* Cuestionan que se utilice la conferencia presidencial para linchar a personas, particularmente a defensoras de Derechos Humanos o activistas contra violencias de género.
* Denuncian que hay un especial interés en algunos representantes de medios de comunicación por introducir el tema de las acusaciones de trata de mujeres de la acusada, en la agenda mediática, política y pública.
10/11/2021/ México.- Organizaciones de la sociedad civil, así como activistas, feministas y mujeres en general firmaron una carta dirigida al Presidente Lopez Obrador para expresar su respaldo a la Mta. Teresa C. Ulloa, además de su condena contra un reportero que acusan “falta a la verdad” al difamar a Teresa Ulloa, Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, feminista, defensora, especialista en materia de trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes para la explotación sexual comercial, reconocida internacionalmente.
“Nos permitimos expresar nuestro pleno respaldo a la Mtra. quien el pasado 3 de noviembre durante la conferencia de prensa matutina, fue indebidamente señalada por el C. Ramón Flores reportero del Centinela Informa ante usted, de haber “metido” a la cárcel, Claudia Sánchez Mayorga, poniendo en tela de duda su carácter de defensora, faltando a la verdad al decir que la C. Ulloa fue postulada por Peña Nieto como pedagoga a la comisión de víctimas, señalando como un acto indebido y opaco el haber recibido recursos federales de Indesol, acusándola de manipular a supuestas víctimas y a funcionarios de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial sólo para cobrar 4.2 millones de pesos”.
Las mujeres firmantes de la misiva al jefe del ejecutivo federal cuestionaron la respuesta que les dio López Obrador al representante de un medio, que como otros reporteros se dedican a denostar personas por encargo en la mañanera.
“Sí, si hay violación de derechos humanos, se castigará a quienes violaron sus derechos humanos y se le ayudará a ella, se le apoyará, que cuente con el respaldo del gobierno federal.” dijo el Presidente, sin mayor prueba que los dichos de Ramón Flores e instruyó que Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República se hagan cargo de atender el caso”.
Ante la postura presidencia y la utilización de la tribuna de la conferencia diaria que ofrece AMLO, el movimiento nacional de mujeres le expresan a AMLO que “Respetamos en todo lo que vale la labor periodística, cuando ésta se ejerce de manera ética y responsable. Lamentamos mucho que el espacio de la conferencia matutina que usted ofrece, sea utilizado para pretender sorprenderlo con información falsa o incompleta, imprecisa, que calumnia, difama, degrada, daña la dignidad, descalifica y socaba la imagen pública de una mujer que se ha dedicado defender los derechos humanos de otras mujeres y que con esto se obstaculice el derecho de acceso a la justicia de mujeres que en este caso fueron víctimas de trata de personas y de explotación sexual”.
Le expresan su desacuerdo sobre que las conferencias de prensa del Presidente de la República, sean utilizadas por los representantes de los medios para establecer encuadres, tanto positivos con relación a los presuntos responsables en este caso, como negativos sobre el trabajo de una defensora de los derechos humanos y que conviertan el Salón Tesorería de Palacio Nacional en una ventanilla de gestión de los casos que se ventilan ante los tribunales y en los que de los representantes de los medios tienen un interés particular y a su juicio requieren la defensoría de oficio del Presidente de la Republica.
Denuncian que Ramón Flores omitió que la señora Claudia Sánchez Mayorga es señalada como presunta responsable por el delito de trata de personas y explotación de la prostitución ajena, en el Caso Butcher’s y Solid Gold. Que de acuerdo a lo que refiere la defensa de las víctimas, es señalada por éstas como la encargada de vigilarlas, administrar los turnos, supervisar que usaran los vestidos apropiados. Y que, si no existe una sentencia firme a la fecha, no es por el extraordinario poder que se le atribuye a las víctimas y su defensora, sino porque la defensa de la señora Sánchez Mayorga ha interpuesto todos los recursos que la ley le permite para que así sea.
