*En 2025 había 664 millones de mujeres de 60 años o más en el mundo.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
14.10.2026 /CimacNoticias.com/ Las mujeres no pierden sus derechos humanos al envejecer. Sin embargo, millones enfrentan violencia física, sexual, psicológica y económica, así como abandono, discriminación y obstáculos para acceder a servicios de protección, mientras las leyes y políticas públicas siguen sin reconocer plenamente sus necesidades.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, advirtió que las mujeres mayores permanecen en gran medida invisibilizadas en las leyes, los datos y los servicios destinados a prevenir y atender las agresiones en su contra.
“Las mujeres no deberían perder su derecho a vivir libres de violencia porque envejezcan”, afirmó Alsalem al presentar su informe ante la Asamblea General de la ONU el pasado 8 de octubre de 2026.
La experta señaló que el edadismo y el sexismo se combinan para ocultar la violencia contra las mujeres mayores, normalizarla o considerarla una consecuencia inevitable del envejecimiento.
Desde una perspectiva interseccional, el informe examina cómo la discriminación por sexo y edad se suma a las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida, lo que puede limitar la autonomía de las mujeres y su acceso a la justicia, la salud y la protección social.
De acuerdo con las estimaciones citadas en el documento, en 2025 había 664 millones de mujeres de 60 años o más en el mundo. Se prevé que esta población alcance los mil 130 millones en 2050.
Ante este escenario, Alsalem subrayó que la edad no debe utilizarse para reducir la dignidad, la autonomía ni la protección de las mujeres.
Violencia económica, sexual y digital contra las mujeres mayores
El informe identifica distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres mayores, entre ellas las agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas, el control coercitivo, la negligencia, el abandono y la violencia facilitada por la tecnología.
Entre los riesgos documentados se encuentran la explotación de sus pensiones y propiedades, la exclusión digital, la negación de atención sanitaria y la falta de acceso a dispositivos de asistencia. A estas condiciones se suman las barreras para denunciar a sus agresores y obtener justicia.
La violencia puede ocurrir en los hogares, las comunidades y las instituciones de cuidado, así como en prisiones, contextos de conflicto y emergencias humanitarias. El informe también advierte que la violencia sexual contra las mujeres mayores continúa siendo insuficientemente reconocida.
Alsalem identificó riesgos particulares para las viudas, las mujeres migrantes y apátridas, las habitantes de zonas rurales, las mujeres con discapacidad y quienes viven en instituciones de cuidado o atraviesan situaciones de conflicto y crisis humanitaria.
Estas condiciones pueden agravar la dependencia económica, el aislamiento y las dificultades para acceder a mecanismos de denuncia y protección. Además, cuando las mujeres mayores quedan fuera de los registros y estadísticas oficiales, la violencia que enfrentan puede permanecer sin respuesta institucional.
Autonomía y decisiones sobre el final de la vida
La relatora especial también llamó la atención sobre las decisiones relacionadas con los tratamientos médicos y el final de la vida, particularmente cuando las mujeres mayores viven en condiciones de pobreza, discapacidad, aislamiento o dependencia de otras personas para recibir cuidados.
Alsalem advirtió que estas circunstancias pueden generar presiones que condicionen las opciones disponibles para ellas y reiteró que ninguna mujer debe sentirse una carga por su edad o por necesitar apoyo.
Por ello, la protección de sus derechos requiere garantizar que las decisiones sobre su salud y sus cuidados respeten su autonomía y dignidad, sin que la edad o las condiciones de dependencia se conviertan en motivos para limitar sus opciones.
ONU pide fortalecer las leyes y los servicios de protección
Ante estas problemáticas, Alsalem instó a los Estados a reconocer explícitamente la violencia contra las mujeres mayores en sus leyes, estrategias nacionales y programas de prevención y atención.
También pidió recopilar datos desagregados por edad y sexo, fortalecer los mecanismos accesibles de denuncia, garantizar el acceso a la justicia y la reparación, y capacitar al personal de las fuerzas del orden, los sistemas judiciales, los servicios de salud y las instituciones de asistencia social.
Entre las medidas necesarias, destacó el fortalecimiento de la protección social, las pensiones, la vivienda, la atención sanitaria y los servicios paliativos y de cuidado, además de acciones para prevenir la explotación económica y el aislamiento.
El informe plantea que atender la violencia contra las mujeres mayores exige reconocerlas como titulares de derechos y garantizar que las políticas públicas respondan a las distintas formas de discriminación que enfrentan.
La edad, insistió la relatora, no puede ser una justificación para tolerar las agresiones, negar servicios ni reducir la autonomía de las mujeres.