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02.10.2026 Córdoba, Veracruz.- Nancy Portilla volvió a hacer público su caso y cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia en Veracruz después de que, en una nueva audiencia celebrada el 22 de septiembre, el juez de control Tirso Ayala modificara la clasificación jurídica del proceso que enfrenta su expareja, Tomás Adahir G. C., quien inicialmente había sido vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.
Los hechos se remontan al 18 de enero de 2025, cuando Portilla denunció haber sido atacada por su entonces pareja en Córdoba, Veracruz. De acuerdo con su testimonio, el hombre la habría estrangulado hasta dejarla sin oxígeno, agresión que ella identifica como un intento de privarla de la vida.
El 16 de marzo de 2025, el juez de control Tirso Ayala determinó vincular a proceso al imputado por el delito de tentativa de feminicidio, después de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz y los argumentos de la defensa. La existencia de esa primera resolución fue confirmada posteriormente por medios locales que han dado seguimiento al caso.
Sin embargo, el proceso tuvo que regresar a una nueva audiencia luego de un amparo. Según la explicación difundida sobre el caso, la resolución anterior debía ser corregida para precisar circunstancias de tiempo y modo de los hechos. La audiencia se realizó el 22 de septiembre de 2026 y, en ella, el mismo juez que había dictado la vinculación por tentativa de feminicidio determinó modificar la clasificación a violencia familiar.
Para Portilla, el cambio representa una reducción de la gravedad jurídica con la que originalmente fueron considerados los hechos. En el mensaje que difundió en redes sociales preguntó por qué el mismo juzgador llegó a conclusiones distintas al analizar nuevamente los elementos de la etapa inicial.
“¿Cómo puede analizar un día y decir que están los elementos suficientes y al otro decir que no?”, escribió la víctima en su denuncia pública.
La mujer también manifestó preocupación por las consecuencias que la reclasificación pueda tener sobre las medidas cautelares de su expareja y por la posibilidad de que posteriormente pueda recuperar su libertad. Hasta ahora, la reclasificación por sí misma no significa que el imputado haya sido declarado inocente ni que automáticamente quede en libertad; las consecuencias procesales dependen de las determinaciones que adopten las autoridades judiciales.
El caso ya había generado preocupación anteriormente debido a las condiciones bajo las cuales el imputado enfrentaba el proceso. En octubre de 2025, medios locales reportaron que una jueza había sustituido la prisión preventiva por resguardo domiciliario y que el domicilio donde permanecía el acusado se encontraba aproximadamente a 800 metros de la vivienda de Portilla. La víctima expresó entonces temor por la cercanía.
En una entrevista difundida después de la nueva audiencia, Portilla afirmó que continúa recibiendo atención psicológica y que teme por su integridad ante la posibilidad de que su expareja pueda quedar en libertad. “Me ponen en vulnerabilidad y en peligro”, manifestó.
La denuncia pública de Portilla también expone el temor que, según ella, le genera la respuesta institucional. En su mensaje señaló que no quiere convertirse en una estadística más de mujeres víctimas de violencia y reclamó que las autoridades garanticen su seguridad durante el desarrollo del proceso.
En uno de los pasajes más delicados de su publicación, pidió que cualquier eventual desaparición, accidente o muerte suya sea investigada y dejó asentado que responsabiliza a su expareja y a integrantes de su familia por cualquier situación que pudiera afectarla a ella, a sus familiares o a sus testigos.
“Hoy, más que nunca, tengo miedo de que me quieran silenciar por exigir justicia”, escribió.
La denuncia de Portilla se suma a cuestionamientos que ya había realizado sobre la atención institucional que recibió. En febrero de 2026 declaró que decidió retirar al Instituto Municipal de las Mujeres de Córdoba de la representación de sus procesos penales debido a lo que calificó como deficiencias en la atención y el acompañamiento jurídico.
El contexto estatal también muestra la dimensión de la violencia familiar que enfrentan las mujeres. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citados por medios locales registraron 36 denuncias por violencia familiar en Córdoba durante enero de 2026, cifra que colocó al municipio en el tercer lugar estatal durante ese mes. Para el primer cuatrimestre, otro reporte basado en estadísticas del SESNSP contabilizó 161 casos en el municipio.
El caso de Nancy Portilla permanece en el ámbito judicial. La reclasificación de tentativa de feminicidio a violencia familiar constituye la nueva determinación procesal que deberá ser considerada en las siguientes etapas del procedimiento, mientras la víctima mantiene públicamente su exigencia de protección y justicia. La denuncia sobre posibles irregularidades y cualquier señalamiento contra servidores públicos o familiares del imputado deberá ser acreditado por las autoridades competentes.