* Escrito por Berenice Chavarría Tenorio .
22.02.2023. Cimac Noticias.com.- El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, retiró la nacionalidad a 94 personas, entre ellas se encuentran 23 defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, lo anterior bajo el argumento de “traición a la patria”. Ahora son consideradas como «prófugas de la justicia».
A Gioconda Belli -poeta, escritora y activista política de Nicaragua– el actual presidente, Daniel Ortega, le retiró la nacionalidad, junto a feministas como Sofía Montenegro y Azahálea Isabel Solís Román, además de la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia.
De esta forma el régimen de Daniel Ortega asestó un golpe contra los derechos de periodistas, personas defensoras y activistas, voces críticas en Nicaragua. Cabe destacar que la primera acción tuvo lugar el pasado 9 de febrero, cuando se forzó el exilio y la expatriación de 222 personas que se encontraban como presas políticas.
Ese mismo 9 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución y la Ley 1145, con lo cual se permitía considerar la “traición a la patria” como motivo para perder la nacionalidad nicaragüense. Provocando así que 94 personas perdieran dicho derecho.
Al respecto, organizaciones como Artículo 19 expresaron su preocupación por la “forma en que la manipulación de la ley silencia e inhibe voces que desde el 2018 se han alzado en contra de su régimen”. Además, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se sumó a la exigencia para que el gobierno de Daniel Ortega restituya a las personas el derecho a la nacionalidad, así como la garantías de que serán protegidos sus derechos humanos.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que la criminalización de la labor de estas personas -legítima y necesaria en una sociedad democrática- es inaceptable, por lo que llamaron al Estado a revertir urgentemente esta decisión.
“La privación arbitraria de la nacionalidad se encuentra prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de la cual Nicaragua es Estado Parte, tal como fue señalado recientemente por la CIDH, especialmente cuando se trata de una pena o sanción impuesta por motivos políticos. Llamamos al Estado de Nicaragua a que derogue inmediatamente dichas leyes y cesar su aplicación como mecanismo de castigo de las voces disidentes”, expresó la CIDH en un comunicado.
Cabe destacar que estos hechos se suman a la cancelación de más de tres mil organizaciones nacionales e internacionales desde 2018, a quienes se les han confiscado sus bienes, provocando que innumerables personas queden sin acceso a servicios o asistencia.
Gioconda Belli, Sofía Montenegro, Azahálea Isabel Solís y Vilma Núñez de Escorcia, víctimas de represión y criminalización
Entre las 94 personas que fueron despojadas de la nacionalidad nicaragüense se encuentran mujeres activistas, feministas y defensoras de los derechos humanos, cuya trayectoria “ha contribuido históricamente a construir una Nicaragua más justa e igualitaria”, asegura la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Entre las 23 defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, a quienes el gobierno retiró la nacionalidad encontramos a Sofía Montenegro, periodista, activista y fundadora del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.
También resuenan nombres como el de Gioconda Belli, poeta, escritora y activista política, quien “desde muy joven participó en el movimiento revolucionario que derrocó a Anastasio Somoza en 1979”, destaca en su biografía publicada en su sitio oficial.
Encontramos de igual forma a Azahálea Isabel Solís, abogada feminista y defensora de los derechos de las mujeres de larga trayectoria a nivel nacional e internacional e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). Quien en más de una ocasión ha sido sometida a campañas de estigmatización y difamación a través de medios de comunicación y redes sociales, recibiendo también amenazas y hostigamiento por “parte de personas afines al gobierno”, asegura la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.
Vilma Núñez de Escorcia es otra de las mujeres a quienes el gobierno de Nicaragua retiró la nacionalidad. Es abogada y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). A “Doña Vilma”, como es conocida, también la han difamado en constantes situaciones, agresiones que culminaron con la retirada de su nacionalidad.
A ellas se les despojó de sus derechos de ciudadanía de forma perpetua, se les impuso inmovilización y decomiso de todos sus bienes inmuebles, incluidos los que estén a nombre de sociedades, así como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y de elección popular. Igualmente, se les determinó como personas prófugas de la justicia.
Ante esta situación IM-Defensoras responsabilizó al Estado de Nicaragua por cualquier agresión que pueda desprenderse a partir de esta nueva decisión arbitraria, e instaron a la comunidad internacional, incluidos mecanismos regionales y universales de derechos humanos “a dar seguimiento a las consecuencias de esta resolución y pronunciarse de inmediato condenando estos hechos”.
