*
/ Eduardo Sadot /
Cuando se plantea una reforma electoral, la primera obligación es preguntarse si fortalece la democracia o únicamente modifica las reglas del poder. La propuesta de desaparecer los regidores de representación proporcional en los ayuntamientos ha sido presentada como una medida para reducir el gasto público y hacer más eficientes los gobiernos municipales. Sin embargo, una reforma de esta naturaleza merece un análisis mucho más profundo que el simple argumento de la austeridad.
Desde la reforma política de 1977, México adoptó el principio de representación proporcional con el propósito de abrir espacios a las minorías políticas y evitar que una sola fuerza controlara absolutamente los órganos de gobierno. No fue un privilegio concedido a los partidos, sino una garantía para que la pluralidad de la sociedad tuviera voz en las instituciones.
Los ayuntamientos no son únicamente órganos administrativos; constituyen el primer nivel de gobierno y la expresión más cercana de la democracia. En ellos se aprueban presupuestos, se vigila el ejercicio del gasto público, se supervisan los servicios municipales y se toman decisiones que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos. El cabildo debe ser un espacio de deliberación y equilibrio, no una simple extensión de la voluntad del presidente municipal.
Eliminar la representación proporcional podría generar un efecto contrario al que se pretende. Un partido que obtenga una mayoría relativa en las urnas podría terminar controlando la totalidad del cabildo, dejando sin representación a miles de ciudadanos que votaron por otras opciones políticas. La democracia no consiste únicamente en que gobierne la mayoría; también exige que las minorías tengan presencia institucional y puedan ejercer funciones de vigilancia y control.
Reducir el número de regidores puede ser una medida razonable si responde a criterios de eficiencia y racionalidad del gasto. Lo que resulta cuestionable es suprimir los mecanismos que garantizan el pluralismo político. El ahorro presupuestal nunca debe convertirse en argumento para debilitar los contrapesos democráticos.
Existen alternativas más equilibradas. Puede disminuirse el tamaño de los cabildos, revisarse la fórmula de asignación de regidores o incluso sustituir las listas cerradas por mecanismos que permitan acceder al cargo a quienes, sin haber obtenido la mayoría, acrediten un respaldo ciudadano significativo. Lo importante es preservar el principio de representación sin mantener esquemas que puedan perfeccionarse.
En este contexto, la postura del PRI ha sido firme y congruente: es posible reducir el gasto público y hacer más eficientes los ayuntamientos sin eliminar la representación proporcional. La eficiencia administrativa nunca debe alcanzarse a costa del pluralismo político ni de los contrapesos que garantizan una auténtica democracia municipal.
La democracia tiene un costo, pero la ausencia de democracia cuesta mucho más. Los gobiernos sin oposición, sin vigilancia y sin voces críticas terminan debilitando la transparencia y favoreciendo la concentración del poder.
Las reformas electorales no deben diseñarse pensando en la coyuntura política ni en las mayorías del momento. Deben construirse para proteger a todos los ciudadanos, incluidos aquellos que hoy son minoría y mañana pueden convertirse en mayoría. Esa ha sido la esencia del constitucionalismo moderno y el fundamento de una verdadera democracia representativa.
Twitter: @eduardosadot
TikTok: eduardosadotoficial