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16.09.2026 Israel.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que impulsará en la Knéset dos proyectos de ley dirigidos contra quienes, según su definición, difamen a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el extranjero. Una de las iniciativas contempla la posibilidad de retirar la ciudadanía israelí, mientras que la segunda pretende aumentar de manera considerable las compensaciones económicas previstas en demandas por difamación.
Netanyahu dio a conocer las propuestas este miércoles 16 de septiembre, en medio de la controversia generada por el documental israelí “NAZA”, una producción que reúne testimonios de militares y miembros de los servicios de inteligencia sobre las operaciones desarrolladas por Israel en la Franja de Gaza.
El primer ministro vinculó directamente sus planes legislativos con personas a las que acusa de perjudicar la imagen de Israel y de sus fuerzas armadas. En su mensaje pidió respaldo parlamentario a las iniciativas y sostuvo que quienes difamen a los soldados israelíes no deberían permanecer en el país.
La propuesta anunciada no constituye todavía una nueva norma vigente. Para convertirse en legislación tendría que ser presentada y seguir el procedimiento parlamentario correspondiente, además de superar las distintas etapas previstas para la aprobación de una ley en Israel.
El anuncio se produce después de que “NAZA”, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recibiera el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia. El documental fue realizado durante aproximadamente tres años y contiene entrevistas con 24 personas vinculadas con las fuerzas militares y los servicios de inteligencia israelíes.
La película aborda las operaciones militares israelíes en Gaza y presenta testimonios anónimos sobre los procedimientos empleados para seleccionar objetivos durante la guerra. Entre los asuntos examinados se encuentra el uso de sistemas tecnológicos y herramientas de inteligencia artificial para apoyar la identificación de blancos.
El Ejército israelí ha reconocido que utiliza herramientas de inteligencia artificial para determinadas tareas relacionadas con la identificación de objetivos, pero sostiene que las decisiones finales sobre los ataques corresponden a personas. Las acusaciones planteadas en el documental sobre el funcionamiento de las operaciones y el número de víctimas civiles han sido rechazadas por las autoridades israelíes.
La reacción del Gobierno israelí comenzó antes del anuncio de Netanyahu. El ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, pidió estudiar la posibilidad de retirar la ciudadanía a Abraham y Szor y solicitó que se investigara cómo fueron obtenidos los materiales utilizados para elaborar la película. También planteó determinar si durante la producción o difusión del documental se incurrió en conductas que pudieran considerarse colaboración con el enemigo durante una guerra.
El jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, también cuestionó públicamente el contenido de la producción y ordenó al fiscal militar estudiar posibles medidas legales relacionadas con la película y con quienes participaron en ella. La institución militar sostiene que las acusaciones presentadas en “NAZA” son falsas y que el documental ofrece una representación distorsionada de las actuaciones de sus efectivos.
El caso ha abierto además un debate dentro de Israel sobre los límites de la crítica a las fuerzas armadas durante un conflicto. En mayo de 2026, un comité de la Knéset ya había discutido otro proyecto que busca retirar rangos militares, pensiones y determinados beneficios a antiguos altos funcionarios de seguridad que, bajo los criterios de la iniciativa, difamen a Israel o a las FDI o promuevan determinadas acciones contra el Estado.
La legislación israelí ya contempla mecanismos para retirar la ciudadanía en circunstancias determinadas. La Corte Suprema confirmó en 2022 que el Estado puede hacerlo en casos relacionados con actos considerados una violación grave del deber de lealtad, como espionaje o traición. Una modificación legislativa de 2023 amplió el mecanismo para determinados casos de condenas por terrorismo. El procedimiento requiere la intervención del ministro del Interior, la aprobación del ministro de Justicia y la validación judicial.
La iniciativa anunciada por Netanyahu tendría que definirse con mayor precisión para determinar qué conductas quedarían comprendidas bajo el concepto de difamación contra los soldados y cómo se aplicaría la eventual pérdida de ciudadanía. Por ahora, el anuncio político no equivale a una autorización inmediata para retirar nacionalidades.
La controversia ocurre mientras continúa la guerra iniciada después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Según cifras citadas por Reuters a partir de autoridades sanitarias de Gaza, más de 73 mil palestinos han muerto durante la campaña militar israelí, aunque las cifras de víctimas y su clasificación son objeto de disputa. Israel sostiene que sus operaciones tienen como objetivo a Hamás y que procura reducir las bajas civiles.
El documental también ha adquirido relevancia internacional debido a su reconocimiento en Venecia y a la reacción de funcionarios israelíes. Sus realizadores han defendido la necesidad de que la sociedad israelí conozca los testimonios incluidos en la producción y han rechazado las acusaciones de que su trabajo constituya una campaña contra Israel.
Así, la propuesta de Netanyahu coloca nuevamente en el centro del debate israelí la relación entre libertad de expresión, críticas a las fuerzas armadas y medidas legales relacionadas con la ciudadanía. El alcance concreto de las iniciativas dependerá del texto que sea presentado ante la Knéset y del proceso legislativo y judicial que eventualmente enfrenten.