“No somos ingenuas, en este caso advertimos toda una estrategia, un especial interés en algunos representantes de medios de comunicación por introducir el tema en la agenda mediática, política y pública, lograr la atención de las autoridades y de la sociedad, que tomen partido y le apoyen; lo lamentable es que lo hagan a partir de medias verdades”.
Incluso, alegan, la verdad a veces hay que cuestionarla. La denuncia presentada no obedece a una investigación periodística profunda, detallan. Por lo expuesto, no se nota que se hayan dado el tiempo para obtener personalmente información sobre el caso, estructurarla y corroborarla, ya que la Causa Penal suma más de 100 tomos. Su interés periodístico no es la trata de personas, no repara en las víctimas ni en el daño causado, ni el estado que guarda la impartición de justicia en México, no urge a que cumplimenten las otras tres.
Las órdenes de aprehensión en contra de quienes a juicio de la autoridad también están involucrados. Se denota una prisa por exponer la información que interesadamente se les proporcionó, con el afán de establecer la imagen o percepción de que la Señora Claudia Sánchez Mayorga es la víctima en este asunto, de darle tal grado de importancia, que debe pronunciarse sobre el mismo la Presidencia de la República. Lo cual infortunadamente lograron.
“En un Estado de Derecho todos y todas somos iguales jurídicamente frente a la ley, la fuerza de las palabras del Presidente de la Republica contraviene la igualdad de armas de las partes que intervienen en este juicio y la investigación de un caso que aún está en curso”.
A nuestro juicio, señalan las OSCs, los señalamientos de Ramón Flores lo único que hacen es alimentar la narrativa de que las organizaciones de la sociedad civil son actores incómodos, perturbadores, susceptibles de incurrir en malos manejos y en el uso indebido de recursos públicos, concluyen.
Carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador en apoyo a Teresa Ulloa
Ciudad de México, noviembre de 2021
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE.
Señor Presidente:
Por este medio, las abajo firmantes nos permitimos expresar nuestro pleno respaldo a la Mtra. Teresa Ulloa, Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, feminista, defensora, especialista en materia de trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes para la explotación sexual comercial, quien el pasado 3 de noviembre durante la conferencia de prensa matutina, fue indebidamente señalada por el C. Ramón Flores reportero del Centinela Informa ante usted, de haber “metido” a la cárcel, Claudia Sánchez Mayorga, poniendo en tela de duda su carácter de defensora, faltando a la verdad al decir que la C. Ulloa fue postulada por Peña Nieto como pedagoga a la comisión de víctimas, señalando como un acto indebido y opaco el haber recibido recursos federales de Indesol, acusándola de manipular a supuestas víctimas y a funcionarios de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial sólo para cobrar 4.2 millones de pesos.
Preguntando -entre otras cosas- a usted, si con los datos que proporcionó, “la UIF, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República pueden investigar a Teresa Ulloa”, a lo que así, sin mayor detenimiento, respondió usted que: “Sí, si hay violación de derechos humanos, se castigará a quienes violaron sus derechos humanos y se le ayudará a ella, se le apoyará, que cuente con el respaldo del gobierno federal.” E instruyó que Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República se hagan cargo de atender el caso.
El C. Ramón Flores omitió que la señora Claudia Sánchez Mayorga es señalada como presunta responsable por el delito de trata de personas y explotación de la prostitución ajena, en el Caso Butcher’s y Solid Gold. Que de acuerdo a lo que refiere la defensa de las víctimas, es señalada por éstas como la encargada de vigilarlas, administrar los turnos, supervisar que usaran los vestidos apropiados. Y que, si no existe una sentencia firme a la fecha, no es por el extraordinario poder que se le atribuye a las víctimas y su defensora, sino porque la defensa de la señora Sánchez Mayorga ha interpuesto todos los recursos que la ley le permite para que así sea.
No somos ingenuas, en este caso advertimos toda una estrategia, un especial interés en algunos representantes de medios de comunicación por introducir el tema en la agenda mediática, política y pública, lograr la atención de las autoridades y de la sociedad, que tomen partido y le apoyen; lo lamentable es que lo hagan a partir de medias verdades.
