 el equivalente a 17% del presupuesto originalmente aprobado y en el 2021 el equivalente al 19 por ciento.
La conclusión es ineludible, en materia presupuestal, como en tantas otras materias, no hay nada que se asemeje a una transformación. A éste, como a los gobernantes anteriores, se les olvidan sus promesas de campaña y sus críticas cuando eran oposición. Una vez en el poder, no les gustan ni los principios ni las mejores prácticas democráticas. Prefieren gobernar sin obstáculos y, sobre todo, sin ser vigilados por los ciudadanos.
