A juicio de Amparo .
/ María Amparo Casar /
n estas dos últimas semanas el Presidente hizo dos nuevos anuncios. Ambos muy preocupantes. El primero fue el 8 de agosto en el que adelantó que “por acuerdo de la Presidencia” va a “emitir un acuerdo para que, ya por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”. Al día siguiente, el Presidente perfiló a la Sedena para que establezca una empresa que se haga cargo de los nuevos aeropuertos en el país y del Tren Maya.
“Soy Presidente de México y creo que conviene que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa, y siga cumpliendo con su función de garantizar la seguridad pública. Es algo parecido a lo que estoy promoviendo en el Tren Maya y en los aeropuertos”. Abundó, “¿por qué quiero que haya una empresa de la Secretaría de la Defensa que sea la encargada de operar y administrar el Tren Maya, los mil 500 kilómetros del Tren Maya, las estaciones, los aeropuertos Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, toda una empresa? ¿Por qué quiero que sea de la Secretaría de la Defensa que quede esa empresa?”. Se autocontestó: “Lo primero es porque no quiero que se vaya a privatizar en el futuro y toda esa inversión pública, todo eso que es del pueblo, pase a manos, como lo han hecho, de particulares. Y si lo dejo dependiendo de la Secretaría de Comunicaciones, a la primera arrebatan; si lo dejo en Fonatur, igual”.
No quiero referirme ahora al proceso de militarización (utilizar de forma permanente a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública) y militarismo (fortalecimiento sistemático de las Fuerzas Armadas a través de la ampliación de sus tareas, su presupuesto y, eventualmente, su peso político) que se está operando en el país desde que llegó al poder López Obrador. Desde mi punto de vista éste es el peor error cometido por la presente administración.
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Pero es importante analizar lo que, según el propio Presidente, hay detrás de sus decisiones. Para él lo más importante es que los cambios sean de tal naturaleza y profundidad que no puedan revertirse, que queden escritos en piedra pensando que esa piedra es la Constitución o, … las propias Fuerzas Armadas que, quién sabe si para ese entonces hayan cambiado de parecer y no quieran que se les despoje del poder que se les ha concedido.
Quizá todos los presidentes hayan pensado lo mismo sin decirlo. Todos se han equivocado. La banca se nacionalizó con López Portillo (1982), pero en sólo ocho años volvió a privatizarse con Salinas (1990). La CNDH se creó en 1990, ganó su autonomía en 1999, pero hoy es un remedo de lo que fue. Peña Nieto inscribió en la Constitución la reforma educativa y la reforma al sector eléctrico para protegerlas de futuros cambios. Hoy están destruidas. La Fiscalía “autónoma e independiente” nació formalmente en 2014, pero su primer titular nombrado apenas en 2018 no es ni autónomo ni independiente. La FGR ha seguido los mismos pasos que su antecesora la PGR: una institución al servicio del titular del Poder Ejecutivo que politiza la justicia en cada una de sus decisiones y en cada caso que dispone no investigar.
Nada es para siempre. Basta recordar que la Constitución de 1917 ha sufrido más de 700 cambios, que durante Calderón se reformaron 110 artículos constitucionales y durante Peña Nieto, 155. López Obrador ha reformado 55.
Pensar en los cambios de la 4T como perennes es una pésima lectura. Nada es para siempre. Querer parar el tiempo —con buenas o malas reformas o con buenas o malas decisiones— es un absurdo, un sinsentido. La sociedad evoluciona, sus demandas crecen, los derechos fundamentales se amplían, el mundo se globaliza con nuevas exigencias, la fortuna política de unos y otros, va y viene.
López Obrador parece no coincidir. Desde que comenzó a gobernar y refiriéndose al primer tercio de su sexenio profetizó: “Para entonces, ante cualquier circunstancia, será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el neoliberalismo. Cuando cumplamos 2 años, los conservadores ya no podrán revertir los cambios” (01-12-2019). Lo ha repetido hasta el cansancio. Se equivoca. El suyo no pasará de ser un proyecto sexenal, aunque el proceso de destrucción hará más larga y difícil la recuperación.
El cambio es consustancial a la democracia. Por fortuna casi nada es irreversible. Por desgracia hay cuestiones que muchos pueblos creían inalterables, pero no lo fueron. Es el caso de las democracias que se transformaron en dictaduras. Con todos sus defectos México sigue siendo una democracia. Hay esperanza de que las políticas que hoy reprueba la mayoría de la población se reemplacen por otras que lleven a un mayor crecimiento, a mejores oportunidades, a una profunda disminución de la pobreza y la desigualdad y, a niveles razonables de seguridad.