Incluso la verdad a veces hay que cuestionarla. La denuncia presentada no obedece a una investigación periodística profunda. Por lo expuesto, no se nota que se hayan dado el tiempo para obtener personalmente información sobre el caso, estructurarla y corroborarla, ya que la Causa Penal suma más de 100 tomos. Su interés periodístico no es la trata de personas, no repara en las víctimas ni en el daño causado, ni el estado que guarda la impartición de justicia en México, no urge a que cumplimenten las otras tres
órdenes de aprehensión en contra de quienes a juicio de la autoridad también están involucrados. Se denota una prisa por exponer la información que interesadamente se les proporcionó, con el afán de establecer la imagen o percepción de que la Señora Claudia Sánchez Mayorga es la víctima en este asunto, de darle tal grado de importancia, que debe pronunciarse sobre el mismo la Presidencia de la República. Lo cual infortunadamente lograron.
Señor presidente: Respetamos en todo lo que vale la labor periodística, cuando ésta se ejerce de manera ética y responsable. Lamentamos mucho que el espacio de la conferencia matutina que usted ofrece, sea utilizado para pretender sorprenderlo con información falsa o incompleta, imprecisa, que calumnia, difama, degrada, daña la dignidad, descalifica y socaba la imagen pública de una mujer que se ha dedicado defender los derechos humanos de otras mujeres y que con esto se obstaculice el derecho de acceso a la justicia de mujeres que en este caso fueron víctimas de trata de personas y de explotación sexual.
Le expresamos nuestro desacuerdo en que las conferencias de prensa del Presidente de la República, sean utilizadas por los representantes de los medios para establecer encuadres, tanto positivos con relación a los presuntos responsables en este caso, como negativos sobre el trabajo de una defensora de los derechos humanos y que conviertan el Salón Tesorería de Palacio Nacional en una ventanilla de gestión de los casos que se ventilan ante los tribunales y en los que de los representantes de los medios tienen un interés particular y a su juicio requieren la defensoría de oficio del Presidente de la Republica.
En un Estado de Derecho todos y todas somos iguales jurídicamente frente a la ley, la fuerza de las palabras del Presidente de la Republica contraviene la igualdad de armas de las partes que intervienen en este juicio y la investigación de un caso que aún está en curso.
Sin duda alguna, la señora Claudia Sánchez Mayorga como presunta responsable tiene derecho a un debido proceso, por supuesto que estamos de acuerdo en que se investiguen las violaciones a sus derechos humanos de que haya sido objeto, pero consideramos que siendo la trata de personas con fines de explotación sexual un grave delito y una grave violación de los derechos humanos, son las víctimas quienes deben guiar los esfuerzos y la atención del Presidente de la República, de los funcionarios e instituciones del gobierno federal, y si a alguien se debe escuchar, es a las supervivientes.
, que más allá de la atención que les merezca la persona señalada como responsable en este caso, el gobierno debe preocuparse por diseñar y aprobar una política nacional en torno al combate a la trata de personas con fines de explotación sexual, establecer medidas eficaces para prevenir este delito, identificar, rescatar y brindar atención a las víctimas, para lo cual se requiere en primerísima instancia, aprobar y publicar el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 2020-2024 y cumplir con la obligación de garantizar la libertad, integridad y seguridad de las personas que defienden los derechos de las víctimas de trata.
Nos permitimos precisar que la postulación de la C. Teresa Ulloa a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), obedeció a una convocatoria pública, emitida por la Secretaría de Gobernación publicada en el DOF, dirigida a colectivos de
víctimas, universidades y personas expertas para que propusieran como candidatas a las personas que reunieran los requisitos establecidos en la ley y el perfil como especialistas en las materias de derecho, psicología, derechos humanos, sociología, o especialidades equivalentes para presidir dicho organismo.
