La Corte
/ Azul Etcheverry /
Son pocas las fiscalías y ministerios públicos que entienden correctamente los protocolos de atención e investigación de delitos en contra de la mujer
El pasado 8 de marzo, las calles de diferentes puntos del país se llenaron con decenas de miles de mujeres que marcharon con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Marcharon para enarbolar diversas consignas, particularmente contra la violencia de género, que en México se ha convertido en una crisis de seguridad por sí misma que hoy tiene a más de 28 mil mujeres desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el RNPDNO.
En 2022 se registraron alrededor de mil víctimas por feminicidio a nivel nacional, mientras que en tan sólo en enero de este año ya se registraron 72. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, ese mismo año se registraron más de 82 mil denuncias de diversos delitos sexuales.
Más allá de enumerar cifras y datos, los cuales, por cierto, son moderados de acuerdo con estimaciones de colectivos de la sociedad civil, esas cifras negras que se desconocen, gracias al subregistro de casos ocasionado por deficiencias institucionales, revictimización y tristemente miedo. Así como miedo al agresor, a las represalias, a la falta de un entorno digno, seguro y mucho menos equitativo; además del estigma con el que, desafortunadamente, se tiene que vivir, incluso dentro del núcleo familiar, siendo mujer en México.
Si bien existen avances en aspectos de paridad de género en temas institucionales en lo político o legislativo, es una realidad que la consideración que tiene el Estado ante las problemáticas multisectoriales de las mujeres es nula. Desde el Poder Ejecutivo que invisibiliza lo sustantivo del movimiento feminista, para acotar la lucha sólo a eventos vandálicos, pasando por los consejos de administración empresariales fiscalías locales, estatales y general, incapaces de mitigar la inequidad y más inquietante violencia, su victimización y la impunidad feroz que nos alcanza a todas.
Penosamente, son pocas las fiscalías y ministerios públicos que entienden correctamente los protocolos de atención e investigación de delitos en contra de la mujer y sus familias, y es por ello que es imperante desarrollar e implementar pedagogía del fenómeno, tanto para autoridades, sociedad civil y medios de comunicación, los cuales juegan un rol decisivo en la forma en que atienden las instancias encargadas de impartir justicia y la formulación de la opinión pública.
Mientras sigan permaneciendo estas carencias estructurales que impidan las condiciones de equidad y seguridad para la mujer, así como la visualización de estas carencias sólo los 8 de marzo, estaremos condenados a repetir las dinámicas que nos tienen en esta crisis social.
