*Varios actores, incluso de Morena se han deslindado de semejante propuesta de vigilancia vía el fisco.
/Redacción/
Cdmx., 18 mayo 2020.- El Presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar plantea ampliar facultades del INEGI para vigilar concentración de riqueza, argumentando “progresividad fiscal” al proponer revisar el patrimonio inmobiliario y financiero, así como la concentración de poder de empresas y personas.
En un texto propuesta de cinco puntos dada a conocer este domingo por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, integrado por “un grupo de especialistas en la realidad económica, política y social del país” exponen sus motivaciones y planes para que quien tenga dinero pagué más impuestos y todos los ciudadanos sean estructuralmente vigilados por el fisco.
De acuerdo a su primer punto del acuerdo se define que el “Estado de Bienestar”, como concepto y propósito, debe quedar plasmado en la constitución, mismo que deberá integrar los programas “que aseguran derechos” para todos los mexicanos.
En el segundo lugar, plantean medir la “concentración de riqueza” a través del INEGI, mismo que deberá “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas” a través del acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria.
Para el tercer sitio de la exposición morenista, Ramírez Cuellar apunta que “la progresividad fiscal” tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de dióxido de carbono y los daños a la salud.
Advierte que la progresividad fiscal debe ser la base de sobre la cual todos los mexicanos deben contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar, además de integrar un Consejo Fiscal que mida y evalúe la calidad de ingresos y los gastos del Estado Mexicano, además de informar si éstos contribuyen a reducir la desigualdad entre regiones.
En el último punto se propone dotar de mayor fortaleza a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para vigilar la “concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios básicos”.
Por ello la COFECE deberá exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación a mexicanos y las regiones por la forma en que las empresas operan en cada mercado.
La propuesta ha recibido un tajante rechazo de ciudadanía y de sectores que consideran un viraje ideológico social comunista del gobierno mexicanos que vía su partido pretende imponer este sistema de vigilancia y no disminuir la desigualdad, como se está reflejando en sus propias políticas pública.
Comunicado
El diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional tienen que re-construirse. La
magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda. El punto de partida y el
desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del
Bienestar.
A partir de diversos análisis elaborados por Morena en conjunto con especialistas en la
realidad política, social y económica del país, se concluye que el gran Acuerdo implica
modificaciones fundamentales a nuestro sistema jurídico, en los siguientes aspectos:
PRIMERO:
El ESTADO DE BIENESTAR, como concepto y propósito, debe quedar plasmado de manera
explícita en nuestra Carta Magna, señalando los sistemas de protección universales que se
deriven del mandato constitucional. Son los nuevos sistemas que trascienden programas
parciales y sintetizan y aseguran derechos ineludibles para todos los mexicanos.
Se trata de convenir la construcción del NUEVO ESTADO que habrá de emerger de la crisis
que estamos padeciendo. Se busca dar certeza nacional de lo que será la nueva normalidad.
SEGUNDO:
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe de tener la facultad
constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de
millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata
sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en
México es un gran avance.
Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la
riqueza.
La información por Deciles es buena. Pero se requiere descomponer la composición del X
Decil y ver los componentes y los estratos que lo integran. El INEGI debe entrar, sin ningún
impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas.
Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos
con los que cuenta cada mexicano.
El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria
y a toda la información financiera y bursátil de las personas.
TERCERO:
La Progresividad Fiscal debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de
contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar. La
proporcionalidad y la equidad deben de dar paso a la justicia y a la progresividad que
marquen las leyes. La progresividad fiscal tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el
ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.
La experiencia histórica nos muestra con una terca contundencia que el ESTADO DE
BIENESTAR sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más
tienen. Sólo la fortaleza fiscal y financiera de los estados puede financiar sustentablemente
y con ingresos recurrentes verdaderos sistemas de salud, de educación y de protección del
empleo y de generación de riqueza.
La racionalidad de los gastos del gobierno se convierten en un imperativo. Pero un Estado
austeramente pobre tiene con grandes limitaciones para convertir el Bienestar universal en
una política de Estado.
CUARTO:
Se debe de constituir un Consejo Fiscal o un organismo con autonomía y profesionalismo y
dependiente del Congreso de la Unión que esté midiendo y evaluando permanentemente
la calidad de los ingresos y los gastos del Estado Mexicano.
El país requiere de un organismo que tenga la responsabilidad de mostrar cada año si las
contribuciones y los gastos están beneficiando a los sectores de la población que mayor
vulnerabilidad presentan. Tendrá la obligación de informar si la calidad de los gastos
públicos están contribuyendo a reducir la desigualdad entre regiones y si se está usando
para generar riqueza y prosperidad nacional.
Al mismo tiempo, dicho organismo deberá mostrar la sustentabilidad de las finanzas
nacionales para garantizar la permanencia y la extensión de los sistemas de protección
derivados del mandato constitucional.
QUINTO:
La Constitución debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE). La concentración y el poder que tienen las empresas en
una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son
básicos para la población se ha convertido en una de las fuentes más importantes de la
desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad
mexicana.
El sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción,
usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación
está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres.
Buena parte de las transferencias monetarias no están promoviendo el bienestar, sino que
sólo están ayudando a cubrir el sobreprecio que impone el poder del monopolio o del
oligopolio en los distintos mercados.
La COFECE debe estar facultada para presentar directamente acciones de
inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiba la competencia en los distintos
mercados. Pero, además, a la Comisión de Competencia se le tienen que dar mayores
facultades para exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la
afectación de los niveles de bienestar que sufren los mexicanos y las regiones por la forma
como se funciona en cada mercado, y para fortalecer la acción conjunta en el diseño de
políticas que garanticen el acceso a los bienes y servicios con precios justos.
Estos cinco cambios Constitucionales nos ayudarían a sentar las bases para la discusión de
una agenda completa de transformaciones estructurales en el país.
El Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia de la Nación
deben de integrar una convocatoria para conciliar a todos los gobiernos estatales y
municipales, a los organismos de trabajadores y empresarios, a los partidos políticos y las
instituciones de educación superior en este gran diálogo y Acuerdo de unidad y de
solidaridad nacional.