La Mtra. Ulloa, es una pedagoga, que cumple ampliamente con un conocimiento especializado en materia de trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes para la explotación sexual comercial, los derechos humanos de mujeres, niñas y violencia de género, desde una perspectiva de género, y un enfoque de derechos humanos, cuenta con el compromiso, saberes y expertiz requeridos y participó en un proceso apegado a lo que establece la Ley General de Víctimas, con bases claras, en el que no tiene cabida la falsedad de que la C. Ulloa fue propuesta por Enrique Peña Nieto como pedagoga a tal cargo.
Los 4.2 millones de pesos que falazmente se dice que Teresa Ulloa pretende cobrar, corresponden a la promoción de la reparación del daño y forma parte del proceso al que es sometida la Sra. Claudia Sánchez Mayorga como inculpada; la reparación tiene por finalidad promover la justicia y es una pena pública, no hay nada indebido que ocultar.
La plena protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género, exigen que se imponga la reparación del daño y la restitución de sus derechos a las víctimas de trata de personas. Lejos de incriminar a las defensoras que reclaman este derecho de las víctimas, los medios de comunicación y la sociedad en general debemos denunciar a los jueces y ministerios públicos que no cumplen con garantizan la reparación del daño adecuada, efectiva, rápida y proporcional al daño sufrido por las víctimas.
Es ingrato que ante la infamia tengamos que acudir ante usted para defender la trayectoria de Teresa Ulloa, una mujer que su autoridad y liderazgo en defensa de los derechos y libertades de las mujeres a lo largo de más de 50 años, le ha hecho merecedora de diversos reconocimientos, entre otros el Premio Internacional Gleistman al Activismo Social otorgado por la Universidad de Harvard, el Premio por la Vida y la Seguridad de las Mujeres Abely’s Award, el Premio Hermila Galindo por su destacada defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, otorgado por la CDHDF.
Que ha prestado su valiosa asesoría tanto en al Congreso mexicano como a congresos y gobiernos de distintas entidades para la elaboración de leyes y reformas legislativas que retoman los estándares de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, acceso a la justicia y la protección a las víctimas de trata, suscritos por el Estado Mexicano.
Que ha sido fundadora de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre otras Compañeras, con una experiencia acreditada en el diseño y desarrollo de políticas y acciones a favor de la igualdad de las mujeres y las niñas.
Que ha establecido una importante incidencia con las autoridades, procuradurías y secretarías de seguridad del país para la búsqueda efectiva, apoyo y rescate de cientos de mujeres, niñas y niños víctimas de trata, así como en el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres sobrevivientes. Además de participar activamente en consejos consultivos institucionales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y observatorios de violencia social y de género.
En el seno de las Naciones Unidas se ha reconocido la legitimidad y el papel decisivo que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos y la necesidad de que los Estados realicen esfuerzos especiales para protegerlos. La defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo, tal es así que, el 9 de diciembre de 1998, la ONU adoptó la Declaración sobre defensoras y defensores de derechos humanos en la que se reconoce la diversidad de quienes promueven y defienden las libertades y derechos fundamentales. Los defensores y defensoras de derechos humanos pueden ser o no abogados, muchas veces son maestras, madres que buscan a sus hijas o hijos que desaparecieron, periodistas, campesinos, son las personas que se comprometen en la lucha por los derechos humanos ya sea a través de organizaciones y muchas veces de manera individual y sin recursos.
En nuestro país la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el DOF el 10 de junio de 2011, reforzó la defensa de los mismos y la protección a las y los defensores como una tarea primordial del Estado Mexicano, que está obligado a rendir cuentas por su integridad.
De acuerdo a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, defensora es “cualquier persona o grupo de personas que promuevan los derechos humanos, sin importar los antecedentes profesionales que tengan o si pertenecen o no a una organización de la sociedad civil”
Para Front Line Defenders “Las y los defensores /as de los derechos humanos Los/as defensores/as de los derechos humanos son personas que, individual o colectivamente, trabajan en forma pacífica en beneficio de los demás para promover y defender los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional.”
