*
/ Eduardo Sadot /
Muchos pensamos que los tiempos de Santa Anna, el porfiriato y el huertismo habían quedado atrás. Creímos que aquellas etapas de persecución política pertenecían al pasado. Sin embargo, el “obradorato” ha comenzado a construir una forma distinta de ejercicio del poder que, desde la ciencia política, merece una nueva denominación: Despotismo Criminal. No se trata de una dictadura en el sentido clásico ni de una tiranía tradicional. Es una nueva modalidad de concentración del poder, en la que las instituciones son sometidas al poder político, la persecución sustituye al debate y la delincuencia organizada aparece vinculada o protegida por quienes ejercen el gobierno.
Muchos mexicanos parecen no haberse dado cuenta —como ocurrió con buena parte de la sociedad alemana durante el ascenso de Hitler— y quienes sí lo advierten prefieren tolerarlo, convencidos de que el problema nunca llegará hasta ellos.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) fue una de las primeras señales de ese nuevo modelo de gobierno. No sólo significó la cancelación de una obra pública. Representó un ejercicio unilateral del poder, ignorando estudios técnicos, compromisos previamente adquiridos y mecanismos institucionales. Desde entonces comenzó a perfilarse una forma de gobernar semejante al despotismo ilustrado: hacer todo en nombre del pueblo, pero sin el pueblo.
Mientras tanto, amplios sectores de la población permanecen sujetos a programas asistenciales que, lejos de constituir instrumentos temporales de desarrollo social, terminan convertidos en mecanismos permanentes de dependencia política. Criticaron durante años la corrupción; sin embargo, también constituye una forma de corrupción utilizar recursos públicos para comprar lealtades políticas y tolerancia frente a los abusos del poder.
Porfirio Muñoz Ledo fue uno de los primeros actores políticos de relevancia nacional en utilizar públicamente la expresión narcogobierno para referirse al régimen de López Obrador. Aquella afirmación fue desestimada durante mucho tiempo. Sin embargo, posteriormente diversas investigaciones y actuaciones de autoridades de los Estados Unidos colocaron nuevamente ese debate en el centro de la discusión pública. Hoy, frente a ello, la respuesta parece ser la censura y la persecución de quienes disienten.
Ya comenzaron con Ernesto Ruffo Appel. La pregunta es inevitable: ¿quién seguirá? ¿Alejandro Moreno? ¿Ricardo Anaya? ¿Carolina Viggiano? Las advertencias hechas por Gerardo Fernández Noroña sobre ir contra los opositores, así como las expresiones de la propia Presidenta en sus conferencias matutinas en el sentido de que, si actúan contra uno, después irán por todos, lejos de tranquilizar, alimentan la percepción de un ambiente de persecución política. Antes ya lo habían hecho mediante el encarcelamiento o el asesinato de dirigentes obreros y adversarios incómodos.
El Despotismo Criminal no consiste únicamente en un gobierno autoritario. Se caracteriza por la concentración del poder político, la captura de las instituciones constitucionales, la utilización del aparato del Estado para perseguir adversarios y por la tolerancia, protección o infiltración de la delincuencia organizada dentro de las estructuras del poder. Esa combinación lo diferencia tanto de la dictadura clásica como de la tiranía tradicional y obliga a la ciencia política a estudiar una categoría distinta.
Muchos todavía no se han dado cuenta. Otros creen equivocadamente que nunca serán perseguidos. Pero cuando un gobierno comienza a censurar, a restringir la libertad de expresión, a utilizar la ley como instrumento de intimidación y a fabricar condiciones para neutralizar a sus opositores, nadie puede sentirse completamente seguro.
El control de una mayoría calificada construida fraudulentamente —como muchos sostienen— les permitió someter al Poder Legislativo. Después avanzaron sobre el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Si pudieron modificar el equilibrio constitucional sin encontrar una resistencia social significativa, es comprensible que ahora se sientan capaces de fabricar carpetas de investigación, construir pruebas a modo, perseguir y encarcelar opositores con la confianza de que las instituciones responderán a sus intereses y no a la justicia.
La historia demuestra que ningún régimen permanece indefinidamente cuando pierde legitimidad. El verdadero riesgo consiste en que, si continúan debilitándose las instituciones democráticas y desaparecen los cauces pacíficos para resolver los conflictos políticos, México pueda enfrentar escenarios de confrontación social de consecuencias imprevisibles. Nadie responsable puede desear un baño de sangre.
Precisamente por ello resulta indispensable reconocer a tiempo los signos del Despotismo Criminal, antes de que el deterioro institucional conduzca al país a una crisis de dimensiones históricas.
No es una dictadura. No es una tiranía. Es el Despotismo Criminal.
[email protected]
Twitter: @eduardosadot
TikTok: eduardosadotoficial
Face: Eduardo.Sadot