“No los/as definen su profesión, puesto u organización sino sus actos. Pueden ser líderes/as comunitarios, periodistas, abogados/as, sindicalistas, estudiantes o integrantes de organizaciones de derechos humanos. Pueden defender los derechos de la mujer, del ambiente, de los pueblos indígenas, de la niñez, de las minorías, de los refugiados o de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT). En muchos países afrontan altos riesgos personales debido a que se plantan ante intereses poderosos en defensa de los derechos de los demás.”
Sin defensa, no hay justicia. La organización que dirige Teresa Ulloa, conjuntamente con la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM, legítimamente ostenta la representación jurídica de una de las víctimas desde 2014, su papel ha sido velar para que se respeten los derechos y la dignidad de las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual que fueron rescatadas, que se apliquen plenamente los principios del proceso, que se investigue y se aplique una sanción justa a quien resulte responsable.
En nuestro país existe una Ley Federal que reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como instancias de interés público; los requisitos, así como las actividades a las que deberán dedicarse para acceder a los apoyos y estímulos públicos mediante los cuales la Administración Pública Federal fomentará sus actividades, entre las cuales se encuentra la promoción de la igualdad de género y el apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
El Estado no puede ser único responsable de cubrir todas las necesidades sociales, hay un espacio público donde las OSC y gobierno pueden relacionarse y colaborar en forma efectiva para la atención de diversas necesidades de grupos específicos.
Señor Presidente: en este país las OSC han desempeñado un papel fundamental en la defensa y promoción de los derechos humanos; en el combate a la violencia en contra de las mujeres, para que se cumplan las leyes, poner límites al abuso de poder, se garantice el debido proceso y por un Estado de Derecho.
De acuerdo al Artículo 16 constitucional nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y en ese sentido nos preguntamos: ¿Si la acusación que hace el C. Ramón Flores en contra de la C, Teresa Ulloa consistente en haber recibido recursos federales de Indesol y locales, constituye una imputación formal que deba ser atendida por la UIF?
Nos preguntamos ¿La UIF está facultada, a partir de lo expuesto por Ramón Flores para investigar a la C. Teresa Ulloa? ¿Formularlo ante el Presidente de la República y el hecho de que usted acuse de recibido públicamente, le da algún sustento extraordinario?
¿Existe alguna conducta inusual que denote operaciones, actividades o conductas que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por la C. Teresa Ulloa? ¿El monto de sus escasos ingresos no se justifica razonablemente, o se considera que esos escasos recursos proceden del lavado de dinero a terrorismo nacional o internacional o están destinados a favorecer la comisión de dichos delitos?
¿Atender la convocatoria para acceder a recursos públicos para el desarrollo de proyectos es una actividad ilícita o equivale a operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo?
¿En el dicho del periodista hay indicios suficientes para investigar a la C. Teresa Ulloa por lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita?
A nuestro juicio, los señalamientos de Ramón Flores lo único que hacen es alimentar la narrativa de que las organizaciones de la sociedad civil son actores incomodos, perturbadores, susceptibles de incurrir en malos manejos y en el uso indebido de recursos públicos.
Los programas de coinversión a los que ha tenido acceso la CATW-LAC, organización de la sociedad civil dirigida por la Mtra. Teresa Ulloa, cuentan con recursos públicos que son asignados a las OSC para proyectos que les permitan cumplir con sus actividades, son programas institucionalizados a los que se accede mediante una convocatoria pública, con reglas de operación claras, los proyectos fueron dictaminados por comités o comisiones, los procedimientos de asignación de recursos son públicos, obligando a quienes resultan seleccionados a la presentación de entregables o informes, la efectividad e impacto de los proyectos se evalúa y se verifica que los recursos hayan sido aplicados debidamente.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que es de elemental justicia, dado que Teresa Ulloa es una defensora y también es colaboradora de algunos medios de comunicación, se le permita acceder a la conferencia matutina, en igualdad de circunstancias, a fin de exponer en el mismo espacio y ante usted, la otra versión de los hechos que dieron como resultado que Claudia Sánchez Mayorga haya sido privada de su libertad.
Agradecemos de antemano la atención que les merezca la presente. Reciba usted un cordial saludo.
